El desafío ya se instaló. Desde la sociedad civil, el movimiento social y los sectores políticos se plantea la necesidad de constituir una Asamblea Constituyente para un objetivo supremo: generar una nueva Constitución para Chile.
Se agotó el texto lleno de parches curitas, pinceladas de trazos insuficientes, contenidos autoritarios y leyes anacrónicas y hostiles para las mayorías, por mucho que le hayan cambiado la firma de Pinochet por la de Lagos.
La Constitución de 1980 a estas alturas tiene tres falencias claves: es espuria, impuesta bajo dictadura; no da cuenta del país del siglo XXI y los tiempos que se vienen encima; no permite el respeto real a los más sensibles derechos ciudadanos.
Si se quiere garantizar la participación y consulta de los ciudadanos para cumplir con el precepto de la soberanía popular; si se quiere terminar con marcos legales que permiten el abuso de los grandes grupos económico financieros; si se quiere promover y respetar los derechos sociales, económicos y laborales; si se quiere dar mayor autonomía a las regiones y sus representantes; si se quiere tener un mecanismo electoral proporcional y realmente representativo; si se quiere educación y salud pública y de calidad; si se quiere captar recursos desde los sectores enriquecidos y trasnacionales; si se desea nacionalizar y controlar los recursos naturales; si se aspira a garantizar los derechos de los pueblos originarios; si se quieren tener Fuerzas Armadas y policiales realmente al servicio de la población y con una doctrina democrática y moderna; si se quiere garantizar los derechos ciudadanos, civiles y de derechos humanos; si se quiere todo eso y más, el país requiere de una nueva Constitución.
Cada día ese anhelo y esa demanda crecen y se ansía desde una diversidad de sectores de la sociedad. Desde el movimiento estudiantil hasta dirigentes democratacristianos.
Hoy en Chile existen las condiciones para ir pensando la Asamblea Constituyente y para ir echando lápiz al texto de una nueva Constitución.
Una Asamblea que podría constituirse a partir de las representaciones de entidades sociales, civiles, políticas, indígenas con la participación de juristas y expertos.
Ya existen demandas y contenidos que deberían incluir una nueva Constitución.
El desafío es gigantesco y complejo. Está, claro, a la altura de su significación. Elaborar e instalar una nueva Constitución no será fácil, pero habría que hacerlo si se quiere un país justo, equitativo, moderno, desarrollado, realmente democrático y donde la soberanía popular esté materializada.
A algunos les da una enfermiza picazón. Catalogan de subversivo, desordenado, de alteración de la institucionalidad formal el sólo hecho de constituir una Asamblea Constituyente. Tiemblan, se enojan y sacan un tono histérico conservador cuando escuchan que la nueva Constitución podría incluir la consulta popular, la revocación de mandatos ineficientes, el coto al abuso del poder financiero y garantizar los derechos sociales.
Hay que decirlo con todas sus letras. La UDI, RN, El Mercurio y La Tercera, los grupos financieros, posiblemente el alto mando militar, los empresarios del campo y zonas indígenas, no quieren cambiar la Constitución de 1980. Defienden las leyes pinochetistas. Rechazan la Asamblea Constituyente y le dan la espalda a la modernización institucional.
Como siempre, caen en la caricatura y la distorsión. Quieren meter el cuco de las constituyentes y nuevas constituciones de Ecuador y Venezuela, y sostienen que esas transformaciones institucionales provocaron el desorden de la plebe y un populismo autoritario y trasnochado.
Es para la risa. Porque en Chile -hablemos de Chile, señores de la derecha- lo autoritario, lo trasnochado y lo antidemocrático es el texto de la Constitución que rige al país.
Algunos personeros políticos y analistas sugieren que el proceso constituyente y de nueva Constitución se de en el Parlamento. Indican que allí radica el poder constituyente. Hay que señalar que aquello tiene patas cojas no menores. El Congreso es una institución de bajo prestigio ciudadano (ver encuestas); los quórum podrían abortar la iniciativa; no se garantiza la participación e incidencia de la sociedad civil y el movimiento social; muchos parlamentarios tienen conflictos de intereses, no están dispuestos a cambiar lo que afecte sus posiciones, representan –de hecho– intereses financieros y empresariales; tienen miradas acotadas por sectarismos partidistas.
La elaboración y concreción de una nueva Constitución requiere de la participación más amplia, transversal, diversa, madura, seria, argumentalmente sólida, técnicamente de alta calidad y que responda a las demandas de la sociedad, del movimiento social y de la exigencia de una mejora democrática y una modernización de la institucionalidad.
En Chile está instalada, para asumirlo, la tarea de una nueva Carta Magna y en ello, la Asamblea Constituyente es vital.
Por Equipo Editor
El Ciudadano Nº132, primera quincena septiembre 2012
Fuente fotografía
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