El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que su Gobierno implementará un plan nacional de acciones de emergencia para combatir la violencia contra las mujeres, -que azota este país-.
«En un Gobierno democrático y progresista no puede haber discriminación contra las mujeres», dijo el mandatario al presentar en rueda de prensa las «acciones emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de la mujeres y las niñas de México».
En este país latinoamericano, 66 de cada 100 mujeres (según estudios), han sufrido violencia de género, y nueve son asesinadas diariamente.
López Obrador presentó el plan en compañía de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encargada de la política interior, y de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman.
«Queremos atender en toda su dimensión la violencia contra las mujeres; hay violencia política, pero en particular la violencia en el ámbito familiar, sexual y feminicida, que sufren 66 de cada 100 mujeres en el país, por la pareja, esposo, novio, familiares, compañero de escuela, autoridades laborales, escolares o extraños», dijo Sánchez Cordero.
En todo el país, «al menos nueve mujeres y niñas son asesinadas por día, muchas solo por el hecho de ser mujeres, y solo en el año 2018 se registró la escalofriante cifra de 3.580 víctimas», dijo la alta funcionaria del Gabinete de Seguridad Nacional.
En México «cada 160 minutos una mujer o una niña es asesinada en manos de conocidos o en el espacio público comunitario, sin importar dónde», prosiguió Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte que es la primera mujer encargada de la cartera de Gobernación en la historia del país.
El plan parte de constatar «la falta de intervención oportuna y diligente de las autoridades del Estado para preservar sus vidas, garantizar la vida y la integridad de ellas y todas las personas, con mayor protección social, para alcanzar la paz, la seguridad y las oportunidades de crecimiento».
El Gobierno y las instituciones federales se comprometen a «intervenir de manera decidida contra esa práctica de violencia que atente contra la seguridad y la vida de más de la mitad de la población», mediante un plan de acciones emergentes para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres, puntualizó.
Crisis social
Las cifras de feminicidio infantil también siguen aumentando en este país latinoamericano, y «la violencia sexual feminicida y domestica son contrarias a la pacificación y reconciliación propuesta por el presidente», dijo la encargada de la política interior.
México ha recibido recomendaciones internacionales en 2018 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en inglés) con «medidas urgentes contra la desaparición y violencia armada, estereotipos discriminatorios y la pobreza de las mujeres».
Según el comité de la Organización de Naciones Unidas, «México no ha presentado avances significativos desde 2012, y la violencia se ha incrementado de reforma dramática».
El plan emergente es «solo el primer paso de una carrera de largo aliento»; pero también «es la primera vez que la política interior es vista desde la perspectiva de mujeres y niñas, que además debe tener una mirada y rostro de mujeres», puntualizó la alta funcionaria.
Por su parte, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dijo que un objetivo del plan es «acabar con el machismo y el patriarcado, con un programa de emergencia, en que trabaje toda la sociedad y el Estado con resultados en el corto plazo».
El plan asume «como un problema de Estado, la prevención, acción y erradicación de violencia contra mujeres y niñas, al máximo nivel de responsabilidad».
Las acciones serán instrumentadas a través de sistemas y mecanismos ya creados por las leyes, «unos de forma inmediata y otros en plazo de seis meses, en zonas prioritarias para combatir la corrupción de la paz y la seguridad, para prevenir y reducir los feminicidios».
Las investigaciones se realizarán «con debida diligencia, para esclarecer la violencia sexual, familiar y desapariciones de mujeres» con base en casos atendidos por la Suprema Corte de Justicia, como el Caso Mariana Lima.
En el país hay 60 recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos desatendidas, dijo Gasman.
Finalmente, anunció que el Gobierno federal mantendrá el apoyo de 300 millones de pesos (15 millones de dólares) a unos 70 refugios para mujeres violentadas, pero «solo 20 tienen características y parámetros de excelencia».
Sin embargo, el mandatario reafirmó que la ayuda de 3.000 millones de pesos (150 millones de dólares) para guarderías infantiles de organizaciones civiles será cancelada.
Esos fondos se entregarán en forma directa a las familias de los niños, porque de cada 10 estancias, siete registran irregularidades y cuatro tiene alerta roja, puntualizó el presidente.
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