La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia abrió el caso 007, relacionado con el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
El proceso abarcará casos ocurridos entre el primero de enero de 1971 y el primero de diciembre de 2016.
Según los datos manejados por la JEP, esta práctica cuenta con un alto nivel de impunidad, al existir sólo 10 sentencias condenatorias en las 4.219 investigaciones que reposan en la Fiscalía.
Otra de las variantes que debe manejar en la JEP es que, en la actualidad, la mayoría de los menores de edad reclutados ya son mayores, por lo que determinarán cuántos años tenían cuando ingresaron a la guerrilla.
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Culpan a las FARC
La JEP considera que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es responsable de cerca del 60 % de los casos que se investigan, por lo que hará énfasis en la actuación del grupo irregular.
«Se considera que la incorporación de niñas y niños a las filas de los grupos armados, o su utilización en actividades propias del conflicto, fue una política orientada a incrementar la capacidad militar de las FARC», afirma la Sala de Reconocimiento de la JEP, en un comunicado.
El delito que se juzga, «reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado», pertenece a la categoría de lesa humanidad e incluye a los menores que hayan sido obligados a realizar cualquier actividad dentro de estos grupos armados, incluidas aquellas con propósitos sexuales.
Según la JEP, los menores de edad eran reclutados para la guerrilla antes de los 15 años
Datos en cuenta
Entre las cifras que maneja la JEP destaca que casi la mitad de los niños que, según sus registros, ingresaron a las filas de las FARC, fueron reclutados antes de los quince años.
La Sala de Reconocimiento abre este caso a partir de tres informes presentados por la Fiscalía General de la Nación, un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica y otro presentado por la Coalición Coalico.
Esta investigación tendrá, además, especial atención sobre los casos de menores reclutados que pertenecían a grupos indígenas, afrocolombianos, palenqueros, rom y raizales.
Para abrir el caso, también tuvieron en cuenta las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Sistema de Información de las Afectaciones a los Pueblos Indígenas de Colombia, de la ONIC, y la base de datos entregada por el Centro de Cooperación Indígena.
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