Desde hace más de una década la ciudad colombiana de Cúcuta viene siendo una especie de sede de grupos paramilitares y bandas criminales que están dedicadas al narcotráfico, al contrabando de extracción de gasolina hacia Colombia, así como también dinero en efectivo, alimentos, medicinas y otros rubros de primera necesidad de los venezolanos.
Se trata de una ciudad con altísimos niveles de pobreza, miseria, exclusión y deplorables condiciones de vida, prácticamente olvidada por el Estado colombiano y controlada por grupos extorsivos y criminales que controlan la economía fronteriza.
Esta ciudad, la de mayor movimiento fronterizo hacia y desde Venezuela, cuenta además con un negocio multimillonario para el cambio de divisas extranjeras por la moneda venezolana, uno de los ápices de la guerra económica contra la República Bolivariana, que incide directamente en la hiperinflación inducida, la depreciación continuada y exacerbada del bolívar frente al dólar, los sobreprecios y el desabastecimiento.
Así es Cúcuta, la misma urbe que fue escogida por los gobiernos de Estados Unidos (EEUU) y Colombia, para que se convirtiera en el centro de operaciones logísticas desde donde se ejecuta el plan de asedio continuado contra Venezuela.
Un análisis publicado por Misión Verdad a principios de marzo de 2019 explica que Cúcuta es -sin duda alguna- la “base logística, de entrenamiento y financiamiento para alimentar a grupos mercenarios” que cuentan con “el consecuente apoyo del Estado colombiano” y que a su vez se ha convertido en la sede del Comando Sur de EEUU y de la USAID, para ser el centro de creación de “falsos positivos y situaciones de violencia” que le permitan a la Casa Blanca justificar -con el apoyo de la mediática internacional- una invasión armada contra Venezuela, con el falso argumento de atacar a grupos “terroristas”, “insurgentes” o “rebeldes” que atentan contra la “seguridad” estadounidense y de la región.
“La persistencia de algunos focos de violencia y el consecuente apoyo del Estado colombiano, coloca a Cúcuta como base logística, de entrenamiento y financiamiento para alimentar a grupos mercenarios, de extracción local combinada a las células durmientes de la revolución de color pasada, pero con posible asesoramiento externo.
Y es que las propias condiciones socioeconómicas de Cúcuta ofrecen un menú de opciones bélicas, lo bastante amplio como para abarcar flujos económicos vinculados al narcotráfico (vía expansión de su frontera terrestre) y una zona geográfica de economías sumergidas que financia los activos de la violencia armada”, cita el despacho de Misión Verdad (MV).
Esto se evidenció el pasado 22, 23 y 24 de febrero cuando en Cúcuta se montó todo un escenario mediático para hacer creer al mundo que las intenciones de EEUU y Colombia, era llevar una supuesta “ayuda humanitaria” a Venezuela, que terminó en un intento de invasión armada y violenta por parte de bandas criminales y paramilitares que operan desde hace décadas en la zona fronteriza.
“La selección de Cúcuta es, en tal sentido, totalmente utilitaria. En los últimos dos años, las disputas por el control territorial y flujos económicos entre grupos mercenarios como Los Rastrojos y El Clan del Golfo han impuesto toques de queda con regularidad y han protagonizado enfrentamientos armados en las cercanías de la frontera venezolana. Según el centro de investigación InSight Crime, estas “Bacrim controlan las rutas de contrabando en los alrededores de Cúcuta, cobrando a los contrabandistas sus propios impuestos de importación sobre cualquiera que mueva contrabando”, explica el texto.
Agrega el análisis que al ser Cúcuta “un área concéntrica de narcotráfico, contrabando, pobreza extrema, desigualdad y grupos armados alimentados por las economías sumergidas en ambos lados de la frontera, la ventaja comercial para prolongar situaciones de violencia, con una mínima inversión, está siendo aprovechada”.
Desbordar la frontera con armas e implosionar la pobreza en Cúcuta
De acuerdo al análisis, uno de los objetivos trazados en el plan para atacar la soberanía venezolana es poner el dedo en la llaga sobre “las condiciones de pobreza estructural y dependencia económica de Cúcuta, así como el mercado de armas tan expuesto a la vida común de la zona”, con el propósito de generar una gran tensión que haga “desbordar la frontera y precipitar las condiciones de un enfrentamiento entre ambos Estados”.
“En una mirada panorámica, es visible que la composición de las células armadas que han ejecutado actos contra la soberanía venezolana tiene insertada el método de Bacrim de trabajo a destajo, de pago por jornada, que se engrana como opción laboral en la lumpenización sin freno de Cúcuta (…) Esta composición híbrida entre la base social del paramilitarismo en Cúcuta y la mano de obra lumpen de la industria del crimen organizado a la que siempre recurre el antichavismo como opción política”, describe el texto de MV.
Este escenario político conflictivo se alimentaría además de las “vaticinadas deserciones de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, mismas que han sido alentadas por amenazas de carácter extorsivo por propios voceros del gobierno de EEUU y de Colombia contra las familias de los efectivos militares -esto para el caso de los que han manifestado defender la soberanía venezolana a toda costa- mientras otros -que no pasan de 10 hombres- han sido comprados a cambio de 20.000 dólares, residencia en territorio estadounidense u otro país extranjero.
“La maniobra foquista en la frontera implica la gestación de células mercenarias que alcanzarían un “mando constitucional” mediante el posicionamiento en primera plana (medios) de los militares desertores, “que están dispuestos a luchar” bajo el auspicio de las autoridades de Colombia. El año pasado las autoridades policiales colombianas alertaron que migrantes venezolanos estaban siendo reclutados por bandas criminales, lo que hace del flujo migratorio una línea de suministro de materia prima para la operación en curso”, cita MV.
Esto se ha evidenciado en acciones que cuentan con registro y confesiones de carácter audiovisual, donde se observa la participación del Estado colombiano en la agresión militar contra Venezuela, no sólo el 23 de febrero, donde se coordinaron “células armadas con personal policial, que mezcló incursiones paramilitares camuflados bajo la actuación de un supuesto ‘voluntariado humanitario’ marca USAID”.
También se percibe esta situación con el ataque armado registrado el pasado 25 de febrero en el destacamento “La Mulata” de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Ureña (estado Táchira) -territorio venezolano-, cuando al menos 60 paramilitares colombianos atacaron la sede y dispararon contra los dormitorios de los militares venezolanos con armas de guerra de alto calibre.
De acuerdo al diario mexicano la Jornada, “pasadas las 12 de la noche, los atacantes rodearon al comando de zona N° 21 destacamento 212, dispararon sucesivas ráfagas por la entrada y la retaguardia, gritaron les traemos un regalito y lanzaron una granada. Iban armados con rifles Fal y R-15. Venían de Colombia”.
“Se trata de una agresión militar frontal promovida por el Estado colombiano y Estados Unidos (…) El globo de ensayo de la violencia armada en la frontera y de la incursión paramilitar directa en Ureña, podría apuntar a formalizar una cabeza de playa donde se concentraran las líneas de suministro de armas, dinero y asesorías. La estadía de la USAID y del Comando Sur en Cúcuta no tiene fecha de caducidad, lo que también les otorga ventaja en la creación de otros falsos positivos y situaciones de violencia”.
Estadía del Comando Sur en Cúcuta se extiende hasta el 2027
El Comando Sur de EEUU tiene planificado por toda una década sus tácticas de guerra en la frontera colombo-venezolana y para ello Cúcuta debe estar en concordancia con sus planes.
De acuerdo a MV, la estrategia militar del Comando Sur es operar directamente en Cúcuta por una década, desde 2017 hasta 2027, con el argumento de “la lucha transnacional contra el crimen organizado y la atención de crisis humanitarias”.
Bajo esta premisa, el presidente colombiano Iván Duque y el extremista del grupo criminal Voluntad Popular, Juan Guaidó, han dicho que “unirán esfuerzos” para luchar contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo rebelde que fundamenta su lucha armada en Colombia para sacar a las transnacionales que operan en ese país y destruyen sus tierras, mientras enfrentan a las bandas criminales y paramilitares que atentan a diario contra la vida de líderes sociales de izquierda y campesinos que buscan una verdadera democracia para la nación neogranadina.
En ese mismo orden, explica MV, para el Comando Sur también “es prioridad el combate contra los ‘actores malignos de China y Rusia’, que desafían su influencia geoestratégica en la región, pero también contra el Hezbolá libanés, a quien acusa de operar en la región desafiando los intereses estadounidenses”, esto a pesar de que el propio Hezbolá desmintió tal afirmación realizada por el secretario de Estado, Mike Pompeo.
“Los focos de violencia y la incursión paramilitar en el destacamento de La Mulata, dibuja una geografía de puntos de presión y ataque que van desde Ureña hasta San Antonio del Táchira, en línea perpendicular al paso fronterizo, por donde cruzan las rutas del contrabando de gasolina y donde se recicla el dinero del narcotráfico. Así, la agresión contra Venezuela desde Colombia, en una capa operacional concreta en la frontera, es empujada por factores económicos locales que depredan la economía venezolana, apoyándose en el respaldo que reciben desde Estados Unidos a nivel logístico y operativo, a los fines de lograr una mayor expansión de sus dinámicas paraeconómicas en territorio venezolano”, describe MV.
En ese sentido, María Zajárova vocera de asuntos exteriores del gobierno ruso, alertó sobre el envío de las fuerzas especiales estadounidenses y equipamiento militar a Venezuela a través de una empresa ucraniana. “Para Rusia, la frontera sería utilizada para una provocación, evocando los ejemplos de los falsos ataques químicos del presidente sirio, Bashar Al Assad, con los que Estados Unidos viabilizó, por fuera de la legislación internacional, los bombardeos contra la nación árabe” en 2018.
Pero el ataque contra el gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo al referido análisis, se incrementó tras la regularización de la venta en divisas de gasolina venezolana en la frontera con Cúcuta meses atrás, que produjo estragos en la economía de los grupos criminales en la ciudad colombiana, pues fundamentan el uso de su parque automotor con gasolina de Petróleos de Venezuela (PDVSA). De ahí, que también EEUU haya decidido sancionar directamente también a la industria petrolera y congelar todos sus activos en su país como los de la filial CITGO.
“El anuncio de la decisión de regularizar la venta de gasolina en frontera hace algunos meses implicó una variable en el terreno que actuó de detonador de lo ocurrido en los últimos días. La dependencia de la gasolina venezolana para la subsistencia del parque automotor cucuteño y de la propia industria del narcotráfico, es un factor estructural con el que Estados Unidos opera y maniobra, con el objetivo de precipitar tanta tensión socioeconómica posible como para impulsar un escenario de guerra”, acota MV.
Otras opciones también están dentro del plan estadounidense que tiene claras intenciones de boicotear y atacar la soberanía venezolana. Curazao y Brasil son -además de Cúcuta- otros dos puntos estratégicos para las estrategias militares del Pentágono que se encuentran en pleno desarrollo contra Venezuela.
De igual forma, argumentos como la lucha contra “el terrorismo”, “el narcotráfico”, la “dictadura” y el “retorno de la democracia”, también son parte del lenguaje mediático utilizado por Washington y sus actores dentro y fuera de Venezuela para amasar la matriz de opinión de las masas que a futuro les permita justificar -a su antojo- una intervención militar directa contra los venezolanos, eso a pesar que la población de ese país decidió en mayo de 2018 que su presidente para el periodo presidencial 2019-2025 sería Nicolás Maduro Moros.
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