Nuevos antecedentes salen a la luz sobre la compra que realizó Carabineros, con dinero en efectivo, de un software utilizado eventualmente en el montaje “Operación Huracán”, mediante el cual se intentó inculpar a una serie de personas vinculadas a la causa mapuche por asociación ilícita, con el supuesto fin de cometer atentados incendiarios en el sur del país.
A comienzos de septiembre de 2017, la Dirección General de Carabineros concretó la compra de un programa computacional de espionaje llamado Oxygen Forensics a la empresa XmartLab. El entonces mayor Patricio Marín Lazo (actualmente formalizado por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación) fue el encargado de realizar el pago. Para cumplir su labor, llegó a las oficinas de la firma con un maletín con $21,5 millones en efectivo.
Según una publicación de La Tercera, de junio de 2018, uno de los propietarios de Xmartlab, Gonzalo Paredes Quezada, declaró que al consultar el motivo del pago en efectivo, Marín Lazo le habría contestado “que su lugar de trabajo era una unidad de Inteligencia y que el procedimiento debía efectuarse de esa forma”.
La licencia del software se inscribió a nombre de Álex Smith, pese a que era un funcionario ciil a honorarios y que supuestamente había creado el programa “Antorcha” para interceptar conversaciones en aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp y Telegram. Además, los recursos usados en la adquisición de Oxygen Forensics fueron aprobados personalmente por el ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, a través de la partida de gastos reservados.
Según una publicación de Interferencia, en agosto pasado, Villalobos declaró ante el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, instancia en la que admitió haber aprobado, con cargo a sus gastos reservados, la compra del programa de espionaje. Eso sí, no contó que ocultó la información a la Contraloría General de la República, según le ordena la ley 19.863.
El portal de noticias señala que en enero de 2018, Villalobos envió a Contraloría un informe breve rotulado “secreto”, sin mayores detalles sobre los recursos cedidos. Apenas se informaba un gasto reservado de $605 millones más US$ 90 mil.
Sin embargo, el contralor Jorge Bermúdez rechazó el escrito del ex general director, aduciendo que “los gastos se informan de modo genérico y sin documentación de respaldo que permita verificar su correcto uso”, de acuerdo a la información de Interferencia. Villalobos salió de su cargo con la llegada de Sebastián Piñera al gobierno por segunda vez, por lo que no se hizo cargo de las observaciones de Contraloría.