Panamá: Mucha bala, mucha saña en Colón

Un extenso informe de la organización Human Rights Everywhere desvela la sistemática violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales de Panamá durante la represión de las masivas protestas que se registraron en la ciudad de Colón entre el 17 y el 26 de octubre.

“Unos policías me detuvieron, me golpearon y me gritaban: ‘tu eres uno de los que va a pagar por lo que hicieron contra los policías’. Me dispararon en el glúteo y me llevaron al Hospital. Mientras estuve en el hospital, me esposaron y un policía me vigilaba día y noche. Me han tratado como a un delincuente y dicen que yo estuve saqueando”. Este es uno de los testimonios que recoge el informe de Human Rights Everywhere (HREV) sobre la actuación policial y la violación de derechos humanos en el distrito de Colón, Panamá.

Las protestas entre el 17 y el 26 de octubre contra la Ley 72 que permitía la venta de tierras estatales en la segunda zona franca más grande del mundo (la Zona Libre de Colón) lograron la derogación de la norma, pero a un altísimo costo humano y social. La actuación de la Policía Nacional de Panamá y de los militarizados Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y del Servicio Aeronaval ha dejado un “ha dejado un rastro evidente de violación de derechos humanos y de derechos colectivos”.

Según la organización de derechos humanos, un equipo de voluntarios que se desplazó a la ciudad de Colón del 22 al 28 de octubre ha documentado, entre otros hechos, al menos, 32 casos de allanamientos policiales irregulares, 19 personas heridas de bala (algunas de ellas no buscaron atención médica por miedo a ser detenidas), 46 detenciones cuestionables en su forma legal, 41 casos de golpizas policiales y, al menos, 3 casos de torturas durante la retención y negación de asistencia médica. También logramos documentar y comprobar las circunstancias en las que murieron 3 de las 4 víctimas mortales (incluyendo a la persona que perdió la vida en un accidente de tráfico relacionado con los hechos).

“Me golpeaban, me amarraron con un zuncho, me tiraron al piso y me caminaban encima, me pateaban, mientras gritaban: ‘te gusta manifestarte, te gusta tirarle piedra a los guardias, chucha de tu madre, ahí está te voy a rajar la cabeza para que sigas tirando piedra’. [El policía] me abofeteó tres veces en la cara, sacó su arma, me pegó en la cabeza y dijo: ‘te rajé para que seas serio”, relata otro afectado. Los testimonios se reseñan de forma anónima para proteger la integridad personal de las fuentes. HREV ha entrevistado a unas 200 víctimas del uso excesivo de la fuerza policial pero ahora difunde un informe preliminar con el análisis de 91 de estos casos. Entre las denuncias encontramos la de un familiar de Yolanis Arias Alfonso , una niña de 7 años herida de bala: “Estábamos en la casa y abajo allanaban un local comercial. Los policías dispararon al aire y mi sobrinita corrió asustada para la sala. En ese momento mi esposa fue a buscar a la niña para que fueran a la cocina, pero los guardias subieron al edificio y comenzaron a disparar. La bala entró por la puerta de la casa, pasó el cojín del sillón y le pegó a la niña en el abdomen. Le dijeron a la mamá que perdió el bazo”.

Yolanis ha sobrevivido, a diferencia del niño de 9 años Josué Patricio Bethancourt Vega, quien murió por impacto de bala el día 19 de octubre, o los adultos Guna Jim Dixon Andreve, de 29 años, y YaraItzel Navarro, de 31 años, muertos por bala el día 23.

El equipo de HREV constata no sólo el uso excesivo de la fuerza, sino la utilización indiscriminada de munición letal, así como casos de tortura o negación del auxilio sanitario, como en este caso de un hombre de 23 años que relata así su experiencia: “Salí del trabajo y caminaba hacia mi casa cuando unos policías me apresaron sin motivo alguno. Me llevaron para el cuartel de policía y me detuvieron por 6 horas, tuve una convulsión epiléptica y pedí que me llevaran al médico, tenía que tomar Fenitoina de 100g y el subteniente Agrazal dijo que todo era un show, así que no me llevaron al médico”.

El informe ha sido presentado esta mañana en la Iglesia San José de Colón, un lugar simbólico y que fue allanado de forma violenta por parte de las fuerzas policiales cuando sesionaban en su interior líderes y lideresas del Frente Amplio por Colón (FAC), la organización que aglutinó la voluntad de la sociedad civil. Tanto HREV como el FAC han exigido al Estado una investigación en profundidad sobre las responsabilidades intelectuales y materiales en esta violación de derechos humanos y han recordado que el informe pide que se prohíba el uso de agentes de SENAFRONT o del Servicio Aeronaval en conflictos sociales que salen de su mandato y que no corresponden a sus funciones. También que se revisen los protocolos de actuación policiales para evitar que se repitan estas irregulares actuaciones.

Una de las partes más interesantes del informe es la de Contexto y Antecedentes en la que se dibuja una situación de exclusión estructural de la población de Colón que explica el grado de desprecio por la integridad física de los civiles, así como algunos de los mensajes racistas o despreciativos que se escucharon en los medios de comunicación. Por eso, y para concluir, HREV exige al Gobierno de Panamá que presente un plan con cronograma y presupuesto para poner en marcha las recomendaciones que en marzo de 2010 hizo la Comisión para la Erradicación de todas las formas de Racismo y Discriminación (CERD) de Naciones Unidas para revertir una situación preocupante ya que: “hay persistencia de la discriminación racial y sus causas históricas que han provocado la marginación, pobreza y vulnerabilidad de los afro panameños y los pueblos indígenas, asimismo le preocupa que no exista una disposición general que prohíba la discriminación por motivos de raza y que tipifique como delitos los actos de discriminación racial”

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Fuente: Otramerica