El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Néstor Reverol, informó este jueves que los servicios de inteligencia desmantelaron una «célula terrorista» que planificaba realizar un conjunto de ataques delictivos en el país.
En este sentido, señaló que habrían contratado mercenarios colombianos y centroamericanos «para atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos para crear caos en la sociedad».
El Ministro detalló que las investigaciones aportaron evidencias de interés criminalístico para detener a Roberto Eugenio Marrero Borgas, cercano colaborador del diputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó como «presidente encargado» de Venezuela el pasado 23 de enero.
Evidencias incautadas
Reverol aseveró que Marrero «es el responsable directo de la organización de estos grupos criminales y a quien se le incautó un lote de armas de guerra y dinero efectivo en divisas extranjeras».
Además, indicó que en un allanamiento realizado en su residencia en horas de la madrugada de este miércoles, también fue detenido el ciudadano Luis Alberto Páez Salazar, de 34 años de edad, quien era escolta de Marrero, a quien se le incautaron teléfonos y otras evidencias.
Relación con Guaidó
Marrero fue recientemente designado como «jefe de despacho» por el autoproclamado Juan Guaidó. Además, es uno de los fundadores del partido de ultraderecha Voluntad Popular y también ha trabajado de cerca con el dirigente convicto Leopoldo López.
En este sentido, Reverol aseguró que, tras el fracaso de intentar ingresar la «ayuda humanitaria» por la forntera colombo-venezolana, se estaba intentando generar violencia en el país de otra forma.
«Ante el fracaso del ingreso de la llamada ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, queriendo violar nuestra soberanía y ante la victoria que dio el pueblo venezolano contra el golpe eléctrico, estos grupos continúan con su espiral de violencia«, precisó.
Reiteró que las autoridades que conforman el Gobierno del presidente Nicolás Maduro seguirán «combatiendo cualquier manifestación y elementos asociados a la delincuencia organizada para seguir garantizando la paz del pueblo de Venezuela».
Comienzan las presiones
Apenas se conoció la noticia del desmantelamiento de la banda terroriasta, no se hicieron esperar los pronunciamientos en rechazo a la acción policial por parte de sectores que buscan la desestabilización en Venezuela.
Elliott Abrams, enviado de Trump para Venezuela, amenazó con «consecuencias» contra los cinco funcionarios venezolanos involucrados directamente en la detención de Marrero y para el Gobierno de Nicolás Maduro.
En una rueda de prensa, vía telefónica, mencionó a las personas que, según Washington, «pagarán las consecuencias»: la jueza Carol Padilla y los fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante, así como los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dani Contreras y Ángel Flores.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó su precupación por la detención de Marrero.
“Estamos muy preocupados por la detención de Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente de la Asamblea Nacional, por parte de miembros del SEBIN. Instamos al Gobierno a respetar estrictamente el debido proceso y a revelar inmediatamente su paradero”, publicaron a través de Twitter.
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