Mapuche que estuvieron en huelga de hambre quedan en libertad a la espera de fallo judicial

La justicia otorgó la libertad a los hermanos Rodrigo y Eric Montoya que estuvieron más de 60 días en huelga de hambre y modificó su encierro por arresto domiciliario total y arraigo nacional, entre otras medidas cautelares, según fuentes judiciales.

La Corte de Apelaciones de la ciudad de Temuco, al sur de Chile, concedió este sábado la libertad a dos mapuche que estaban privados de libertad preventivamente, acusados del homicidio frustrado de un policía y luego de haber realizado una huelga de hambre por 60 días junto a Paulino Levipan Coyán y Daniel Levinao Montoya.

La justicia otorgó la libertad a los hermanos Rodrigo y Eric Montoya y modificó su encierro por arresto domiciliario total y arraigo nacional, entre otras medidas cautelares, según fuentes judiciales.

El juez Álvaro Mesa, aseguró que “ambos fueron liberados hoy mismo (sábado) porque no existen las pruebas suficientes para mantenerlos encarcelados y ya se encuentran en sus casas a la espera del juicio oral que se realizaría en diciembre o enero”.

Los otros dos mapuche que estuvieron en huelga junto a los hermanos Montoya, fueron Paulino Levipán, de 19 años, y Daniel Levinao, de 18, quienes fueron condenados el pasado mes de agosto, por un tribunal de esta localidad. Los comuneros son acusados por el fiscal Luis Chamorro y la inteligencia de Carabineros de daños calificados y tenencia de arma hechiza en el caso de Eric y un cartucho de caza en el caso de Rodrigo.

De los cuatro jóvenes que estaba en huelga de hambre, ahora en la cárcel de Angol sólo queda Daniel Lavinao, quien espera la repetición de juicio oral, como determinara la Corte Suprema, audiencia fijada para el 17 de diciembre. Mientras que Paulino Levipán salió en libertad hace una semana por rebaja de condena.

En los últimos años varios indígenas de la etnia mapuche han realizado huelgas de hambre con el propósito de presionar a las autoridades con distintos objetivos, como el traslado a otros penales, la suspensión de sus juicios o la no aplicación de la ley antiterrorista.

El Ciudadano