CIDH admite demanda de comunidad mapuche huilliche por planta de alimento para salmones

Después de 12 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió una demanda presentada por parte de la comunidad mapuche huilliche Pepiukelen en contra del Estado chileno.

La acción judicial fue fue interpuesta en febrero de 2007 y buscaba que en esa instancia se dictaran medidas cautelares que impidieran la entrada en funcionamiento de la planta de alimento para salmones Los Fiordos del consorcio AGROSUPER, cuyo proyecto -según destacan hoy los denunciantes- fue aprobado ilegalmente de acuerdo a lo que dictaminó la Contraloría Regional de Los Lagos en abril de 2006.

Al demorar la respuesta de la CIDH, en junio de ese mismo año la comunidad presentó una petición formal en contra del Estado chileno para obligarlo a cumplir con la legislación ambiental, así como con aquella que protege los derechos de los pueblos indígenas en Chile.

Según señaló Manuel Vera Millaquén, lonko de la comunidad, “esta respuesta, aunque tardía, viene a ratificar que lo que siempre hemos dicho era verdad, y hoy está a la vista de todo el que con sinceridad y objetividad quiera verlo: la contaminación está por todos lados y lo más evidente son los olores pestilentes que día a día emanan de esta empresa”.

Para Clementina Millaquén, matriarca de la comunidad que ya bordea los 90 años de edad, “esta empresa que nos vinieron a poner casi encima de nuestras  casas nos ha causado mucho daño en todos estos años, incluso hoy día ya ni los árboles dan manzana, y todo alrededor está contaminado con malos olores, con aguas sucias, con ruidos día y noche que a veces no dejan ni dormir”.

Parte del Informe de Admisibilidad de la CIDH señala que “las presuntas víctimas solicitaron e impulsaron reiteradamente a lo largo de más de una década, la protección por parte del Estado del derecho de uso y goce de su territorio (…), todas acciones que habrían sido infructuosas”.

El documento agrega respecto al análisis de admisibilidad que “la Comisión considera que los recursos internos no han sido efectivos para proteger a la Comunidad Indígena Pepiukelen, la cual requiere una protección específica para el ejercicio de sus derechos”.

Luego, en el análisis final, se establece que “en vista de los elementos de hecho y derecho presentados y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH considera que de ser probada la alegada falta de protección a los derechos de la Comunidad Indígena Pepiukelen por parte del Estado chileno(…), podrían caracterizar prima facie violaciones a los derechos protegidos”.

Con todo lo anterior, Francisco Vera Millaquén, werken la Comunidad Pepiukelen, señaló que esperan que «por medio de esta demanda y la intervención de la CIDH, de una vez por todas hayan al menos algunos cambios que mejoren la calidad de vida de nuestra gente, es decir, que el Estado respete la dignidad a la que como personas aspiramos».