La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresa su preocupación frente a los últimos acontecimientos de represión y violencia que se presentaron en Popayán y en el Cauca, contra los participantes de la llamada Minga Social indígena.
En el país sudamericano, los pueblos originarios se movilizan desde hace más de una semana en reclamo de sus reivindicaciones y derechos.
“La protesta social es un derecho humano y siempre debe ser pacífica en todas sus manifestaciones y acciones. Asimismo, el uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias, conforme a los principios internacionalmente reconocidos”, indica el organismo en un comunicado.
Asimismo, recuerdan que el diálogo es fundamental para la atención de las demandas sociales y es la única salida que contiene la violencia. “El enfoque de derechos humanos siempre allana el camino hacia el fortalecimiento de las democracias y el estado de Derecho”, agregan.
Las instalaciones de Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la IPS indígena en Popayán, Cauca; y el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) han sido víctimas de ataques durante esta semana.
“Ante las declaraciones del presidente Iván Duque y del Ministro de Defensa, quienes se niegan a reconocer la protesta social como un derecho inalienable de los pueblos, la Minga se mantiene en resistencia por la vida digna, la paz y el territorio”, publicó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en su cuenta de Twitter.
La ONIC afirma que suspendió las conversaciones con el Gobierno de Duque porque considera que tampoco hay garantías de que no haya “señalamientos o judicialización”.
Los movilizados exigen que se cumplan más de 1.200 acuerdos pactados con el Estado en los últimos 30 años, en materia de salud, tierras, infraestructura, gobernabilidad, educación, garantías de seguridad, autonomía y sustitución de cultivos ilícitos.
La ONIC denunció que, desde finales de 2016, la violencia en la nación neogranadina desplazó a 5.730 indígenas, mientras que 8.245 sufren de confinamientos.
Asimismo, la cifra de torturados ascendió a 10, y a 25 quienes fueron reclutados por grupos armados. También denunciaron la falta de atención en el sector salud, en infraestructura vial y educativa, así como en los servicios públicos en las zonas rurales, sobre todo el referido a la energía eléctrica.
https://www.elciudadano.cl/colombia/activistas-indigenas-acusan-al-gobierno-colombiano-de-estigmatizar-sus-protestas/04/04/
https://www.elciudadano.cl/colombia/indigenas-colombianos-suspenden-el-dialogo-con-el-gobierno-por-falta-de-garantias/04/01/
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