Hay que entrarle

A grandes problemas, grandes soluciones. A enormes injusticias, inmensas batallas. A pérfidas normas, constructivas propuestas. A deplorables inequidades, respuestas consistentes. Un país no cambia, no se transforma, no evoluciona, no se sanea, si no hay voluntad de entrarle a los profundos e inmensos desafíos.

Uno de esos, hoy en Chile, es jugársela por tener una nueva Constitución y para ello, materializar una Asamblea Constituyente.

No es retórica ni un mero sueño. Es una necesidad. Es la posibilidad de que en este país se garanticen derechos ciudadanos, sociales, económicos, electorales, laborales. De lo contrario, continuarán cercenados.

Además, se trata de una corrección. Porque la actual Carta Magna tiene un origen espurio, irregular, autoritario: supuestamente se aprobó en un referéndum organizado por la dictadura, en 1980, sin registro electoral, sin discusión ciudadana, sin oposición, sin debate y en medio de la persecución criminal del Estado contra los sectores políticos y sociales antidictatoriales.

Por mucho que lleve la firma del ex mandatario Ricardo Lagos y le hayan hecho modificaciones, lo sustancial de la Constitución se preserva, tal como lo dejó establecido Augusto Pinochet, Jaime Guzmán, Carlos Cáceres, Andrés Allamand, en consenso con Patricio Aylwin, Gutenberg Martínez, Francisco Cumplido, José Antonio Viera-Gallo.

No se podrá avanzar en un sistema electoral proporcional y representativo, no se podrá regular a las trasnacionales y grupos monopólicos-financieros, no se podrá garantizar el derecho a la información y la pluralidad de medios, no se podrá garantizar derechos sociales (educación, salud, vivienda), no se podrá modificar el carácter conservador de las Fuerzas Armadas, no se podrá garantizar los derechos laborales, no se podrá contar con un sistema previsional justo, no se podrá controlar los recursos natural y las materias primas del país, no se podrá contar con normativas a favor de la infancia y los adultos mayores, no se podrá regular a la banca y los grandes consorcios, no se podrá materializar los derechos de los pueblos originarios, no se podrán eliminar las leyes criminalizadoras y autoritarias, no se podrán quitar los arbitrarios quórum legislativos y no se podrá avanzar en mucho más, si en Chile no hay una nueva Carta Magna.

Durante los tres últimos siglos, las naciones que quisieron avanzar en equidad, justicia, igualdad, respeto a derechos civiles y humanos, instituciones legitimadas y representativas, le entraron a las Constituyentes y al nacimiento de nuevas Constituciones.

A nivel Latinoamericano e internacional, es un tema presente en organismos mundiales, en Parlamentos, movimientos ciudadanos, partidos políticos e intelectuales y académicos.

Para que en Chile se pueda avanzar real y consistentemente en equidad, justicia social, redistribución del ingreso, renacionalización de recursos naturales, representatividad y participación política, derechos sociales, respeto a derechos civiles y humanos, regulación del mercado y las finanzas, derecho a educación, salud, vivienda y cultura, respeto y protección a la infancia y al adulto mayor, control de los mares y territorios nacionales, regulación del sector privado y trasnacional, un sistema electoral representativo, etc., es necesario tener una nueva Constitución.

Este inmenso desafío no debe quedar sujeto a un grupo de parlamentarios y menos a un reducido equipo de expertos. En la forma se parecería mucho a lo que hizo la dictadura. Unos pocos, cupularmente, definiendo la Carta Magna del país. Como ocurrió con las anteriores Constituciones. Ya no más.

La sociedad chilena se encuentra madura para que se instale el procedimiento de una Constituyente donde representantes del movimiento social, sectores políticos, académicos y juristas, intelectuales, sociedad civil organizada, pueblos originarios, universidades, etc., puedan entrarle al proceso de construir una nueva institucionalidad.

Un punto esencial en ese proceso, es que se logre instalar, en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013, una Cuarta Urna, donde la gente marque o vote si quiere o no una nueva Constitución y una Asamblea Constituyente. Qué mejor manera de saber qué piensa y a qué aspira la ciudadanía, sin que nadie decida por ella.

Como en toda gran demanda popular, la manera de acercarse al objetivo es con movilización, protesta, emplazamiento, exigencia y ocupando espacios para que quede claro que la mayoría de este país quiere y requiere de una nueva institucionalidad.

Poderes fácticos, la derecha, los herederos de la dictadura, las trasnacionales, la banca, los empresarios y consorcios locales, grupos concertacionistas liderados por Camilo Escalona, grandes grupos económicos, los dueños de las AFP y las Isapres, no quieren otra institucionalidad porque la actual los protege y ampara. Por ello le llaman “izquierdización” o ‘fumada de opio’ a la demanda de la sociedad civil. Si el proceso avanza, vendrán descalificaciones: inestabilidad, alteración del orden, populismo, etc. Grandes poderes se van a oponer a una nueva Constitución, que nadie se llame a engaño.

Pero no queda más remedio que entrarle. Es la solución de fondo. Es la equivalencia de la lucha de los independentistas y de los primeros trabajadores movilizados por obtener soberanía, independencia, justicia, igualdad y derechos.

Es construir historia. Y la hacen los pueblos.

Por Equipo Editor

El Ciudadano Nº134, octubre 2012

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