Se trata de la denominada causa “Peaje Quino” que proviene del año 2009 y donde el ministerio público acusó a un total de 9 comuneros mapuche bajo los cargos de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado terrorista reiterado, robo con intimidación e incendio y donde ya han sido absueltos los 7 adultos, tras un juicio realizado ante el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, Rol Nº 58-2012, y donde sólo se tuvo por acreditados los delitos de robo y desórdenes públicos.
El día lunes 12 de noviembre a las 12:00 horas, se dio inicio ante el Juzgado de Garantía de Victoria a la Audiencia de Preparación de Juicio Oral en contra de los comuneros mapuche Juan Patricio Queipul Millanao y Luis Marileo Cariqueo, dos de los cuatro menores que fueron formalizados bajo la ley sobre Conductas Terroristas por la Fiscalía de Chile.
Se trata de la denominada causa “Peaje Quino” que proviene del año 2009 y donde el ministerio público acusó a un total de 9 comuneros mapuche bajo los cargos de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado terrorista reiterado, robo con intimidación e incendio y donde ya han sido absueltos los 7 adultos, tras un juicio realizado ante el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, Rol Nº 58-2012, y donde sólo se tuvo por acreditados los delitos de robo y desórdenes públicos.
Los abogados defensores Sebastián Saavedra Cea, Pablo Ortega Manosalva y Karina Riquelme Viveros, del Centro de Investigación y Defensa SUR señalaron estar confiados en la inocencia de sus representados, sin embargo se encuentran preocupados “ante la posibilidad de que el ministerio público pretenda llevar a juicio a estos menores mapuche mediante la utilización de la ley antiterrorista, toda vez que la integridad de la prueba de cargo obtenida durante la investigación fue amparada por dicha legislación de excepción, la cual tras la dictación de la ley 20.519 ha sido excluida de su aplicación a menores de edad.”
Cabe recordar que la ley Nº 18.314 sobre conductas terroristas fue modificada en 2 oportunidades tras la huelga de hambre seguida por más de 30 comuneros mapuche durante el año 2010, despertando la preocupación nacional e internacional de los organismos de Derechos Humanos ante la evidencia de menores de edad mapuche procesados por esta legislación, fuertemente cuestionada por la infracción al debido proceso y a las garantías fundamentales de los imputados que conlleva su aplicación.
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