Esta semana el presidente Jair Bolsonaro aprobó un decreto para flexibilizar la posesión, el porte y la comercialización de armas, como parte del “derecho a la defensa” contra la delincuencia
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Tras decretar la flexibilización y ampliación del porte de armas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue más allá y propuso exculpar a los ciudadanos que eventualmente maten a un sospechoso de querer asaltarlo en la vía pública.
Bolsonaro se amparó en la figura legal llamada “excluyente de ilicitud” que establece que quien comete un delito, en este caso homicidio, no debe responder ante la ley.
“Lo que yo quiero dar es el excluyente de ilicitud, no sólo a la policía, sino a usted también”, dijo el mandatario durante una entrevista concedida a una emisora de Río de Janeiro.
Bolsonaro ya había planteado exculpar a aquellos ciudadanos que viven en áreas rurales para eventuales disparos contra invasores de la propiedad privada, pero durante la entrevista, amplió su propuesta para que se pueda disparar en las calles de las ciudades contra un “agresor que estuviera comprobadamente al margen de la ley y pueda usar un arma” en contra de quien se defiende.
Su intención es armar a la población para que esté en capacidad de hacer frente a los delincuentes, una decisión que no causa sorpresas, ya que el ultraderechista no ha ocultado un gusto por las armas que lo ha llevado incluso a tener como uno de sus gestos característicos imitar la forma de una pistola con las manos.
El llamado Trump del Trópico una vez más mostró su admiración por Estados Unidos y dejó claro cuál es su modelo de gobierno a seguir: “Paciencia esto (la autorización de disparar) ya ocurre en estados norteamericanos”, dijo al referirse a su nueva propuesta.
Bolsonaro celebra con sus diputados la firma del decreto para flexibilizar el acceso a las armas
Polémico decreto
El pasado martes, el mandatario firmó un polémico decreto que permitirá que cazadores, deportistas de tiro, coleccionistas, socios de clubes de tiro, abogados, políticos, periodistas que cubran sucesos policiales, agentes de tránsito y empleados de empresas de transporte de valores, lo que según la ONG Soy Paz puede ocasionar que casi 19 millones de personas circulen armados por las calles del país.
Antes del decreto, las armas eran de uso exclusivo de las fuerzas armadas y la policía. Ahora el gobierno habilita el uso de las llamadas armas cortas y que usen munición común, las cuales podrán ser adquiridas y portada por los ciudadanos simplemente con una licencia.
También estableció que los brasileños puedan comprar hasta cuatro armas por persona, mientras que la validez del certificado de registro y porte de armas se aumentó de 5 a 10 años.
En Brasil se registran en promedio 175 homicidios por día
Con estas medidas, Bolsonaro busca cumplir con una de sus principales promesas de campaña, en la que se comprometió a favorecer lo que califica de “derecho a la defensa” contra la delincuencia.
Consultores de la Cámara de diputados y senadores se manifestaron en contra del decreto de Bolsonaro por que consideran más allá de los límites legales.
Por tal motivo, la jueza del Tribunal Supremo de Brasil, Rosa Weber, estableció un plazo de cinco días para que tanto Bolsonaro, como el ministro de Justicia, Sergio Moro, proporcionen explicaciones sobre la norma.
Sin embargo, el plazo no comenzó porque el mandatario aún no ha sido notificado por el máximo tribunal.
Ante esta decisión Bolsonaro señaló que el decreto se ajusta a las leyes brasileñas.
«No estamos haciendo nada más de lo que el pueblo quiso en el 2005. Estamos dentro del límite de la ley. Si es inconstitucional, tiene que dejar de existir», indicó.
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