Aunque las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos firmaron el acuerdo de paz en 2016, la realidad es que en lugar de bajar la intensidad del conflicto, éste se ha recrudecido. Uribe está detrás de todo.
Hablar de Colombia es pensar en narcotráfico, corrupción, paramilitarismo, desplazados, pobreza, persecución, tortura, genocidio, falsos positivos, uribismo, impunidad, desapariciones forzosas, poder, terrorismo, traición y muerte.
También hablar de Colombia es rebeldía, lucha campesina, líderes sociales, guerrillas, insurgencia, solidaridad, necesidad de justicia y sobre todo una suprema aspiración a la paz.
Por más de medio siglo, el país ha vivido inmerso en una cruenta guerra civil multiforme que ha trastocado a la sociedad colombiana entera, con mayor incidencia negativa sobre los estratos más pobres y con mejores resultados para la clase económica dominante.
El control por las tierras, la minería, los recursos naturales, el agua, la producción de cocaína, el narcotráfico, el paramilitarismo y la lucha guerrillera han sido partícipes y protagonistas de este conflicto.
En 2016, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP), uno de los grupos guerrilleros -con fines políticos y sociales- que a pesar de ser duramente perseguidos y exterminados durante cinco décadas, tras un largo proceso de diálogo y negociación que tuvo a La Habana como mediador y garante, terminaron por firmar un tratado de paz con el Gobierno colombiano.
Ese acuerdo se fundamentó básicamente en la desmovilización del grupo guerrillero, la entrega de armas y su introducción al terreno democrático al evolucionar en un partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Seuxis Pausias Hernández Solarte -alias Jesús Santrich- un excomandante de las FARC-EP, fue uno de los desmovilizados que se acogió al tratado de paz y se puso bajo la Jurisdicción del Especial para la Paz (JEP), un tribunal especial creado para juzgar los crímenes cometidos durante los 50 años de conflicto armado en Colombia.
Pero el 9 de abril de 2018, el excomandante Santrich fue detenido por orden de la Fiscalía colombiana -a pesar de estar a cargo de la JEP-, luego que Estados Unidos lo acusara por presuntamente conspirar en el envío de cocaína a ese país.
Esta acusación de Washington vino acompañada de un reclamo de extradición contra Santrich, pues según la justicia de ese país “el intento de tráfico de droga de Santrich se produjo después de la entrada en vigencia del acuerdo de paz, entre 2017 y 2018”.
Los militares, exguerrilleros o civiles que se encuentran sometidos a la JEP gozan de penas reducidas y garantía de no extradición, pero si cometen algún delito posterior a la rúbrica del tratado de paz quedan a merced de la justicia ordinaria.
Sin embargo, poco más de un año después de la detención del exguerrillero, el pasado miércoles 15 de mayo, la JEP resolvió que no se pudo determinar la fecha del supuesto delito de Santrich de “conspiración para enviar cocaína” y por ello frenó el proceso de extradición y ordenó su liberación inmediata.
Esa decisión causó que el sistema judicial colombiano tambaleara y creará conflictos a lo interno del Gobierno de Iván Duque, sobre todo del lado más conversador acostumbrado a tomar decisiones convenientes a Estados Unidos y a los históricos sectores de la oligarquía aferrados al poder.
Una decisión que no agrada al uribismo
El conflicto interno en el poder judicial colombiano y en las altas esferas del Gobierno de Duque se intensificaron cuando -la semana pasada- el magistrado de la JEP Jesús Bobadilla anunció la resolución sobre el caso Santrich, que ordenó dejarlo en libertad por considerarlo inocente de lo que le pretendían inculpar.
Jesús Santrich hizo parte del equipo negociador de las FARC en los diálogos con el gobierno colombiano en La Habana y debe ser uno de los 10 representantes en el Congreso de la formación política en que se transformó la guerrilla de las FARC, cuota dispuesta en el acuerdo de paz.
Conocida la decisión de la JEP, de inmediato salieron a relucir las reacciones de instituciones del Estado relacionadas con el poder judicial, actores políticos y élites económicas con intereses en el caso.
Uno de ellos fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), a quienes muchos consideran como el que manda en la Casa de Nariño a través de su pupilo Iván Duque, aunque hay detractores de esa teoría que sostienen que Duque se habría alejado de su mentor.
Desde antes de la firma del tratado de paz en Colombia, Uribe -quien se encuentra relacionado múltiples delitos de lesa humanidad como desapariciones forzosas, torturas, sicariato, falsos positivos, narcotráfico, corrupción, paramilitarismo, entre otros, fue siempre uno de los principales detractores de este acuerdo.
De hecho, hizo campaña formal en la promoción del NO en el referendo consultivo que terminó ganando y que por momentos sepultó toda opción de reconciliación en el territorio neogranadino.
Aunque finalmente las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos firmaron el acuerdo de paz en 2016, la realidad en Colombia es que más allá de bajar la intensidad del conflicto, éste se ha recrudecido, sobre todo en la persecución del Gobierno y de grupos paramilitares contra movimientos campesinos y líderes sociales que buscan un cambio en el modelo político que privilegia únicamente a la oligarquía, un selecto grupo de familias que dominan las decisiones políticas, económicas, diplomáticas y sociales.
«La reforma a la Justicia empieza con la extradición de Santrich», escribió Uribe -el viernes 17 de mayo de 2019- en la red social Twitte,r como parte de su campaña que busca acabar con los tratados de paz y que tiene como fin iniciar un proceso constituyente que permita adecuar la Carta Magna a conveniencia de los intereses de Estados Unidos y la oligarquía neogranadina.
Ese mismo mensaje de Uribe recibió una peculiar respuesta de uno de los usuarios: «Lo dice el tipo que tiene 300 investigaciones sin avanzar y que en un sólo proceso han matado a 9 de los 12 testigos en su contra».
Uribe busca destruir a Santrich para acabar con la paz
Pocas horas pasaron desde el mensaje de Uribe hasta que se registró un atentado contra la vida de Jesús Santrich dentro de la cárcel de Pica, lugar donde el exguerrillero permanece privado de libertad y del que ya debía estar fuera tras la sentencia de la JEP.
Al final, acabar con Santrich es en definitiva dar al traste con el acuerdo de paz en Colombia y eso es precisamente lo que quieren Estados Unidos, Uribe y sus subordinados.
Para Luciano Marín, exjefe negociador de las FARC durante el proceso de diálogo en La Habana, y que antes de desmovilizarse era conocido como comandante guerrillero Iván Márquez, los intereses del uribismo son los mismos de Washington y se ven reflejados en las decisiones que toman las autoridades del Estado colombiano y los representantes de la Casa Blanca en el país.
Para Márquez -quien se encuentra en la clandestinidad por el riesgo que corre su vida tras dejar las armas- el caso de Santrich y su devenir, será lo que determine el futuro del tratado de paz.
En un breve comunicado, subrayó que las amenazas más directas contra los tratados de paz se observan en las acciones que ha realizado la Fiscalía colombiana y el Gobierno estadounidense al pedir la extradición, hecho que de ejecutarse rompería con uno de los principios elementales del tratado: la garantía de no extradición.
El exjefe negociador de las FARC indica que la decisión de la JEP que ordena aplicar la garantía de no extradición a Jesús Santrich es lo único que se podía hacer para respetar la paz.
“La JEP tomó la única decisión que podía tomar, que es aplicar la garantía de no extradición ante la ausencia absoluta de pruebas que nunca fueron aportadas, ni por la Fiscalía de Colombia ni por las autoridades estadounidenses, aplicando una norma de la Constitución, el artículo transitorio 19 introducido por el Acto Legislativo 01 del año 2017”, explicó Márquez miembro del ahora partido político FARC, quien considera la decisión de la JEP como un reconocimiento al derecho, a la verdad y al Acuerdo de La Habana.
Para Márquez, la postura del ahora exfiscal general Néstor Humberto Martínez y la del también saliente embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, se suma a los intereses del uribismo y Washington para crear todo un montaje mediático y judicial contra Santrich, que pretende destruir el Acuerdo de Paz. “Es un asunto personal de dos individuos, un falso positivo judicial”, acotó.
“El exfiscal Néstor Humberto Martínez y el embajador de Estados Unidos se quedaron sin el chivo expiatorio que perversamente habían seleccionado para darle la estocada final a la paz”, expresó Márquez, quien añadió que la actuación de estos dos sujetos está inoculando el odio y la venganza entre los colombianos, razón por la cual la liberación inmediata de Santrich es un salto para mantener las garantías de los acuerdos de paz.
Márquez se mantiene en la clandestinidad, no ha asumido su cargo como Senador de la República y tampoco se ha presentado ante la JEP debido a la amenaza que genera contra su persona la situación de Santrich, pues, a su juicio, hay inseguridad jurídica para todos los que se sometieron al Acuerdo de La Habana.
«La paz fue traicionada por el Estado colombiano, que optó por la perfidia y el incumplimiento de lo pactado de buena fe”, argumentó con anterioridad el ex jefe negociador sobre las faltas al pacto cometidas por el gobierno colombiano.
Sin embargo, si el Estado colombiano decidiera acoger y respetar el dictamen de la JEP de liberar inmediatamente a Santrich, este ciudadano podría tomar posesión en la Cámara de Representantes de su curul, algo que de efectuarse podría también llevar a Márquez a dejar la clandestinidad y juramentarse ante el Congreso como senador.
Ola de renuncias para desprestigiar a la JEP
El mismo día -una hora después- que la JEP sentenció a favor de Santrich, el entonces fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, decidió presentar su «renuncia irrevocable», presuntamente en desacato a la decisión de la JEP.
«Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden. Por ello he presentado mi renuncia irrevocable», dijo en conferencia de prensa quien, curiosamente está involucrado directamente en el escándalo de corrupción y sobornos de la constructora brasileña Oderbretch.
La renuncia del Fiscal causó un efecto dominó de inmediato. Una hora después de su dimisión, la vicefiscal María Paulina Riveros anunció también que no estaría más a cargo de ese despacho.
Por su parte, la Procuraduría colombiana anunció de inmediato que iba a apelar la resolución de la JEP, mientras que el presidente Duque cancelaba su agenda en el interior para retornar de inmediato a Bogotá.
También tomó postura inmediata la bancada del partido oficialista Centro Democrático, que encabeza Álvaro Uribe, y comenzó a reactivar su propuesta de crear una Asamblea Constituyente para así dar al traste con las reglas de juego alcanzadas durante el proceso de paz.
Horas más tarde, el presidente Duque asumió también una posición y cuestionó la decisión de la JEP. De la misma forma se solidarizó con el exfiscal Martínez y dijo que estaba dispuesto a firmar la extradición de Santrich en cualquier momento.
“Compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos, alias ‘Jesús Santrich'», dijo Duque quien -a su parecer- agregó que existían “las suficientes pruebas” para su extradición, afirmación que contradice a la sentencia de la JEP.
«(Con Martínez) Hemos trabajado con determinación en la lucha contra la criminalidad y la corrupción, y quien con todo su equipo han sido defensores del Estado Social del Derecho», indicó Duque, sin hacer referencia a los más de 150 líderes sociales asesinados en su país desde que comenzó su mandato.
Estados Unidos, por su parte, esperó al otro día para decir lo que todos esperaban, cuestionar a la JEP y pedir una apelación a la sentencia que resolvió que no se pudo determinar la fecha del supuesto delito.
Para la Fiscalía y el Gobierno estadounidense el supuesto intento de tráfico de droga de Santrich se produjo después de la entrada en vigencia del acuerdo de paz, entre 2017 y 2018.
Primera baja en el gabinete de Duque
Tras los hechos, el conflicto judicial colombiano tocó al Poder Ejecutivo. El jueves -16 de mayo- la entonces ministra de Justicia, Gloria Borrero, anunció su renuncia al cargo en medio de la crisis.
En declaraciones a RCN, aseguró que su renuncia obedecía a “los cambios normales de cualquier Gobierno” y que al parecer había sido conversado semanas antes con Duque, quien “agradeció el trabajo de Borrero” y anunció que la nueva titular de esa cartera será la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco.
«Llegó el momento en que el Ministerio de Justicia necesita otro liderazgo», acotó Borrero, quien estuvo en el cargo por nueve meses en un tono de bajo perfil y es la primera baja del Gabinete de Duque desde que asumió la Presidencia, el pasado 7 de agosto de 2018.
De acuerdo con Duque, la ministra entrante -que parece estar más alineada a la lógica uribista- tiene una “larga trayectoria en la rama judicial” y ahora tiene «la inmensa responsabilidad de avanzar en todas las mejoras que se requieran», incluidas las relacionadas con el narcotráfico.
Cabello Blanco es mujer de confianza del uribismo, una barranquillera de 62 años que levanta las banderas del conservadurismo y presidió la Corte Suprema de Justicia entre 2016 y 2017. Además, estuvo postulada sin éxito en dos ocasiones para ser fiscal general, una durante el gobierno de Uribe y otra en el de Santos.
Asimismo, fue procuradora delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General, ente responsable de supervisar las actuaciones de los funcionarios del Estado.
Conflicto de intereses económicos y políticos, Uribe detrás
El uribismo aprovechó la tensa coyuntura judicial y política en torno a Santrich para relanzar su propuesta de Asamblea Constituyente que tiene como objetivo modificar los acuerdos de paz, quizás hasta el punto de eliminarlos del mapa.
El caso Santrich puede ser apenas el primero de una serie de desencuentros institucionales para la justicia colombiana, pues son miles las personas bajo la jurisdicción de la JEP.
Al respecto, el analista y columnista colombiano Fernando Posada, entrevistado por BBC Mundo, considera que la trama que vive el país en este momento va más allá de lo judicial, pues existen intereses políticos y económicos muy grandes detrás de todo.
Para Posada lo que sucede es el «reconocimiento oficial de una guerra declarada» entre los poderes en Colombia. «El posicionamiento político es muy claro, con un gobierno y un partido oficialista apoyando la posición del fiscal saliente. Deja ver la enorme distancia que tiene Duque con el proceso de la JEP y el modelo de justicia transicional», afirma a BBC Mundo.
Posada recordó que el Presidente colombiano, en abril, emitió seis objeciones a la ley estatutaria de la JEP, fundamentalmente referidas a la extradición y reparación de daños a las víctimas, aunque no prosperaron en su revisión en el Congreso, donde partidos opositores e independientes le dieron el primer gran revés a Duque desde que es mandatario.
«Se trata de una de las peleas más importantes que lleva el uribismo y de los históricos enemigos de los acuerdos en contra del proceso de paz, que desde el día cero lo han criticado», explica Posada sobre las intenciones de generar una constituyente en torno a los acuerdos de paz.
Asimismo, el analista agrega que para evitar la guerra declarada es preciso que los actores entiendan que «la naturaleza de la justicia transicional implica cometer sacrificios en materia de justicia en busca de beneficios en materia de paz«.
«Si el ambiente es tan negativo, sin duda es muy peligroso para el futuro del proceso de paz», acota Posada.
Odebrecht, el escándalo que involucra al exfiscal
En Colombia poco se habla del escándalo de Odebrecht y los vínculos que la trama de corrupción y sobornos considerada como la más grande de la historia, pues implica a actores políticos, jueces, fiscales, empresarios, políticos, militares y hasta Presidentes de la República.
Se cree que alrededor de 33 millones de dólares movilizó la empresa brasileña perteneciente a Marcelo Odebrecht a través de sobornos, con el objetivo de conseguir las importantes adjudicaciones de contratos con el Estado colombiano, en sociedad con otros consorcios privados.
A finales de 2018, la justicia colombiana condenó a la empresa brasileña junto a sus socios a pagar una multa de alrededor de 250 millones de dólares por el pago de sobornos, y determinó su inhabilitación para asumir cualquier contrato con el país durante los próximos 10 años.
De acuerdo a las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los sobornos de Odebretch fueron realizados entre 2009 y 2014. Luego, en 2017, la Fiscalía General enumeró las irregularidades investigadas en diferentes contratos y estableció que al menos 28 personas serían procesadas. Algunos involucrados llegaron a estar detenidos, otros recuperaron su libertad y hay quienes se encuentran prófugos de la justicia y abandonaron el país.
Dentro del escándalo están los exmandatarios Uribe (2002-2010) y Santos (2010-2018), pues durante sus gobiernos se registraron sobornos y actos de corrupción vinculados a Odebretch. Pero ambos rechazaron las acusaciones y dijeron desconocer algún movimiento irregular de dinero.
Vínculos del exfiscal con la corrupción
Precisamente, en torno a este caso salen a relucir tres asesinatos registrados en 2018 contra testigos claves de lo sucedido en la trama de sobornos y corrupción: Jorge Enrique Pizano, su hijo Alejandro Pizano y Rafael Merchán.
Las dos primeras víctimas -halladas muertas en noviembre de 2018- sacudieron a la sociedad colombiana e hicieron recordar la ola de asesinatos selectivos de civiles inocentes que el gobierno de Uribe calificaba de guerrilleros, mejor conocida como el genocidio de los falsos positivos.
Jorge Pizano falleció de un paro cardiorrespiratorio, según el informe médico; y cuatro días después murió su hijo Alejandro, envenenado tras ingerir cianuro sin saberlo en una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre.
Los fallecimientos, de los que no existe vínculo probado con todo el entramado de corrupción, desataron un sinfín de cuestionamientos sobre la investigación. De hecho, se han hecho duras críticas al proceso de investigación de las muertes y el director del Instituto Forense de Colombia (encargado de las autopsias), Carlos Valdés, tuvo que renunciar por irregularidades en el manejo de pruebas tras la muerte de Jorge Enrique Pizano.
En diciembre de 2018, también falleció envenenado por cianuro otro testigo, Rafael Merchán, aunque las indagaciones de la Fiscalía tampoco han establecido nexo alguno con el caso y dicen que pudo haber sido “un suicidio”.
En un artículo firmado por Boris Miranda, corresponsal de BBC Mundo en Colombia, se explica que tras la muerte de Jorge Pizano, quien fue auditor de algunos de los contratos relacionados con Odebrecht, se hicieron públicas unas grabaciones de 2015 en las que esta persona le comenta algunas irregularidades al que hasta la semana pasada fue el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
En ese entonces, Martínez era asesor jurídico de uno de los grupos financieros que se habían beneficiado de las adjudicaciones, el grupo Aval, del cual es accionista mayoritario Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia. Jorge Pizano era auditor en la misma empresa.
“A partir de aquello, los cuestionamientos contra Martínez se multiplicaron y se nombró al jurista Leonardo Espinosa como fiscal encargado específicamente de seguir con la investigación del caso. Pero incluso, ese nombramiento ha sido cuestionado, porque el fiscal ad hoc es visto como una persona cercana a Martínez y los críticos dudan de su imparcialidad”, explica el referido artículo.
Antes de asumir su cargo, Leonardo Espinosa publicó a finales de 2018 un comunicado en el que negaba cualquier relación de amistad o negocios con el fiscal general, quien a su vez niega cualquier conocimiento del pago de sobornos.
Pero el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) presentó una demanda para pedir la nulidad del nombramiento del Fiscal General, debido a que Martínez “no cumplió con su obligación de informar en su momento que contaba con información de los hechos de Odebrecht y, segundo, sus vínculos con los grupos que administraron una concesión (involucrada con el caso), por lo que existía conflicto de intereses».
Por su parte, Martínez siempre rechazó los vínculos al escándalo Odebrecht y alegó que desde su nombramiento, a finales de 2017, realizó “numerosas detenciones de exfuncionarios públicos y políticos involucrados en casos de corrupción pública”.
Su postura es ampliamente cuestionada por los colombianos, pues consideran que “muy pocas de estas capturas y juicios afectan seriamente a las poderosas e influyentes cúpulas políticas y económicas de Colombia”, explica el periodista de la BBC.
Sobre este tema, el analista político Juan Esteban Lewin, indicó a BBC Mundo que la renuncia de Martínez a la Fiscalía, usando como argumento la decisión de la JEP sobre Santrich, es la mejor forma para intentar pasar bajo la mesa los vínculos que resonaron en torno a su nombre y el escándalo de Odebrecht.
«Es una muy buena salida para él, con un discurso de defensa de la justicia, en lugar de irse desgastado y envuelto en escándalos de corrupción (…) El fiscal renuncia luego del anuncio de la JEP, pero la impresión es que esa no es la causa real de la renuncia«, acotó.
Lewin agrega que ahora Colombia está inmersa en una «crisis grande para la justicia», con una tensión y complejidad sin precedentes y con consecuencias negativas para el país.
Graves violaciones a los DD. HH.
Recientemente el portavoz de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, explicó la situación actual de vulneración a los derechos humanos que sufre Colombia, y la ineficacia del gobierno de Iván Duque para garantizar sus responsabilidades como Jefe de Estado.
“Estamos preocupados por el alto número de defensores de derechos humanos asesinados y por el hecho que estos mismos asesinatos siguen aumentando. Llamamos las autoridades colombianas a tomar las medidas necesarias en contra de la grave impunidad alrededor de esos casos”, dijo el portavoz de la ONU.
Las palabras de Colville hacen referencia a las más de 150 víctimas del paramilitarismo colombiano. Solo en los primeros cuatros meses de 2019 se han registrado 51 asesinatos a defensores de los derechos humanos, que realizaban labores políticas y sociales en sus regiones.
Tan sólo en 2018, el equipo de la ONU registró 115 asesinatos de defensores y activistas sociales, que sumados a los 51 de este año sumarían 166 asesinatos.
De acuerdo con la ONU, los asesinatos son perpetrados especialmente en las zonas rurales y las víctimas son líderes de comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas, activistas ambientalistas, feministas, periodistas, población de la comunidad sexodiversa, entre otros.
“Estamos preocupados que, con la llegada de las elecciones de octubre, el número de asesinados y de hechos violentos vaya aumentando”, expresó el portavoz de la ONU el pasado 10 de mayo, citado por el portal Colombia Informa.
Agrega el referido portal que la renuncia del exfiscal es también una “respuesta a su ineficacia ante las violaciones a derechos humanos, responsabilidad en los montajes judiciales a líderes sociales, así como la complicidad en el caso de corrupción más grande de la historia colombiana; sumado a la reciente controversia con la Justicia Especial para la Paz acerca del caso de Jesús Santrich”.
Imputación sobre cargos relacionados al narcotráfico
Días atrás, varios medios divulgaron que Santrich había sido víctima de un atentado antes de salir de la cárcel de la Pica. De hecho, dos días después de que la JEP ordenara su «liberación inmediata» retrataron al exjefe guerrillero a punto de salir en una silla de ruedas de la prisión de máxima seguridad, cuando fue abordado en la puerta por agentes de la Fiscalía y seguidamente fue montado en un helicóptero que lo llevó a la Fiscalía General para ser imputado sobre supuestos delitos de narcotráfico que finalmente lo llevarían a ser extraditado.
Según la Fiscalía, la decisión de la JEP que ordenaba la libertad inmediata de Santrich “fue oportunamente acatada”, argumentó en un escueto comunicado, en el que agregó que el ente investigador “como producto de la cooperación judicial internacional, en las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte”.
Dadas estas nuevas evidencias, se emitió la nueva orden de captura -sin fines de extradición-, asegura la Fiscalía. Horas antes, el partido FARC denunció que Santrich estaba herido. La autoridad penitenciaria informó después que el excomandante rebelde se «autolesionó levemente» al hacerse heridas en los brazos mientras esperaba su excarcelación. “Fue atendido por un médico del centro penitenciario y se encuentra bien de salud y estable», declaró a los medios William Ruiz, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Poco antes de la noticia de las heridas, se había conocido una escueta carta de puño y letra del propio Santrich, quien siempre se ha declarado víctima de un “montaje judicial”, en la que lamentaba que hacia las 11:00 de la mañana del viernes no se había producido su liberación.
Según la misiva, el director de la cárcel no le había explicado ni a él ni a sus abogados la demora en el cumplimiento del fallo. “Sigo en celda de aislamiento y he permitido los exámenes médicos que me solicitaron”, dijo. “Me han allanado la celda dos veces”.
Santrich lleva más de un año detenido en Colombia después de que un juzgado de Nueva York lo acusó de conspirar para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
La Fiscalía aseguró que dentro de las nuevas evidencias obtenidas está la declaración de Marlon Marín Marín, privado de libertad en EE. UU. por el mismo caso contra Santrich. Marín es sobrino de Iván Márquez, el exjefe negociador de las FARC.
Los nuevos delitos contra Santrich fueron imputados este lunes por la Fiscalía.
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