Arica: Comunidades aymaras y quechuas también rechazan la consulta indígena del Gobierno

A través de una declaración pública, organizaciones y comunidades aymaras y quechuas de los pueblos precordilleranos y cordilleranos, de los valles y del área urbana de la región de Arica y Parinacota, manifestaron su rechazo a la realización de la Consulta Indígena impulsada por el gobierno de Piñera, que busca modificar la Ley Nº 19.253, conocida como “ley indígena”.

Según señalaron, el rechazo se debe en primer término a que la modificación «es un acto con un claro fin ideológico, que solo busca instalar y profundizar el modelo neoliberal económico extractivista en nuestras tierras indígenas, beneficiando solo a los grandes sectores económicos transnacionales y nacionales existentes en el país».

«Es un acto de mala fe del gobierno, ya que se fundamenta en un ‘Acuerdo Nacional por la Paz y el Desarrollo por la Araucanía’, realizado el 24 de Septiembre del 2018, donde el pueblo aymara y quechua no participaron, ni tampoco los demás pueblos, solo participaron órganos públicos, sectores económicos, y un grupo de mapuches afines al gobierno, los cuales acordaron 11 medidas para modificar la Ley Indígena siendo un hecho totalmente espurio y carente de toda legitimidad», añade el texto.

En esa línea, agregaron que «el gobierno ha utilizado este ‘Acuerdo Nacional’ para convocar a una Consulta Indígena, siendo los temas a consultar estas 11 medidas, haciéndole creer a la opinión pública que ellas representan una demanda de todos los pueblos originarios de este país».

«El pueblo aymara y quechua nunca ha planteado como demanda la modificación de la ley Indígena al actual gobierno, solo se ha demandado las reformas al Código de Minería, Código de Aguas y Ley de Concesiones Geotérmicas, por lo tanto esta consulta indígena es un acto arbitrario e ilegal», puntualizaron en su declaración.

Asimismo, indicaron que las 11 medidas «tienen el fin de eliminar la integridad territorial de las tierras de las comunidades aymaras y quechuas de nuestra región, fomenta la división de las tierras indígenas para incorporarlas al mercado de bienes inmuebles comunes, dándole una condición de propiedad privada individual y de esta manera facilitar la intervención de proyectos de inversión en materia de minería, monocultivos, geotérmicas, forestales y energía».

«Además, las medidas van en contra del reconocimiento y la reivindicación territorial que actualmente demandan las comunidades aymaras y quechuas en la región, donde el actual Gobierno no ha tenido voluntad política para reconocer, ni delimitar y dar protección efectiva a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado, incumpliendo el Convenio 169», añadieron.

La falta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, de los derechos territoriales y ahora la modificación a la ley indígena, solo ratifican -para las comunidades- la doctrina de la negación que realiza el Gobierno en materia territorial, desconociendo el “dominio por preexistencia o ancestralidad”, con el fin de que las tierras indígenas pierdan la dimensión colectiva y comunitaria que poseen.

Asimismo -subrayan- vulnera la estrecha relación que tienen las comunidades con la tierra y pone en riesgo sus culturas, su vida espiritual, integridad y supervivencia económica, siendo un elemento material y espiritual del que gozan actualmente las comunidades aymaras y quechuas con el fin de preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.

Finalmente, recordaron que las consultas indígenas «se han convertido en meros trámites, donde se ha impuesto unilateralmente la posición del gobierno de turno, excluyendo la posición del pueblo aymara y quechua de esta región, y que solo han significado la disminución de los derechos ya adquiridos en la ley indígena, en Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas».