Declaración pública de Modatima: «Con la fuerza de la razón»
El Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente, Modatima, de la provincia de Petorca, y ante la nueva acción judicial emprendida en contra de nuestro secretario general, declara a la opinión pública lo siguiente:
1.- Como muchos han sostenido, nuestra organización ha sido la responsable de visibilizar el conflicto de las aguas en la provincia de Petorca, y también la responsable de instalar el debate a nivel nacional acerca de la privatización y enajenación de nuestros recursos hídricos.
2.- Como es de conocimiento público, Modatima, ha recurrido a todas las instancias nacionales demandando el fin de la usurpación de aguas en los ríos Ligua y Petorca, desenmascarando a los poderosos políticos y empresarios que tomaron la decisión de acaparar de forma impropia el agua que todas y todos necesitamos.
3.- Nuestra organización ha actuado de cara al país, aportando todos los antecedentes que confirman el robo de aguas, decenas de informes técnicos de la Dirección Regional de Aguas de la V Región, estudios satelitales, antecedentes gráficos, se han encargado de confirmar lo que siempre hemos sostenido, que en la provincia de Petorca se roban el agua.
4.- Hemos comparecido en tres ocasiones ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; fuimos la primera organización en concurrir a la comisión investigadora para el delito de extracción ilegal de aguas y áridos en los ríos del país, y lo hicimos dos veces; es más, la propia comisión investigadora se constituyó en la provincia de Petorca, confirmando in situ, el delito de usurpación de aguas y los efectos que ha provocado esta deleznable acción en la vida de las personas.
5.- No hemos escatimado esfuerzos para dar a conocer a la opinión pública lo impropio que confronta el que Chile sea el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas, del mismo modo, hemos señalado públicamente que la actual institucionalidad en materia hídrica, ha favorecido la concentración y mercantilización de las aguas.
6.- Los usurpadores de agua han reaccionado criminalizando la lucha por el agua, acciones judiciales emprendidas por el diputado Eduardo Cerda, y por el empresario y ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, confirman esta aseveración.
7.- El 11 de mayo del 2012, nuestro Secretario General fue notificado de una querella por injurias interpuesta por el equipo jurídico que representa a Pérez Yoma, querella que fue desestimada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en julio de 2012.
8.- Posterior al sobreseimiento de la causa en contra de nuestro Secretario General, el estudio jurídico Puga y Ortiz Quiroga, estudio que representa a Pérez Yoma, se empleó a fondo para revocar la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, objetivo que finalmente se materializó, razón por la cual nos llevan a juicio el día 30 de noviembre en el juzgado de garantías de La Ligua.
9.- Ante la opinión pública nacional declaramos que la querella interpuesta por Pérez Yoma, atenta contra la libertad de expresión, y contra el legítimo derecho que tenemos las ciudadanas y ciudadanos de defendernos ante un delito feroz, el robo de aguas.
10.- La vida en la provincia de Petorca se ha fragilizado de forma irreversible, vastos sectores de la población se han visto impedidos de contar con agua para sus necesidades básicas, y los que usurpan agua, continúan con esta práctica ante la pasividad e indolencia de las instituciones del Estado.
11.- Somos una organización de hombres y mujeres pacíficos que tomaron la decisión de luchar por el recurso natural más imprescindible para la vida de las mayorías, AGUA.
12.- Al finalizar, declaramos que lucharemos con toda la «Fuerza de la Razón» para impedir que se consume la criminalización de nuestros dirigentes, sabemos que enfrentamos a políticos y empresarios poderosos y fuertemente conectados entre sí, sin embargo, no les tenemos miedo, tampoco respeto. La lucha por el agua es un «imperativo moral», y en este empeño lucharemos hasta recuperar las aguas como un bien nacional de uso y dominio público, hasta consagrar constitucionalmente el agua como un derecho humano, hasta recuperar el control público sobre el abastecimiento de agua de bebida, hasta deconstruir una nueva institucionalidad en materia hídrica.
29 de noviembre del 2012
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