La razón que llevó a los reos comunes a movilizarse: Aplicación retroactiva de ley vulnera su postulación a libertad condicional

El mediodía de este miércoles en la explanada del Centro de Justicia en Santiago se dieron cita familiares de personas privadas de libertad y distintas organizaciones sociales, con el objetivo de rechazar e informar respecto a la aplicación retroactiva de la Ley 321.

Lo que se denuncia es básicamente que esta modificación a la normativa ha afectado a un gran número de internos de los recintos penitenciarios del país en los procesos de postulación para acceder a la libertad condicional que ya habían comenzado.

En la práctica lo que ocurre es que, por ejemplo, si un interno que cumple una condena tenía por ley la opción de postular al beneficio de la libertad condicional en 2019, ahora con la retroactividad de la aplicación de la normativa 321 no lo podrá hacer antes de 2025 o hasta después de ese año.

En ese sentido, Galo Muñoz Veloso, director ejecutivo del Observatorio Social Penitenciario, señaló que la promulgación de la Ley 321 «ha privado de la opción de reinsertarse a muchos privados de libertad».

Por el contrario, el dirigente destacó que las cifras indican que el otorgar libertad condicional a internos no se ha traducido en reincidencia de los beneficiarios, como se cree. «En la última libertad condicional solo el 9,2% de las personas privadas de libertad reincidieron, versus los otros beneficios donde reincide el 70%», apuntó Muñoz, enfatizando en que resulta entonces contradictorio que el Estado endurezca el acceso a esta opción «a personas privadas de libertad que llevan muchos años trabajando en esto, esforzándose ellos y sus familias en mantener ‘conducta’ y seguir los requisitos».

Son dos las modificaciones que se han hecho en función de cambiar las reglas del acceso a libertad condicional, según explicó el director del Observatorio. Una el 18 de enero de 2019 y otra -la llamada Agenda Corta Antidelincuencia- el 24 de junio de 2016, siendo esta última donde, apuntó el activista, «existe un problema grave y serio».

«El Gobierno ha promulgado una ley que ante los ojos del derecho internacional es retrógrada, se vulneran principios como la certeza jurídica, el principio in dubio pro reo o la irretroactividad de la ley», advirtió Muñoz. En ese sentido, llamó al Ejecutivo a llevar a cabo «una correcta aplicación del Derecho» y a respetar los mencionados principios jurídicos.

Movilizaciones en las cárceles

En este contexto, desde el 6 de mayo pasado presos de casi todas las cárceles de Chile se han coordinado para llevar adelante una movilización que busca como objetivo fundamental la no aplicación retroactiva de la Ley 321.

Estas comenzaron en Colina 1 con una paralización de actividades y, según detallan las organizaciones sociales, hasta el momento se han sumado a este movimiento de protesta Colina 2, la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), la ex Penitenciaría, el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y las cárceles de Puente Alto, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Osorno, Valdivia, Puerto Montt, Valparaíso, La Serena, Antofagasta y Arica.

Se estima que son cerca de 15 mil personas privadas de libertad las que se han sumado a esta paralización de actividades y que hay un número cercano a 400 presos en huelga de hambre líquida repartidos en todos estos recintos penales, sumándose cada día más.

Desde las organizaciones que acompañan esta movilización intramuros, destacan que «en su magnitud y la unidad de la demanda es inédita en este territorio».