Ambos exfuncionarios, citados previamente por la Fiscalía para ofrecer sus declaraciones sobre este caso, coincidieron que no tienen nada que ocultar.
Dos miembros del gobierno del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) fueron detenidos este viernes, como parte de una investigación por supuesta corrupción.
En un operativo «por un presunto delito de concusión» realizado en la costera ciudad de Guayaquil (suroeste) fueron detenidos «los ex funcionarios públicos Alexis Mera, y María de los Ángeles Duarte«, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Mera, ex secretario jurídico de la presidencia y Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas, fueron privados de libertad «con fines investigativos» y serán «procesados por el presunto delito de concusión», que se castiga con hasta cinco años de cárcel.
En la audiencia de formulación de cargos, realizada en la Corte Nacional de Justicia, la jueza Daniella Camacho, impuso la incautación y prohibición de enajenar bienes por un valor de 3,5 millones de dólares para Mera y de 2,5 millones para Duarte.
El caso tiene relación con una investigación que abrió el pasado 4 de mayo la Fiscalía sobre supuestos aportes irregulares al movimiento Alianza PAIS en 2013 y 2014 por parte de compañías nacionales y multinacionales extranjeras, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.
Dichos aportes habrían servido para financiar las campañas de diferentes candidatos en esos períodos, entre ellas la del Rafael Correa.
Entre los elementos presentados por la Fiscalía figura «la pericia documentológica a un manuscrito de 8 hojas en el que habrían disposiciones de entrega y distribución de dinero a los procesados y a otras personas».
Tanto Alexis Mera como María de los Ángeles Duarte coincidieron que no tienen nada que ocultar y que no han recibido fondos de ningún tipo.
La investigación surgió a raíz de un reportaje publicado por el portal de internet «Mil Hojas», que denunció los hechos.
La Fiscalía dijo entonces que el objetivo era indagar sobre «la presunta existencia de una estructura de funcionarios públicos y personas jurídicas privadas que habrían mantenido relaciones contractuales con el Estado».
Según la Fiscalía, en esta estructura se administraban y movían fondos mediante un «intrincado» sistema de recaudación en efectivo y a través de cruce de facturas.
Por este caso, otras dos ex colaboradoras del gobierno de Correa están detenidas desde comienzos de mayo y son procesadas por acusaciones de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Se trata de su ex asesora, Pamela Martínez, y su ex asistente Laura Terán, quien hasta hace poco funcionaria de la Corte Constitucional.
Persecución judicial
Después de que Correa entregara el poder en mayo de 2017, se ha desatado una persecución judicial contra el propio expresidente, quien se encuentra junto a su familia en Bélgica , debido a que existe una orden de aprehensión en su contra por violación de medidas cautelares en el caso del secuestro de un político opositor.
A varios de sus colaboradores, incluido su ex vicepresidente, Jorge Glas, quien también ocupó el mismo cargo en el actual gobierno, así como una decena de exministros de Estado y antiguos altos funcionarios, especialmente del sector petrolífero, se les acusa de supuesta corrupción.
Asimismo, el excanciller, Ricardo Patiño, tuvo que marcharse apresuradamente al exterior solo unas horas antes de que la justicia de su país emitiera una orden de captura en su contra por presunta instigación contra el actual gobierno de Lenín Moreno.
Correa, reaccionó en Twitter ante la decisión de la justicia ecuatoriana y rechazó los supuestos delitos.
«Verdaderos ‘delitos’ de Alexis y María: haber sido parte del Gobierno que transformó la Patria y siempre los derrotó en las urnas«.
«Agravante para Alexis: ser mi abogado en más de 20 ‘casos’. ¿Por eso la prisión?», se preguntó a través de la red social en la que atribuyó las detenciones de sus dos excolaboradores a «una brutal persecución política«.
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