Narcotráfico: se incrementa campaña de Trump para militarizar América Latina

Por Florencia Lagos Neumann
Especial para Crónica Digital

En la reunión ordinaria de la Comisión Interamericana por el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Buenos Aires entre el 8 y 10 de mayo, se suscitaron discrepancias entre países por el tema de Venezuela y el narcotráfico en la región.

Funcionarios de países como Colombia y Chile tuvieron diferencias por el incremento de tráfico marítimo de drogas en el Pacífico Sur, donde se mantiene la versión de Estados Unidos: Colombia ha incrementado la producción de drogas y les preocupa que no puedan controlarla.

Puertas afuera salió a relucir la posibilidad de que el Gobierno de EE. UU. emita una nueva certificación en relación al tema de las drogas, que no sería del agrado de Iván Duque. También puede haber movimientos en la Embajada estadounidense en Colombia, para certificar que se cumplan los objetivos de la administración Trump sobre este asunto.

Contratistas y efectivos de EE.UU.

Las presiones de EE. UU. a Colombia sobre el tema de las drogas, más allá de tener un componente electoral, también responden a la necesidad de justificar una mayor presencia de contratistas y efectivos en ese país, atendiendo a que aún se sostiene la vía militar contra Venezuela, elemento por el cual el Grupo de Lima no logra un consenso.

En un marco aparte, la delegación norteamericana, representada por Richard Glenn, director adjunto de la Oficina de Narcotráficos del Departamento de Estado; Ariadne Berchman, especialista de narcótico; y Brian Morales, especialista del mismo Departamento; sostuvieron reuniones con representantes de Guatemala, Argentina y Chile para tratar el tema de Venezuela.

Escuela, jueces y fiscales chilenos

El objetivo de la reunión fue ver la disposición de estos Gobiernos, sobre todo de Chile, de participar en un proceso de capacitación de jueces y fiscales para establecerse en Venezuela, una vez que “saquen” a Maduro del poder.

Estos jueces se prepararían en una academia que posee Washington en El Salvador -la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley- cuyas siglas en inglés son ILEA, dedicada a la capacitación de jueces y policías de Latinoamérica.

Jueces y fiscales chilenos y argentinos serían los encargados de enseñar a estos nuevos jueces para impulsar el acercamiento y la capacitación a juristas venezolanos, buscando penetrar en el sistema judicial de ese país ante un eventual cambio de gobierno.

Un poco de historia…

Después de varias décadas de «guerra contra las drogas», acompañadas de un costo colosal en vidas humanas y recursos materiales, los narcotraficantes son hoy más fuertes que nunca y controlan un territorio más amplio que en cualquier época anterior.

Estados Unidos tiene el índice de sobredosis por droga más alto entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según un estudio. Una encuesta nacional del Departamento de Salud reveló que aproximadamente 22 millones de norteamericanos mayores de 12 años consumen algún tipo de drogas.

Es imposible creer que exista realmente una voluntad política para poner fin a este flagelo universal, cuando observamos el papel que ha desempeñado el narcotráfico en la contrainsurgencia, la expansión de las transnacionales y las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos y otras potencias.

Las administraciones estadounidenses durante los años ’80 y ’90 apoyaron a gobiernos sudamericanos involucrados directamente en el tráfico de cocaína. Durante la gestión de Jimmy Carter, la CIA intervino para evitar que dos de los jefes del cártel de Roberto Suárez (Rey de la Cocaína) fuesen llevados a juicio en Estados Unidos. 

Varios gobiernos, y en particular el de George W. Bush, han sido cómplices del genocidio en Colombia. La «guerra contra las drogas» sostenida por EE. UU. con recursos financieros multimillonarios, asistencia técnica y cuantiosa ayuda militar, no ha logrado detener el flujo de cocaína y, por el contrario, ha sido determinante en el surgimiento y desarrollo de los grupos paramilitares al servicio de narcoterratenientes y también como pretexto para mantener el dominio sobre los trabajadores y la población campesina.

El Plan Colombia resultó un completo fracaso, pero sirvió como pantalla para la injerencia de Estados Unidos en el país y mostró claramente su verdadero objetivo: la contrainsurgencia.

Narcotráfico es probablemente el negocio más lucrativo

Con la guerra en Colombia se lucran las empresas químicas que producen los herbicidas, la industria aeroespacial que suministra helicópteros y aviones, los fabricantes de armas y, en general, todo el complejo militar-industrial.

Al final, los billones de dólares que genera el tráfico ilegal de drogas incrementan el poder financiero de las corporaciones transnacionales y de la oligarquía local.

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