La filtración de varias conversaciones privadas, podrían dar evidencia que había colaboración de poderes públicos para inculpar a Lula
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, asegura que el juez que condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), Sérgio Moro (quien en la actualidad es ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro), ha violado la Constitución al actuar de la mano de la Fiscalía en el proceso que sentenció al líder izquierdista.
«Las conversaciones entre Moro y Dallagnol (fiscal de la Operación Lava Jato) muestran que el actual ministro se entrometió en el trabajo del Ministerio Público (lo que no esta permitido) y fue bien recibido, actuando informalmente como auxiliar de la acusación; Moro y Dallagnol violaron la Constitución brasileña, que definió el sistema acusatorio en el proceso penal, en que las figuras de acusador y juzgador no pueden mezclarse», escribió en su cuenta de Twitter este lunes.
Hoffmann se refiere en este caso a las revelaciones publicadas por el diario The Intercept, que este 9 de junio filtró varias conversaciones privadas entre el entonces juez Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato, en las que se puede dar evidencia que había colaboración entre ambas partes para poder inculpar a Lula.
«Moro y Dallagnol actuaron combinados, con parcialidad y motivaciones políticas, para impedir la victoria electoral de Lula y del PT: forjaron una acusación sin pruebas y armaron una farsa jurídica contra Lula», lamentó el domingo, cuando salieron a la luz las informaciones.
La máxima representante del partido de los trabajadores pidió que se anule el proceso que llevó a Lula a la cárcel, haciendo incapié en que fue el juez Moro quien lo condenó inicialmente.
Fuentes de la defensa del exmandatario dieron a conocer a la agencia Sputnik, que están estudiando usar estas nuevas informaciones para reforzar la petición de nulidad que presentaron en su momento ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, afirmado que Moro no era un juez imparcial.
El expresidente brasileño está preso desde abril del año pasado en Curitiba (sur de Brasil), cumpliendo una condena de ocho años y diez meses por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
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