Un escándalo despertó a Brasil el domingo. En tres reportajes, el portal de noticias The Intercept reveló una serie de conversaciones que dejan al descubierto que el exjuez de la trama Lava Jato y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, coordinó con fiscales para encarcelar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).
Las revelaciones llegaron para confirmar la guerra jurídica en contra del exmandatario que denunció la defensa desde el inicio de la arremetida de la justicia brasileña.
Una de las figuras en pronunciarse después de que se dieron a conocer las revelaciones fue la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien denunció que «la guerra mediática-judicial contra los líderes de la oposición en América Latina quedó al descubierto» y exigió la libertad de Lula y el cese de la persecución.
El exmandatario brasileño ingresó a la celda de la Policía Federal de Curitiba el 7 de abril de 2018 para cumplir, inicialmente, una condena de 12 años y un mes por delitos de corrupción que no han sido probados.
El pasado 23 de abril, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó reducir la condena a 8 años, 10 meses y 20 días.
Y el pasado 4 de junio, el Ministerio Público Federal de la nación sudamericana solicitó al TSJ evaluar si se le puede conceder el beneficio de régimen semiabierto para seguir cumpliendo su condena. El planteamiento lo presentó la subprocuradora Áurea Lustosa Pierre.
«Quiero probar que todo es una farsa. Tengo una obsesión, pero no siento odio, no guardo rencor porque, a mi edad, cuando uno siente odio se muere antes. Como quiero vivir 120 años, voy a trabajar mucho para demostrar mi inocencia», dijo Lula en una entrevista que concedió en abril a El País y al diario Folha de São Paulo desde prisión.
Este lunes, mediante un comunicado, el Partido de los Trabajadores manifestó que las conversaciones filtradas por The Intercept constituyen un «atentado a la democracia«, reseñó EFE.
«Cometieron crímenes contra la libertad de Lula, contra el derecho de defensa y el debido proceso legal y, principalmente, contra la soberanía del pueblo en el proceso electoral», señalaron.
Guerra contra los progresistas en Argentina
La campaña contra los líderes progresistas también ha sido denunciada en Argentina de cara a las elecciones de octubre. El viernes pasado, la exmandataria indicó que tal como sucedió en 2017, el partido del presidente Mauricio Macri, Cambiemos, y Comodoro Py arman un «cronograma» judicial que va de la mano del calendario electoral.
El Gobierno, junto al poder judicial y los grandes medios persiguen a la oposición para lograr un beneficio electoral, alertaron en un video que difundió en su cuenta de Twitter.
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