El 11 de abril de este año la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú estableció que el ex oficial del Ejército de ese país, Arturo Moreno Alcántara, debe enfrentar una acusación por el homicidio y desaparición forzada del joven de 19 años Arquímedes Ascarza Mendoza, víctima en el caso de violaciones a los Derechos Humanos ocurrido en la década de los ’80 conocido como ‘Los Cabitos’. La fiscalía peruana está pidiendo 25 años de cárcel para él.
En ese contexto, el tribunal sentenció que el ex uniformado debe ser «habido y puesto a disposición de la Sala, debiéndose oficiar cada cuatro meses para su ubicación y captura a nivel nacional e internacional». Sin embargo, Moreno Alcántara goza de la calidad de ‘refugiado político’ en nuestro país, luego de que en 1992, tras el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, formara parte de un grupo de militares que intentaron un contragolpe con el objetivo de instalar un gobierno militar.
En conocimiento de estos importantes antecedentes, el pasado sábado 4 de mayo la mítica Comisión Funa llegó hasta el 906 de la calle Jacinto Chacón en la comuna de La Reina para realizar una acción pública de denuncia en contra de Arturo Moreno Alcántara. Junto con ello y en coordinación con otras organizaciones de Derechos Humanos de Chile y Perú, la Comisión ha solicitado a la Cancillería de nuestro país revocar su estatus de «refugiado político», para que así pueda enfrentar a la Justicia peruana.
La intervención tuvo una amplia difusión en medios de comunicación y repercusión a nivel nacional e internacional, lo que también se ha traducido -según acusan desde la organización de Derechos Humanos- en presiones a nivel político en favor del ex militar.
A través de una carta pública, la Comisión Funa está denunciando que recibieron un «intento de presión» del ex precandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, quien «insinuó que estaríamos equivocados» y «ofreció mediar para que pudiéramos reunirnos con Moreno Alcántara», siendo esta opción totalmente descartada por la Comisión Funa.
Por otra parte, acusan que la concejala RD por la comuna de La Reina, María Catalina Rubio, «ha entregado información personal de algunas vecinas y vecinos de Moreno (sin el consentimiento de ellos), datos que ha utilizado el genocida peruano para comunicarse con ellos, quienes se han sentido amedrentados».
«Creemos que esta situación es o puede entenderse como una ‘delación’ de la concejala, siendo algo sumamente grave, puesto que la vecindad tiene temor a posibles represalias de un criminal genocida», añaden desde la Comisión Funa.
En ese sentido, la organización, junto con advertir que no aceptarán «más intentos o maniobras para acallar nuestra lucha contra la impunidad», emplaza al Frente Amplio a pronunciarse respecto de esta situación, apuntando que paralelamente a las acciones que denuncian, «hemos recibido apoyo por nuestra acción del Movimiento Autonomista de La Reina mediante una declaración pública».
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