Organizaciones de DDHH hacen un llamado internacional en repudio a crímenes de lesa humanidad en Colombia

Los denunciantes dan cuenta de la existencia de diversos antecedentes e informes de la sociedad civil sobre estos hechos, que se contraponen categóricamente a los anuncios presidenciales

Diversas organizaciones y personalidades en materia de derechos humanos, medio ambiente y procesos sociales de quince países, emplazan al Estado colombiano y sus gobernantes, encabezados por el presidente Iván Duque, ante lo que han denominado “El incumplimiento de obligaciones en derechos humanos y el derecho internacional humanitario ante los sistemáticos crímenes de lesa humanidad en contra de líderes sociales”, los que a juicio de estas organizaciones, involucra: “asesinatos selectivos, amenazas de muerte, hostigamiento y persecución, abusos y violaciones, desplazamiento forzado de poblaciones”, agregando que en su mayoría “se sitúan en el marco de conflictos territoriales donde priman intereses de transnacionales extractivistas y a su vez, operan grupos mercenarios, sicarios, como también, descontroladas fuerzas de seguridad responsables de diversas acciones de violencia en contra de la población civil desarmada, principalmente rural indígena, campesina y afrodescendiente”, sentenciaron.

Entre las personalidades que encabezan esta carta/comunicación, está el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y las Madres de la Plaza de Mayo de la línea fundadora en Argentina, quienes hacen un ferviente llamado a la comunidad internacional democrática y de derechos humanos (DDHH), para que se intensifiquen todas las diligencias necesarias en el cumplimiento del Estado de Derecho en dicho País.

Señalan: “Como organizaciones defensoras de derechos de diferentes países, exigimos la implementación de un Estado de Derecho en Colombia, el que debe asumir las normas de derechos humanos en los procesos jurídicos, las instituciones y las normas sustantivas. Señalamos que No puede existir Estado de Derecho si no se protegen los derechos humanos”, indicando que existe una desatención por parte del presidente Iván Duque a las distintas recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos., tales como las efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos.

Los denunciantes dan cuenta de la existencia de diversos antecedentes e informes de la sociedad civil sobre crímenes de lesa humanidad y que se contraponen categóricamente a los anuncios presidenciales de fines de mayo al señalar el propio Duque a agencias de prensa “Que en lo corrido de su mandato el asesinato de líderes sociales ha disminuido en el país, debido a las distintas herramientas que se han implementado para atacar este fenómeno”, existiendo para ellas múltiples indicadores que dan cuenta del absoluto fracaso en la implementación del “Plan de atención oportuna” del gobierno, así como otros programas inter gubernamentales”, los que para ellas no tan solo han sido infructuosos para garantizar la paz y el Estado de Derecho, “más bien, en las zonas de incidencias territoriales por medio de diversos organismos públicos y privados de estos programas, los crímenes y violaciones a los DDHH han aumentado, principalmente en zonas de conflictos territoriales que involucran intereses de transnacionales extractivistas.”.

Exigencias de las organizaciones internacionales:

Uno de los puntos que exigen las organizaciones, es la moratoria de concesiones para exploración y explotación extractivista de transnacionales en zonas de asesinatos de líderes sociales defensores de los territorios, con el fin de que se resguarden y reparen los derechos humanos de las víctimas y se investigue la relación de los intereses de industrias mineras, petroleras e hidroeléctricas en crímenes y violaciones de derechos humanos de opositores a esos proyectos.

Otro punto dirigido al presidente Iván Duque, es la atención e implementación de las distintas recomendaciones de organismos internacionales de DDHH, tales como las efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 15 de enero del presente año, con llamados urgentes para la imposición de una serie de medidas tendientes a la prevención, reparación y garantías para líderes sociales. Asimismo, las efectuadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, realizadas a fines del 2018 luego de una misión, con especial atención al rol de las empresas públicas y privadas en materias de derechos humanos.

Por otro lado, invitan a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas a atender de manera urgente la grave situación que enfrenta el territorio de la Guajira ante la crisis humanitaria que se vive y la masiva muerte de niños y niñas indígenas Wajuu a causa del hambre, salud y falta de agua.

A su vez, emplazaron al Estado colombiano y sus instituciones responsables, para el desmantelamiento de toda asociación ilícita de bandas criminales, castigo y sanción a las redes de corrupción público y privado, en especial aquellas ligadas al narco-paramilitarismo e intereses transnacionales, que buscan acaparar territorios y explotar recursos naturales, atentando contra los derechos humanos de amplias poblaciones, particularmente indígena, campesina y afrodescendiente.

Las organizaciones firmantes, señalan categóricamente que en Colombia no existe Paz social, que hay crímenes contra la humanidad, con directa responsabilidad del Estado por acción u omisión y que, “engloban actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil inocente e indefensa, principalmente defensores de derechos humanos y de territorios”.

Estos crímenes de lesa humanidad involucran asesinatos selectivos, desplazamientos forzados de poblaciones, torturas, violaciones sexuales, persecución por motivos políticos y raciales, además de desaparición forzada de personas. Es urgente que la comunidad internacional defensora de los derechos humanos y democrática, reaccione con urgencia ante estos hechos.

Por otro lado, las organizaciones solicitan a las representaciones de las diferentes organizaciones sociales y comunidades de Colombia vinculadas a la defensa de los derechos humanos y territorios, a asumir una mayor responsabilidad en términos de seguridad organizacional, considerando factores individuales como también de tipo colectivo, haciéndose un llamado a establecer y/o revisar nuevas y urgentes medidas de seguridad.

Una de las referencias consideradas por las organizaciones, es el informe emitido el 20 de mayo del 2019 y difundido por INDEPAZ, que se refiere a un total de 837 personas asesinadas, entre los que se encontraban 702 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos (132 de los casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 80 hasta el 20 de mayo del 2019) y 135 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en presentación en Riohacha del Informe Anual de ACNUDH para los DDHH sobre Colombia (11 de junio), se indicó: “Este año, hasta el 7 de junio de 2019, nuestra oficina recibió 76 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos; hemos ya documentado 26 de esos casos y 3 de ellos en la región Caribe”.

Entre las organizaciones internacionales que se han manifestado en esta acción, están: Word Rainforest Movement (WRM); Coordinadora Latino Americana de Cine y Comunicación Indígena (CLACPI); Observatorio Petrolero Sur (OPSur); Servicio Paz y Justicia América Latina / Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; III Misión Internacional de la Vía Campesina en Colombia; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

A nivel de países, desde Argentina destacan varias representaciones de la línea fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo y el Movimiento de Mujeres indígenas por el buen vivir. En Brasil, referentes indígenas organizacionales Ka’apor. Desde Chile, destacan la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas y Rurales (Anamuri), El movimiento por el agua y los territorios, la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Desde Catalunya, AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes y SETEM Catalunya. Desde México, el Nodo de Derechos Humanos. Desde Paraguay, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas de Paraguay (FAPI), como parte de cerca del casi centenar de organizaciones y personalidades que involucran también a otros países como Bolivia, Nicaragua, Perú, Suecia, Estados Unidos, Venezuela y Uruguay, incluyendo a organizaciones de colombianos y colombianas migrantes residentes en diferentes países desde donde abogan por la paz en sus territorios de origen.

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