El Gobierno del presidente Iván Duque redoblará acciones para proteger y garantizar la seguridad a los excombatientes de las FARC.
Así lo anunció el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación en Colombia, Emilio José Archila, tras una mesa de coordinación celebrada este jueves con distintos organismos de seguridad en la nación neogranadina.
La viceministra de Defensa, el consejero de Seguridad, Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el comandante del Ejército, Defensoría, el Cuerpo Élite de Policía, y la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) han manifestado que “no han escatimado ningún esfuerzo para proteger a los excombatientes”.
Archila anunció ante la prensa que se tomaron decisiones importantes, entre ellas, sistematizar las órdenes de captura que existen en contra de los presuntos homicidas de los excombatientes de las FARC.
La estrategia
En esta reunión conjunta, también se tomó la hoja de ruta necesaria para garantizar la presencia de los organismos de seguridad en los nuevos sitios de asentamiento de la FARC.
De cara a las elecciones de octubre próximo, el Ministerio del Interior de Colombia y el presidente Duque han diseñado un “robusto plan” para la protección de las FARC.
En tal sentido, se acordó la realización de mesas de comando unificado, mesas de inteligencia de manera periódica y coordinación con los alcaldes y gobernadores “para que no sea solamente una competencia nacional”.
De acuerdo con lo expuesto por Archila, estos encuentros se efectuarán permanentemente “con las máximas cabezas de las entidades” de seguridad, a fin de hacer un seguimiento cada 15 días o una vez al mes.
En estos esfuerzos, la Defensoría del Pueblo deberá tener «una línea específica de alertas tempranas para los excombatientes, distinta de la que hay para los líderes sociales».
El anuncio lo hizo el funcionario en la Casa de Nariño (sede del Gobierno, en Bogotá) al término de la primera sesión de la Mesa de Articulación, instalada con el fin de fortalecer los mecanismos de protección a los excombatientes de las FARC y aumentar la efectividad de las investigaciones de los crímenes contra esta población en proceso de reincorporación, reseñó el portal Sputnik.
Demanda de seguridad
Desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, más de 130 excombatientes de las FARC han sido asesinados en el país.
El 18 de junio de este año, el máximo líder del partido de izquierda colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño, alias Timochenko, denunció el asesinato de otros dos integrantes de la FARC y pidió a la comunidad internacional que actúe frente al Gobierno para que se exijan medidas al respecto.
Dirigentes del ahora partido político denuncian además que las amenazas en contra de los exguerrilleros se han incrementado.
Tras la denuncia, Duque pidió a Archila que hiciera un examen de los asesinatos de exguerrilleros de las FARC y a la Fuerza Pública que encuentre a los responsables.
Archila aprovechó la oportunidad para desmentir que la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz (CSIVI) esté suspendida, como lo advirtió Rodrigo Londoño, presidente de las FARC.
“Nos reunimos periódicamente con las personas de las FARC, ellos son los que casi siempre agendan”, comentó el funcionario, citado en El Espectador.
El Senador Julián Gallo, en declaraciones a la prensa, exigió al presidente Duque plenas garantías a quienes dejaron las armas “para que podamos hacer nuestro proceso de reincorporación socioeconómica y política”.
El Gobierno, por su parte, ha reiterado su rechazo hacia estos asesinatos de excombatientes y afirma estar dispuesto a garantizar investigaciones a fondo.
“Tenemos que encontrar a los autores de estos crueles asesinatos (…) y no queremos que se sigan presentando estos hechos” en Colombia, aseveró el presidente Duque.
El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, ha dicho que los organismos de seguridad han prestado toda la colaboración logística para adelantar las investigaciones “hasta las últimas consecuencias”.
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