En las imágenes, se aprecia a un individuo sentado con las manos atadas y los ojos vendados con cinta aislante siendo interrogado sobre donde fueron llevados los 43 estudiantes del caso Ayotzinapa.
La polémica acerca de la tortura como medio interrogatorio presuntamente aplicado por autoridades policiales de México ha entrado nuevamente en discusión, y es que a principios de junio circuló en las redes sociales un video, donde “supuestamente” se puede observar el uso de esta práctica durante la investigación del caso Ayotzinapa.
En el video, se aprecia a un individuo sentado con las manos atadas y los ojos vendados con cinta aislante siendo interrogado sobre donde fueron llevados los 43 estudiantes, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Aunque claramente no se puede ver el interrogador, si se puede apreciar que detrás del sospechoso está un sujeto que “al parecer” lleva un uniforme de agente ministerial de la Fiscalía Federal. Esta persona luego le coloca una bolsa de plástico en la cabeza al interrogado y la estira para cortarle el oxígeno. Después una tercera persona parece electrocutarlo.
Los medios de comunicación locales que accedieron al video, publicado en YouTube, revelaron que la persona torturada sería Carlos Canto Salgado, detenido el 22 de octubre de 2014, como parte de los avances de la investigación en el caso Ayotzinapa, por el policía ministerial federal Ezequiel Peña Cerda y el marino Ariel Agustín Castillo Reyes.
Canto, dice en el interrogatorio que un grupo de unos 12 jóvenes fueron bajados del autobús en el que se transportaban y de ahí llevados a un poblado cercano.
Asimismo, el presunto interrogador fue identificado por la prensa como Carlos Gómez Arrieta, para ese entonces encargado de la policía federal ministerial.
Ante el hecho, voceros de la Fiscalía General de la República declararon que analizarán los materiales de la investigación por tortura, anteriormente abierta por la Visitaduría General, contra los citados efectivos, así como contra sus superiores.
ONU ha registrado 34 casos de tortura en México
Un documento publicado en marzo de 2018 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), concluyó de que existen «motivos fundados» para creer que algunas de las personas «fueron detenidas arbitrariamente y torturadas» en México, durante las primeras etapas de la investigación sobre la desaparición de los estudiantes.
Citando al portal internacional RT, en el texto se estableció que «las graves violaciones [a los derechos humanos] fueron inadecuadamente investigadas e, incluso, encubiertas [por el Gobierno de México]».
A través de este informe la ONU documentó al menos 34 casos de tortura en el marco de la investigación del caso Ayotzinapa. Cabe mencionar que la tortura de Carlos Canto Salgado no figura entre los casos confirmados.
Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México desestimó estas acusaciones, indicando que la OACNUDH «omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales, entre ellos, el Protocolo de Estambul”.
Según el Gobierno de México, el informe de la ONU «se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes».
En medio de la polémica, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) reveló en abril del 2018 otro informe de la ONU que el Gobierno mexicano mantenía en reserva. En este documento se denunciaba corrupción, práctica generalizada de la tortura y su impunidad en las cárceles y centros de detención de este país latinoamericano, reseñó RT.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (SPT) de las Naciones Unidas, había entregado su informe a la Secretaría de Exteriores de México en diciembre del 2017, pero las autoridades federales no lo hicieron público. Sin embargo, el Estado se vio forzado a dar a conocer el documento por una solicitud hecha por la CMDPDH a través del Sistema Nacional de Transparencia.
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