Vigilando los Derechos Humanos

En el país fue necesaria la existencia de observadores ante acciones arbitrarias

En 2011 nació ‘Observadores y Defensores de Derechos Humanos’ (ODDH Chile), en respuesta al llamado de la Confederación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Confech) para que personas vinculadas a organizaciones de derechos humanos actuaran como observadores, ante las numerosas denuncias de violaciones a los DDHH durante las manifestaciones estudiantiles. Su trabajo es de carácter voluntario y no reciben remuneraciones por su importante labor. El Ciudadano entrevistó a Raúl Encina Tapia, fundador y miembro de la “ODDH Chile”.

-¿En qué consiste el trabajo de ODDH durante las manifestaciones ciudadanas?

-Participamos en las manifestaciones públicas constatando cómo el Estado posibilita el ejercicio democrático; cómo se resguarda la seguridad así como la protección de las viviendas y de los espacios públicos. Si se requiere, se dan los primeros auxilios y se lleva a las personas a los servicios de urgencia. También se acompaña a los detenidos a las comisarías porque existen muchos casos de detenciones arbitrarias. Personas que salían de hospitales, incluso que venían de ver nacer a un hijo, fueron detenidas inculpándolas de desórdenes en protestas. Éste es un movimiento que surge desde la sociedad. Es importante precisar esto porque el Estado es quien tiene por ley la obligación y responsabilidad de garantizar los Derechos Humanos, y no la sociedad civil. Primero, porque se comprometió ante la comunidad internacional y, luego, porque tiene el monopolio de la fuerza.

-¿Qué importancia tiene el respeto a los DDHH para la democracia?

-Muy significativa. La Organización de Naciones Unidas como conjunto, y específicamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) insisten en que el respeto a los Derechos Humanos es una garantía para la democracia. Aquí es fundamental la participación. En los procesos electorales la mayoría de los candidatos e instituciones llaman a las personas, especialmente a los jóvenes, a participar. Pero suele ocurrir que cuando la sociedad civil se expresa para opinar sobre sus derechos, se responde con represión.

-De acuerdo al ámbito jurídico, ¿quién es responsable de este tipo de delitos?

-La figura jurídica de violación a los Derechos Humanos sólo es atribuible a los agentes y funcionarios del Estado. En cambio, a un particular esa figura no se le puede aplicar; en esos casos puede hablarse de delito o falta, pero la violación de los Derechos Humanos es atribuible única y exclusivamente al Estado. Los Estados existen para servir al pueblo. Y, en este momento, es este pueblo el que dice a sus representantes, “queremos velar porque el compromiso que ustedes hicieron para defender los derechos de todos los ciudadanos, se cumpla”.

-¿Cuáles son las situaciones más serias que han observado en las calles durante las manifestaciones sociales?

-Lo más serio es toda una estructura represiva que se manifiesta hacia la sociedad silenciando las expresiones ciudadanas. No sólo los manifestantes han sido golpeados y heridos, sino también los mismos observadores de DDHH, hasta con golpes en genitales o heridas de proyectiles. En el acto del 15 de octubre -donde había un escenario- la represión se ejerció directamente contra la gente. Había niños, mujeres embarazadas, personas con asma que fueron duramente reprimidas. Y esto, en un acto cultural de los pueblos originarios, que son un patrimonio social fundamental de nuestra nación.

-Desde los parámetros constitucionales ¿cómo evalúan el proyecto de la llamada Ley Hinzpeter?

-Con todos sus cuestionamientos, hoy existe una normativa que garantiza los derechos ciudadanos. Pero esta ley promovida por el ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, apunta en el sentido contrario porque tiende a hacer retroceder los avances referidos a los tratados firmados y ratificados por Chile. También representa un retroceso de las conquistas democráticas porque se criminaliza el derecho a la manifestación. Se mira como una subversión del orden, cuando precisamente la posibilidad de participar es lo que otorga el fundamento de gobernabilidad a una nación. Esta ideología que subyace a la prohibición -penalizando la protesta social- es un atentado contra la democracia y contra el estado de derecho, porque su base está en la expresión de la voluntad soberana del pueblo.

-¿Cómo evalúan la situación de DDHH en las comunidades mapuches?

-Es discriminadora y negadora de todo un pueblo. La recurrencia a la Ley Antiterrorista es profundamente nociva para juzgar responsabilidades que con las leyes existentes se podrían investigar y sancionar. Esta tendencia ha demostrado un fracaso rotundo. Así, han tenido que revertirse resoluciones judiciales por contar con pruebas que llegan al absurdo. El tema es que no se pueden usar los juicios de manera tendenciosa. Los tribunales son independientes y deben cumplir su rol atendiendo a la legislación.

-¿Cómo evalúan el actual desempeño judicial en los casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura, y respecto a la reparación para las familias de las víctimas?

-Es importante plantear esto como un problema no de un sector político específico, sino de toda la sociedad, si se quiere vivir en forma justa y democrática. Hay una actitud indolente y reactiva. Por ejemplo, cuando se evaluó a Chile con respecto a la tortura, nuestro país fue muy mal calificado, lo que finalmente determinó, recientemente, que no haya sido reelecto en el Consejo de DDHH de la ONU. Porque no se concibe que se tenga un discurso ante la comunidad internacional mientras en casa hay violaciones a los Derechos Humanos.

Por Rocío Munizaga

El Ciudadano Nº136, segunda quincena noviembre 2012

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