La política antimigratoria de Donald Trump no es un secreto, desde su campaña electoral anunció que deportaría a más de tres millones de indocumentados de los Estados Unidos.
Este tema es medular en el diseño político de los republicanos y no se salvan espacios, que tras más de cuarenta años de lucha, podían ser zonas de trabajo y vida para inmigrantes.
El caso de Florida se inicia cuando el Alcalde Carlos Giménez (2017) del condado de Miami Dade (que incluye ciudades como Miami, Hialeah, Doral y Miami Beach), renunció a que su ciudad fuera santuario y dijo que se iban a empezar a satisfacer las peticiones de ICE Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Para el presidente del Partido Republicano de Florida y principal patrocinador de la ley, Joe Gruters, y para el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, esto es solo el principio de una política migratoria mucho más restrictiva.
La ley SB 168 fue una de las promesas electorales de DeSantis para llegar a la gobernación de Florida, cargo que ocupa desde enero de 2019.
Temor entre los indocumentados
El representante de la Coalición Inmigrante de Florida no cree que la retórica se vaya a suavizar de cara a las elecciones presidenciales de 2020. “Trump no va a ablandar la retórica, se va a poner más antiinmigrante, más lleno de odio”. Anticipan que acabará con las ciudades santuario en Florida, lo que atemoriza a los inmigrantes indocumentados.
La polémica ley SB 168, aprobada por el Congreso y el Senado estatales en mayo, entró en vigor el pasado 1 de julio y convirtió a Florida en uno de los estados más estrictos con la inmigración irregular de todo Estados Unidos.
La ley SB 168 prohíbe las llamadas «ciudades santuario», como se conoce a las ciudades que, de forma explícita, rechazan colaborar con las autoridades federales de migración en el proceso de deportación de indocumentados.
La entrada en vigor de esta ley se suma a la amenaza de redadas migratorias que, según el presidente Donald Trump, pueden empezar tan pronto como el 4 de julio, salvo que se produzca un acuerdo con los demócratas en el Congreso.
Retroceso en Florida
Este avance en las políticas migratorias de EE. UU., surgió en la década de 1980, luego de que la ciudad de Los Ángeles le pidiera a la policía que dejara de interrogar a algunas personas solamente para determinar su estatus migratorio en 1979.
En 1989, la ciudad de San Francisco aprobó una ordenanza que prohibía el uso de los fondos de la ciudad para reforzar las leyes federales de inmigración.
Hay cientos de zonas en el país que funcionan de este modo, y algunas de la ciudades declaradas «santuario» son Miami, Los Ángeles, Seattle, San Diego, Austin, Boston, Houston, Chicago, San Francisco y Denver.
A partir del 1 de julio de 2019, este avance en el tema de los derechos humanos, ha retrocedido; sin embargo, algunos de los alcaldes de estas ciudades se enfrentan a la administración Trump.
Por su parte, Donald Trump anunció: «Acabaremos con las ‘ciudades santuario’. Las que se opongan a colaborar con las autoridades federales no recibirán más dinero de los impuestos».
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