Asesinado líder comunitario en Colombia: suman 75 bajo el amparo de Duque

Reina la impunidad en la nación suramericana

El Ciudadano

12/07/2019 10:18am

El senador Carlos Alberto Lozada, integrante del partido FARC, denuncia que la cifra de líderes sociales asesinados supera los 600 desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016

El 7 de agosto de 2018 Ivan Duque recibió la banda presidencial colombiana, y desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 27 de junio de 2019 se han contabilizado 265 líderes políticos, sociales y comunales víctimas de violencia en Colombia.

Así lo reveló esta semana un informe del Observatorio de Violencia Política y Social de la Misión de Observación Electoral (MOE), con sede en el país suramericano.

De esas 265 víctimas, al menos 75 (28 %) resultaron asesinadas. En promedio, mensualmente asesinan a ocho líderes políticos, sociales o comunales en Colombia, en apenas poco másde 250 días de calendario electoral, según el MOE.

Este viernes, un nuevo precandidato y líder comunitario del departamento Valle del Cauca se unió a la trágica estadística de líderes asesinados. Se trata de José Orlando Ordoñez Vanegas, de 29 años, maestro de construcción y quien era aspirante al Concejo Municipal de Toro por el partido Cambio Radical.

Pero, la unanimidad no se encuentra a la hora del registro de los asesinatos de líderes sociales, pues la Defensoría del Pueblo asegura que son 462 asesinatos desde el 1 de enero de 2016 a febrero de 2019, y el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) ubica la cantidad en 670 homicidios en el mismo periodo.

En tanto, el senador Carlos Alberto Lozada, integrante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), denuncia que la cifra de líderes sociales asesinados supera los 600 desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016.

Por su parte, en mayo pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su «preocupación» por la ola de asesinatos en Colombia, y aseguró que en los primeros cuatro meses de 2019 se registraron 51 muertes de líderes sociales.

Indiferentemente de la cifra que se quiera dar por cierta, todas son alarmantes, y demuestran que aunque se quiera aumentar o disminuir dependiendo de los intereses de personas u organismos, el número sigue siendo escalofriante.

Además, esta cifra demuestra que convertirse en un líder social en Colombia es someterse a persecuciones, acoso, secuestros y amenazas de muerte.

Por otro lado, el banco de datos de derechos humanos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) resalta que de los 1.418 casos de victimización contra líderes registrados por el organismo en 2018, en al menos 195 aparece la etiqueta «desconocido» donde debe ir el nombre del autor o victimario.

Asimismo, en 139 casos los autores son hombres armados o encapuchados y en otros 562 casos no hay información. Esto equivale a 896 casos (63 %) que están en la impunidad, resalta el documento citado por El Espectador.

Duranrte décadas, Colombia ha estado sumida en la violencia. Mientras los organismos internacionales se limitan a manifestar su «preocupación» por tantas muertes y asesinatos, la realidad es que los años pasan y ni con el Acuerdo de Paz con las FARC el país se acercó a esa anhelada tranquilidad.

La práctica sistemática de asesinatos selectivos de líderes sociales recrudeció visiblemente durante la aplicación de la llamada “Política de Seguridad Democrática”, desplegada por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), responsables de los «falsos positivos» o asesinatos de líderes civiles que eran presentados como “guerrilleros abatidos” y “éxitos militares”.

El portal Resumen Latinoamericano reseña el libro “Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, 2002-2010«, de Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva. En un artículo explica que las Fuerzas Armadas colombianas afirmaban que las insurgencias estaban conformadas por cerca de 30.000 personas en 2002.

Ahora, al terminar Uribe su segundo periodo, en 2010, los mismos militares presentaron las siguientes cifras: 19.405 guerrileros muertos en combate, 63.747 capturados y 44.954 desmovilizados.

Esas estadísticas arrojan un total de 128.106 insurgentes. Entonces, ¿de dónde salieron tantas muertes, capturas y desmovilizaciones? se preguntan los autores.

Ante denuncias de masacres contra la población comenzaron las justificaciones y aumentaron las confusiones con los números que presentaba el Estado.

La política de Seguridad Democrática de Uribe llegó a decir que las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales eran apenas 42 casos. SIn embargo, en 2015, la Fiscalía General de la Nación documentaba 4.500, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos reportaba 5.700 y varias organizaciones no gubernamentales registraban 6.200.

En 2010, el Ministerio de Defensa afirmó que los muertos en combate habían sido 19.405. Luego, en 2014 presentó un cuadro en el que registraban solamente 15.925, . Entonces, medios, líderes y políticos se preguntaron qué había pasado con los más de 4.000 casos que desaparecían de las cifras oficiales.

Para los autores del libro “Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, 2002-2010″ la cifra que se esfumó correspondería a los «falsos positivos».

Ante la tragedia de la violencia que se impone en Colombia, los organismos internacionales simplemente ofrecen una que otra declaración para calmar las denuncias. Mientras, es el pueblo humilde el que grita y reclama justicia a través de los pocos medios que dan a conocer la verdadera realidad del país.