Representantes de más de 100 organizaciones defensoras de los derechos humanos, partidos políticos, así como intelectuales de América Latina difundieron una declaración internacional en la que fijan posición sobre el vacío de información, sobre el país caribeño, del que adolece el Informe de la alta comisionada por los Derechos Humanos, Michelle Bachalet.
La Declaración Internacional, suscrita por defensores de los DD. HH., políticos y organizaciones de los pueblos, cuenta con el respaldo de firmas como la de Piedad Córdoba, defensora de derechos humanos, Colombia; Atilio Boron, Argentina; Esteban Silva, analista internacional del Mov del Socialismo Allendista, Chile; Pablo Sepúlveda Allende, presidente de la Fundación Internacional Dr. Salvador Allende; Fernando Buen Abad, México; Hugo Cabieses Cubas, secretario RR. II. del Partido Socialista, Perú; Víctor Kot, secretario general del Partido Comunista Argentino; Dr. Roberto Gutiérrez Laboy, Catedrático de Bioética y Derechos Humanos, Puerto Rico; Tito Olivo, economista, República Dominicana; Bruno Sommier C., periodista, fundador de El Ciudadano, Chile; el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y una centena de sus integrantes del Consejo Consultivo de todo el continente.
En el encabezado, los suscritos, reconocidos defensores de los derechos de los pueblos libres, manifiestan que:
«Quienes suscribimos esta carta queremos manifestar nuestro desacuerdo con la postura asumida por la Alta Comisionada de Derechos Humanos en su informe sobre la República Bolivariana de Venezuela, ya que la información presentada se muestra poco objetiva y falla en analizar de forma crítica las causas que subyacen a la actual situación económica y social.»
Además explican los detalles de omisión del informe presentado por la Alta Comisionada:
«El informe omite analizar a fondo el impacto que el conjunto de sanciones impuestas, principalmente desde Estados Unidos, ha tenido en el detrimento de las condiciones de bienestar de la ciudadanía venezolana. Estas sanciones, tanto económicas como comerciales, son en amplia medida responsables de la crisis en sectores como los alimentos y los recursos médicos, factores que impactan negativamente en la sociedad venezolana. De igual manera, en el informe se indica de manera superficial el efecto de la crisis provocada sobre el petróleo venezolano, por parte de Estados Unidos, con el fin de apropiarse de esta industria clave para Venezuela. Así lo manifestó John Bolton, asesor de seguridad del Gobierno de Estados Unidos, en una entrevista a FOX News a finales de enero de este año. En dicha entrevista, el asesor tildó de oportunidad de negocio para las empresas petroleras norteamericanas el derrocamiento del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.»
Se hace énfasis en el aprovechamiento de la situación de crisis artificial tramada para robar los recursos de alimentos y medicinas del pueblo venezolano:
«En esta misma línea se encuentra la retención ilegal de dinero venezolano tanto en Estados Unidos como en Europa. Por ejemplo, se estima que hay $ 7.000 millones de activos venezolanos en Estados Unidos y que este país tiene la intención de bloquear cerca $ 11.000 millones más en ingresos estimados de las ventas de petróleo. En Inglaterra, hay retenidos aproximadamente $ 1.359 millones de libras por el banco de Inglaterra y otros 453 millones por el banco de Londres. Por su parte, Euroclear tiene secuestrados 1.400 millones de euros pertenecientes a Venezuela, y Portugal ha congelado más de $ 2.000 millones. En ese mismo estado de congelamiento se encuentran 196 millones de euros por Citybank, 238 millones por parte de North Capital, 415 millones de euros en Sumitomo, por mencionar algunos. Sin duda, estas medidas abusivas tienen como fin afectar de forma grave el estado económico de Venezuela con el objeto de socavar su estabilidad social. Sin embargo, el informe no menciona estos hechos, ni calcula su influencia en la actual situación.»
¿Qué omite el Informe de la Alta Comisionada y por qué?
«El informe omite mencionar los diversos actos violentos fomentados desde la oposición con el fin de crear un ambiente inestable en Venezuela. Actos como el brutal linchamiento del joven Orlando Figuera, quien fue quemado vivo en Chacao el 20 de mayo de 2017, o los intentos contra la vida del presidente venezolano, o como los ocurridos actos de febrero de este año, cuando miembros de la oposición quemaron de forma deliberada un contenedor con ayuda humanitaria en la frontera con Colombia. Hecho que fue comprobado por el periódico norteamericano The New York Times, contrariando la versión sesgada de varios medios de comunicación, de la que usted, señora alta comisionada de derechos humanos, hizo eco de forma precipitada e irresponsable, cuando acusó sin fundamento de esta acción al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. De igual forma, el informe evita abordar el bochornoso escándalo de malversación de fondos dirigido desde el corazón de la oposición, en el cual, personas cercanas al señor Guaidó conspiraron para apropiarse del dinero del Estado venezolano, liberado por Estados Unidos para financiar su campaña contra el presidente Nicolás Maduro, y lo usaron para diversos fines, como compra de licor, prostitución, entre otros. Acciones todas ellas encausadas en deteriorar el orden interno del país y sobre las cuales, incluso la OEA en voz del señor Almagro se pronunció al señalar: “Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción”.
Reiteran los firmantes de este documento que:
«Las omisiones, así como el enfoque superficial del informe, ponen en contradicho su legitimidad, ya que no presentan un panorama completo y crítico de la situación que enfrenta la nación venezolana, la cual se propuso, por disposición de la ciudadanía, reformular su modelo político, social y económico en detrimento de los intereses post coloniales, neoliberales y transnacionales que históricamente se han impuesto en la región.»
Es evidente que el texto presentado por la Alta Comisionada es tendencioso hacia la realidad del gobierno bolivariano y el pueblo de Venezuela.
Afirman los firmantes que «si estos factores externos no se tienen en cuenta a la hora de analizar la situación en Venezuela, si no se consideran como fundamentales para explicar las dificultades que ha encontrado el gobierno de Miraflores para poder ofrecer condiciones básicas a sus ciudadanos y ciudadanas, entonces el resultado es una visión limitada que no da cuenta de la dimensión y responsabilidad de la comunidad internacional en Venezuela.»
Se despiden realizando las recomendaciones pertinentes a su investidura como voceros de los pueblos de nuestra América.
«Por otra parte, esperamos y recomendamos que la Alta Comisionada de Derechos Humanos se pronuncie con similar determinación sobre los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos, en los que hay bebés, niños y niñas en condiciones infrahumanas, separados de sus padres, drogados y maltratados, o sobre los alarmantes números de fallecidos en circunstancias poco transparentes en Honduras, o la grave crisis humanitaria en Yemen, quizá la más seria del mundo, o sobre la situación compleja que enfrenta el proceso de paz colombiano, donde la incapacidad del gobierno por detener el exterminio sistemático de liderezas y líderes sociales y de derechos humanos, así como de ex combatientes de las FARC es un acto que raya en la complicidad. Así mismo, esperamos que aborde la situación de los Mapuches en su país natal, ciudadanos que han sido perseguidos, desplazados y asesinados con absoluta impunidad, o que cuestione al Gobierno de Brasil ante la situación ilegal de detención del expresidente Lula da Silva, o al de Argentina sobre el proceso viciado contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.»
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