Pucón: Vecinos y comunidades de Huife Alto protestaron contra aprobación de hidroeléctrica

Tras la decisión de la Comisión Evaluadora Ambiental de La Araucanía, que resolvió dar luz verde a la construcción de la central hidroeléctrica Llancalil en la zona de Huife Alto, ubicada a 23 kilómetros de Pucón, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales, integrada por familias directamente afectadas en la zona, así como miembros de las comunidades mapuche Millaque Millahual y Cariman Sánchez, manifestaron su rechazo a esta aprobación.

«Casi 60 años que vivimos ahí, y el río es la fuente de vida que nosotros tenemos, por el agua, por los peces. La bocatoma con que quieren intervenir el caudal va pasar a 50 metros de mi casa, lo que daña completamente nuestra calidad de vida. Ellos van a entubar el río y va a quedar seco», sostuvo Marta Salazar, dueña de casa del sector de Huife Alto.

Refiriéndose a lo hermética que fue la votación en la que todos los Secretarios Ministeriales Regionales aprobaron la hidroeléctrica, Ely López, Guardiana del Territorio de Curarrehue, argumentó que «me parece insólito porque se nos prohibió la posibilidad de ingresar a la votación. Esto es una demostración de la violencia ejercida por este Gobierno frente a la ciudadanía, frente a la gente que se opone a que se instale un proyecto hidroeléctrico en la zona de Llancalil en Pucón, afectando directamente a uno de los lugares turísticos más importante de Chile”.

En tanto, Alejandra Parra, Bióloga en Gestión de Recursos Naturales de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) se refirió al irreversible daño ecológico que causaría la presencia de la hidroeléctrica en la zona lacustre.

“Si se aprueba este proyecto podría producir un gran daño, debido al impacto en el río como recurso hídrico, ya que cada año se reduce más el caudal y cuando se usa agua con fines industriales se deja menos agua disponible para los usos campesinos como el riego, el consumo animal e incluso consumo humano. Además, los ríos como ecosistemas son hábitat de una gran diversidad de especies animales y vegetales, aves, mamíferos acuáticos, anfibios, peces, insectos», explicó Parra.

«Intervenir un río de esta manera significa que este ecosistema pierde continuidad, dejando de conectar unos lugares con otros, lo que dificulta la movilidad de las especies que lo habitan e impacta negativamente en la disponibilidad de lugares de reproducción y refugio de las especies”, agregó la profesional.

Hay que precisar que la consulta indígena no fue considerada en la evaluación ambiental de este proyecto a pesar de sus evidentes impactos en dos comunidades mapuche de la zona: Cariman Sánchez y Millaque Millahual. 

Asimismo, esta es la tercera vez que el proyecto de la hidroeléctrica Llancalil ingresa a evaluación ambiental, no habiendo nunca desarrollado un Estudio de Impacto Ambiental que fundamente lo declarado por la empresa.

La primera vez que este proyecto ingresó a evaluación, fue el 2013, siendo declarado inadmisible por él SEA. La segunda vez fue el año 2014 y fue desistido por la compañía titular. Ahora, en forma sorpresiva, el Intendente de La Araucanía, Jorge Atton, fue el único voto en contra de la aprobación de este proyecto.

En ese sentido, el contraste del voto del Intendente con los de los Seremis (todos a favor), fue explicada por el mismo Atton en declaraciones al diario Austral, el 13 de julio, donde señaló que dentro de la COEVA (Comisión de Evaluación Ambiental) solo él tiene atribuciones para considerar aspectos políticos además de técnicos.

Sin embargo, por una parte, los argumentos esgrimidos por el Intendente que fundamentan su posición en contra, son técnicos, ya que se relacionan con la planificación del territorio, existencia de una Zona de Interés Turístico, ausencia de proyecto de conexión de la producción eléctrica de la central, y carencia de valor agregado para el desarrollo económico y social de la región.

Estos mismos argumentos podrían haber sido considerados por la Seremi de Economía, Desarrollo Social, Medio Ambiente, y el Servicio de Evaluación Ambiental, entre otras. Por tanto, la limitación que el Intendente dice que existe para con la decisión de voto de las Seremis, no existe.

Además, es ilusorio pensar que los argumentos técnicos se puedan leer sin un prisma político, que es justamente lo que hacen los servicios públicos al momento de votar. Y es bien sabido que las Seremis votan bajo las órdenes del Intendente, presidente de la COEVA y jefe de todos los servicios públicos de la región, cosa que se ha evidenciado en reiteradas ocasiones con proyectos que han sido aprobados aun teniendo recomendación de rechazar por parte del SEA. 

Por otro lado, el Intendente, junto al diputado Sebastián Álvarez, han señalado que estos problemas se resolverían con la aprobación de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que ésta haría vinculante la participación ciudadana, cosa totalmente falsa.

De hecho, lo que busca la reforma al SEIA, es reducir la participación ciudadana dentro de la evaluación de los proyectos, por la vía de eliminar las oficinas regionales del SEA, y terminar con la participación ciudadana en formato papel, lo que dejaría a muchas comunidades distantes imposibilitadas -en la práctica- de ejercer una participación ciudadana efectiva. 

En este punto, hay que recordar que el diputado Álvarez acudió a la marcha en rechazo a la aprobación del proyecto Llancalil desarrollada en Pucón el pasado sábado 13 de julio, donde fue expulsado por miembros de organizaciones locales por haber votado en favor del TPP en la cámara baja del Congreso a fines de abril de este año.

Por la Red de Acción por los Derechos Ambientales