Fernanda Maciel Correa

Por Grace Arcos y José Carrera*

El país se encuentra estremecido; tras quinientos días desde su desaparición, los cuerpos de Fernanda Maciel y su hija Josefa fueron hallados sin vida en la bodega cercana a su hogar,  la misma que fuera periciada en reiteradas ocasiones en el marco de una investigación altamente cuestionada por su ineficiencia. Como corolario de esta ausencia de justicia, en el acto se formaliza a un sospechoso con quien, considerable crueldad, la familia de Fernanda en los hechos fue obligada a convivir durante todo este proceso pese a las sospechas que al parecer eran más que eso. Todo este doloroso ciclo siembra un legítimo cuestionamiento desde la ciudadanía sobre el sistema judicial chileno y su claro sesgo de clase; una justicia para ricos y otra para pobres. 

Sin embargo, las dudas no se detienen ahí. Y es que el inmenso dolor que con total seguridad sumerge a la familia de Fernanda, es profundizado por las vulneraciones y atropellos de las que han sido víctimas. El Estado, sus poderes e instituciones, actuaron con total negligencia, asumiendo un papel protagónico en este guión, que nos ratifica que los pobres tendremos que movilizarnos incluso por justicia, garantía mínima que supone la democracia y el estado de derecho. Las explicaciones ante las ineficiencias son sencillamente indolentes e intolerables. 

Es por ello que se requieren respuestas integrales ante problemas multidimensionales. En esa línea urge avanzar en materias legislativas como la Ley Gabriela, aprobada recientemente por la Cámara de Diputados y que busca ampliar la figura del femicidio a cualquier crimen de odio cometido contra una mujer, proyecto que surge precisamente por el asesinato de Gabriela y su madre Carolina, que ante lo limitado de la norma no pudo ser juzgado como tal, mismo destino que tendrá el crimen contra Fernanda. O la Ley de Extraviados, que espera su discusión en el Congreso Nacional, proyecto que intenta generar nuevas coordinaciones y potestades entre las diferentes instituciones para la búsqueda de personas desaparecidas que se cuentan por miles en nuestro país.

Por otro lado, el morbo y la imprudencia que caracterizaron buena parte de la editorial con la que variados medios de televisión dieron cobertura a la desaparición de Fernanda, fueron una bofetada en la cara para su familia; según ello, pareciera ser que la culpa la tenía Fernanda, por ser pobre, por ser mujer o por ser joven, por nacer donde nació, por vivir donde vivió. Las especulaciones y prejuicios se dieron un festín ante la desesperación y frustración de los vulnerados.

En Conchalí las mujeres siguen siendo violentadas y desaparecidas, pero la respuesta desde el municipio sigue siendo la misma: omisión. Pues, por inexplicable que parezca, no hay ninguna iniciativa desde la principal autoridad comunal para revertir, desde el rol del gobierno local, las lamentables cifras que enlutan las calles de nuestra comuna; todo parece indicar que sencillamente no es tema. La pregunta inevitable es ¡¿qué más tiene que pasar?!

El crimen contra una joven mujer de origen popular nos deja varias lecciones, y hacernos de ellas para exigir justicia y no permitirnos como sociedad este tipo de desigualdades, es también asegurarnos que la muerte de Fernanda y su hija no sean en vano. Finalmente, ella no sólo fue víctima de su asesino, lo fue también del propio sistema y sus mezquinos valores. El femicidio de Fernanda Maciel Correa es una lección que no podremos olvidar. 

*Grace Arcos es concejala de Conchalí y José Carrera miembro de Conchalí Centenario.