#8N Argentina: problemático y febril

El pasado 8 de noviembre una multitud se volcó a las callecitas de Buenos Aires y de las principales ciudades trasandinas para protestar contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los medios tradicionales hablaron de una jornada masiva con millonarias cifras de asistentes en todo el país, estimando que sólo en Capital Federal concurrieron más de 700 mil personas. El oficialismo, por su parte, desestimó la masividad del evento y relativizó su impacto a nivel nacional justo cuando su administración pasa por un momento confuso y de menor respaldo político.

El llamado 8N convocó a un número importante de manifestantes que lograron aglutinarse bajo el lema de ‘Una sola bandera’. Su diversa naturaleza escondía tras la consigna la necesidad de refugiarse en la universalidad que permiten los colores patrios. Sus etéreas demandas exigieron medidas contra la inflación, solución a los problemas de inseguridad, fin a la corrupción y el “No” a la Reforma Constitucional. En esta vorágine, aparecían carteles que abogaban ‘No queremos otra Venezuela’, ‘Fin a la Dictadura K’, pero también algunos que reclamaban contra la Megaminería y contra los cultivos de soja transgénica.

Otra de las particularidades de esta movilización fue la ausencia explícita de partidos u organizaciones políticas que se hicieran cargo o firmaran el llamado a cacerolear. Desde un inicio se insistió en la espontaneidad y la autoconvocatoria del evento, intentando establecer un nexo o, al menos, una similitud al tan manoseado movimiento de los indignados. Sin embargo, todo eso no quedó en más que una intención en la disputa por el discurso. En la práctica, las siempre influyentes corporaciones comunicacionales buscaron anotar una victoria en el prolongado enfrentamiento que viene marcando la agenda política argentina de los últimos años.

DETRÁS DE LA CACEROLA

La fragmentada oposición argentina -que incluye al PRO de Mauricio Macri, a la Unión Cívica Radical (UCR) y al Frente Amplio Progresista (FAP), entre otros- está debatiéndose entre la alegría y la impotencia. Por un lado, celebra al ver el malestar de los sectores adversos al Kirchnerismo canalizado en una movilización. Por otro, lamenta no poder capitalizar ese descontento, teniendo que conformarse con sólo mirar a esa ciudadanía que instala sus preocupaciones en la agenda pública. En este letargo opositor, los grandes medios de comunicación han suplido el rol de los partidos políticos, confrontando al oficialismo y, a la vez, resguardando sus propios intereses.

Este 8 de noviembre no fue la excepción y orquestaron el ambiente previamente y durante la anunciada movilización. En Twitter, el #8N aparecía como un Trending Topic promocionado a nivel regional. La iniciativa, cuyo costo asciende a los ocho mil dólares, fue concretada por Daniel Hadad, empresario de las comunicaciones. A través de una de sus sociedades ofreció una cobertura de la jornada bajo la promesa de “Si no lo cuenta la TV, velo por Infobae.com”. Además, desembolsó otra importante suma de dinero para instalar un banner promocional en www.youtube.com.

El Grupo Clarín, mayor conglomerado mediático de Argentina e insigne adversario del Gobierno de CFK, utilizó toda su plataforma comunicacional para denunciar la supuesta amenaza a la libertad de expresión que impera en este país. Por su parte, el periódico conservador La Nación llamó a defender la institucionalidad republicana ante el avance del autoritarismo. La respuesta de los sectores oficialistas no tardó, y acusó a los multimedios de instaurar un clima desestabilizador y golpista, sosteniendo que esta embestida no era más que una estrategia para marcar un precedente negativo de cara al llamado 7D.

7D: UN FACTOR MÁS DE LA ECUACIÓN

El 7D es sigla que aparece como un factor determinante en la pugna entre los grupos económicos, los medios monopólicos y el peronismo K. Hace referencia al 7 de diciembre de 2012, día en que vence el plazo impuesto por la Corte Suprema para el acatamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, legislación que busca reemplazar la antigua institucionalidad medial establecida durante la dictadura militar. Lo que ha sido interpretado como una demostración de fuerzas por parte del Gobierno, en la práctica pretende desconcentrar el mercado comunicacional, asegurando un mayor acceso del Estado y de la sociedad civil a los aparatos de información masiva .

Formulada en 2009 e inspirada en un texto que años atrás publicó la Coalición por una Radiodifusión Democrática, la Ley de Medios fue aprobada por unanimidad en el Congreso gracias al acuerdo entre el oficialismo y otros sectores progresistas. Pese a ello, los oligopolios no han querido ceder en la disputa, enfrascándose en una confrontación con la administración estatal en la que cotidianamente ambos bloques sacan a relucir sus errores y contradicciones. En esta riña discursiva parece no haber espacio para matices y menos para la emergencia de expresiones políticas divergentes.

LA CASA ROSADA NO ESTÁ EN ORDEN

Aunque no se comete un error al sostener que el 8N fue catalizado por parte de la oligarquía argentina que busca de manera desesperada conservar sus privilegios; tampoco es falso sostener que el Kirchnerismo viene gradualmente reuniendo enemigos. Incluso tradicionales partidarios se han rebelado, como sucedió con la fractura de la Confederación General del Trabajo (CGT), mayor órgano sindical e histórico aliado del peronismo. A ellos se suma parte de una izquierda que no comulga con el Ejecutivo y objeta las contradicciones del proyecto nacional y popular. De hecho, estas fuerzas ahora convocan a una movilización para el 20 de noviembre (20N) .

Si bien han pasado algunos días y muchas demandas se diluyeron junto con la movilización, en la sociedad trasandina subyace un malestar poco novedoso. Más allá de las consignas particulares y de las acusaciones de un bando u otro, paulatinamente se vuelve a configurar un panorama marcado por la crisis del sistema político representativo. Es cierto, ya no es la Argentina de 2001 sumida en la bancarrota, pero en gran medida es la vieja Argentina que vuelve a las calles para decir que todos los políticos son corruptos, que ya no se puede vivir aquí y que el porvenir es un privilegio de pocos. Martín Caparrós sentenciaba hace poco: ‘Este es el país calesita, siempre se vuelve a lo mismo’.

Por Patricio Escobar Romero

(desde Buenos Aires)

El Ciudadano Nº136, segunda quincena noviembre 2012

Fuente fotografía