Más de 30 familias, principalmente migrantes, serían desalojadas este lunes de las viviendas que habitaban hasta hoy en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana, por exigencia del alcalde Gonzalo Durán (PS). Esto, luego de decretar condiciones de inhabitabilidad y, según denuncian los afectados, sin ofrecerles alternativas que faciliten su reubicación o la concreción de nuevos arriendos que mejoren su situación habitacional.
De acuerdo a lo que señala el Colectivo Sin Fronteras -que trabaja por los derechos de niños y familias en situación de migración-, desde el año 2016 la Municipalidad viene ejecutando desalojos donde se ven afectadas familias mayoritariamente migrantes «que no cuentan con redes de apoyo que les ayuden a solucionar sus problemas de vivienda».
La organización manifiesta que a pesar de los compromisos que dicho municipio hizo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), «los desalojos se han sostenido sin resguardar derechos como garantizar información efectiva a todos los afectados o dar plazos adecuados a la realidad de las familias».
Igualmente, Colectivo Sin Fronteras ha recogido testimonios del malestar de madres que manifiestan haberse sentido intimidadas por funcionarios que les subrayan la posible separación de sus hijos si no consiguen nuevos arriendos. Es por eso que dicha corporación ha planteado reparos y observaciones a los desalojos realizados por el municipio, entregando propuestas basadas en directrices establecidas por las Naciones Unidas y en las propias demandas de las familias afectadas respecto a este tema.
En ese sentido, la organización solicita principalmente que «se respeten plazos razonables para que las familias puedan conseguir una nueva vivienda, los que no debieran ser menores a 90 días antes de estos procesos, y que en los mismos estén presentes observadores neutrales para garantizar el resguardo de los Derechos Humanos de las personas afectadas, evitando el uso de la fuerza, la violencia y/o la intimidación».
Es por ello que Colectivo Sin Fronteras ha solicitado al alcalde Gonzalo Durán «extender los plazos para las familias de casos notificados con fechas próximas, la creación de protocolos que resguarden los Derechos Humanos, y que las viviendas que están en riesgo de ser declaradas como inhabitables y en las que residen un gran número de familias, se prioricen programas o procesos de reubicación antes de que la solución sea desalojarlas».