La sociedad civil, agrupaciones de diferentes índole, organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, representantes de la salud, de la agricultura, de la academia, pueblos originarios y un sin fin de etcétera, han sido escuchados por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en el marco de la tramitación del proyecto que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TPP-11.
En la última sesión, expusieron Juan Pablo Matte de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); María Carolina Miranda de Casa Chile; María Elena Rozas de la Coordinadora red de acción global en plaguicidas; y Patricia Núñez del Colectivo Ecológico Escuela Reberde.
Todas las organizaciones, salvo la Sociedad Nacional de Agricultura, manifestaron sus reparos a la ratificación del TPP11 fundamentalmente por los efectos que puede tener el continuar con ciertos modelos de mercado para la agricultura, las semillas, el medio ambiente y la salud de las personas.
El representante de la Sociedad Nacional de Agricultura manifestó que el TPP11 es una tremenda oportunidad de alianza con otros países, que permitirá abrir exportaciones del sector de lácteos, carnes y conservas, entre otros productos. Señaló que una de las objeciones es la controversia con la propiedad intelectual vegetal y que le parece relevante regular por ley la protección de variedades de semillas ancestrales y tradicionales y hacer la salvedad con las variedades “tradicionales mejoradas”.
La representante de Casa Chile puso énfasis en que el modelo de desarrollo no resiste más, ya que de aquí al año 2030 la vida humana en el planeta va a estar en serios problemas. Lamentó que el TPP 11 no haga mucha alusión al cambio climático y dijo que el tratado es el reflejo de una sociedad enferma que está eliminando la vida. Junto con hacer un llamado a no ratificar este tratado, se refirió a los problemas que puede traer la implementación en cuanto a la inscripción de semillas campesinas y a la eventual “criminalización” por parte de quienes tengan semillas ya patentadas.
Por su parte, la representante de la Coordinadora Red Global Acción de Plaguicidas, se refirió a las implicancias negativas que puede tener el capítulo 7 sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, señalando que esto descartaría la aplicación del principio de precaución. Señaló que en Chile hay 400 principios activos de plaguicidas registrados y que 99 de ellos tienen categoría de altamente dañinos para la salud humana. Advirtió que muchos de ellos son importados de países miembros del TPP 11 y de ratificar el tratado habría problemas para eliminarlos del registro.
Finalmente, la representante del Colectivo Ecológico Escuela Reverde puso acento en la necesidad de resguardar las semillas y tener en consideración que cada 4 años hay una modificación genética natural de las mismas, por lo que se podría tomar una de esas variedades e inscribirla como nueva creación, lo que iría contra los campesinos. Informó que se está realizando un plebiscito a través de diversas plataformas para que la gente se pronuncie respecto del tratado.
En tanto, en la sesión pasada, la FENPRUSS, Fundación Equidad Chile y la ONG Chile-Cobre hicieron sentir su rechazo al tratado internacional aludiendo –principalmente- a una escasa participación, a la necesidad de estudios de impacto, asimetría en los miembros del tratado, la exigencia de consulta indígena, la inconveniente incorporación de transgénicos con afectaciones en salud, además de aspectos que estarían en contra de la soberanía nacional.
Específicamente Bárbara Rojas, secretaria nacional de la Confederación Fenpruss se refirió a la salud pública y el derecho constitucional de la salud, para lo que sentenció que “nuestra mirada está condicionada a las normas que están suspendidas del Tratado, no eliminadas”, recalcó.
A su juicio, “no está claro el mecanismo de reposición de estas cláusulas (…) y de hacerlo, la salud pública se verá afectada, sus prioridades se verán restringidas, condicionadas al mercado de las grandes farmacéuticas, aumentando el poder de las transnacionales, del lucro en salud”.
En otro orden dejó constancia que las alusiones al mundo del trabajo, El TPP responde a una nueva tendencia de leyes laborales que restringe derechos y deja fuera el derecho a huelga, la jubilación, vacaciones pagadas, descanso, entre otros”, por lo que llamó a “evaluar el Tratado en sus áreas específicas”.
Luego, el doctor Tomás Lagomarsino, presidente de la Fundación Equidad Chile fue enfático al solicitar que se debe “reconocer que existen nuevas obligaciones en medicamentos contenidas en el artículo 18.53 y que podrían significar el bloqueo de genéricos”.
En este sentido, agregó, “estas nuevas obligaciones sean igualmente evaluadas por la Comisión de Salud del Senado para recibir al Instituto de Salud Pública, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el Colegio de Químicos Farmacéuticos, la industria de medicamentos genéricos, entre otros, y que de esta forma sea estimado su impacto en el acceso a medicamentos”.
Por último solicitó que “el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores no recomiende la suscripción del TPP 11 en cuanto implica nuevas obligaciones para nuestro país en medicamentos.
Desde la ONG Chile-Cobre, el presidente, Julián Alcayaga, realizó una detallada exposición sobre lo que, expresó, traerá seguridad jurídica solo para las transnacionales; pone fin al libre mercado; y el Estado se pone al servicio de las grandes corporaciones transnacionales.
Con respecto a la minería, Alcayaga advirtió que “las mineras extranjeras producen dos veces más que Codelco y aportan al país 2 veces menos”.
Por último, durante la sesión del lunes 08 de julio, expuso Andrés Melossi y Marino Porzio, en representación de los expresidentes de ACHIPI; Maximiliano Santa Cruz, ex director INAPI. Cabe recordar que sobre propiedad intelectual ACHIPI ya había hecho sus descargos en sesión del mes de mayo del presente año.
Andrés Melossi, expresidente de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, ACHIPI, dejó en claro que “nos complace la aprobación reciente del Tratado desde la Cámara” y lo calificaron como “parte fundamental de las bases de nuestra economía y que ha permitido al país prosperar durante las últimas décadas”.
En concreto, Melossi detalló que “en lo que dice estricta relación con materia de propiedad intelectual, el Tratado deja en suspenso la aplicación de ciertas normas que, si bien puede constituir un fortalecimiento y avance en la protección de estos derechos, su inmediata aplicación no resulta conveniente para el país”.
Con todo, añadió que “frente a algunas interpretaciones desinformadas (…) que hablan de que el Tratado no cambia los estándares de protección de los derechos de propiedad intelectual actualmente existentes, por lo que aclaramos que las normas suspendidas en su aplicación inmediata jurídicamente son parte integral del TPP 11 (…)”.
Fuente: Senado
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