Este 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas por sexto año consecutivo, desde su declaración en 2013.
Haciendo una comparación, desde esa fecha hasta ahora existe un aumento de casos de tráfico de personas. Según reveló el último informe de Naciones Unidas, presentado en enero de 2019, quizás se deba a que se han generado más mecanismos de detección.
Por las características de las migraciones en Latinoamérica, es esta región el origen, tránsito y destino de trata de personas; principalmente de niñas y niños. «Existen leyes contra la trata, pero no se cumplen», dijo a Sputnik Gladys Acosta Vargas, vicepresidenta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Agregó que para cambiar la situación, es necesario que los Gobiernos refuercen el sistema judicial y de protección a las víctimas.
En 2009, sólo 26 países tenían instituciones que recopilaban datos sobre trata, mientras que en 2018 eran 65.
En comparación con grandes áreas de África y Asia, dónde apenas se detectan víctimas y no se sentencia a los traficantes, América Latina cuenta con una legislación y mecanismos de detección y persecución «muchísimo más sofisticados».
Sin embargo, la región «adolece de una característica, muy triste por cierto, muy perversa y que revela la calidad de nuestra democracia: existen leyes, pero no se cumplen«, dijo Acosta Vargas, la también abogada feminista peruana.
«Es como si la Justicia fuera ciega verdaderamente; es una Justicia que no tiene garra, que no puede resolver. Hecha la ley, hecha la trampa», resumió.
Mujeres forzadas a ejercer la prostitución
Los últimos informes de la CEDAW sobre trata en países latinoamericanos revelan algunos patrones: las víctimas mayormente son mujeres y niñas pobres, indígenas, provenientes de zonas rurales, o migrantes.
La situación de las personas migrantes al sur del Río Bravo es de mayor vulnerabilidad, en esas circunstancias, las mujeres «muchas veces» se encuentran más forzadas a ejercer la prostitución, «prácticamente para sobrevivir», dijo Acosta Vargas.
«Ahí se generan una serie de distorsiones, como los servicios sexuales prácticamente forzados, donde probablemente las mujeres algo reciben por estos servicios, pero definitivamente es un tipo de explotación, porque se ven atrapadas en este tipo de actividad porque están en una circunstancia de necesidad», señaló.
La vicepresidenta de la CEDAW aseguró que los delitos relacionados al tráfico humano «afectan más a las personas que tienen poco poder. (…) Personas que en sus vidas tienen una pérdida de derechos previa»
La gran mayoría de las víctimas de trata son captadas con fines de explotación sexual; el 35 % con fines de trabajo forzoso son mujeres, según el informe de las Naciones Unidas. Los datos también muestran que la trata ocurre a nuestro alrededor, ya que la proporción de personas afectadas dentro de su propio país se ha duplicado en los últimos años.
En América del Norte, Centroamérica y el Caribe, el 55 % de las víctimas de trata son niñas, 11 % niños. Es la región del mundo con más víctimas menores de edad.
En Sudamérica, más del 80 % de las víctimas de trata son mujeres; aunque el mencionado informe de las Nacionaes Unidas reveló que en los Andes hay «porcentajes particularmente altos» de trata de niños y niñas. En Bolivia y Perú superan al de adultos. Aunque la mayoría de las víctimas fueron captadas con fines de explotación sexual, en Argentina y Paraguay el delito más común es el trabajo forzado.
Además, se indica que otras formas de explotación detectadas fueron la adopción ilegal (en Bolivia hubo 170 víctimas entre 2014 y 2017) y la mendicidad.
En el sur del continente, unos dos tercios de los investigados, arrestados, enjuiciados o condenados por trata en 2016 fueron hombres, según datos de las NU.
«América Latina es un lugar súper peligroso para las mujeres, es una característica lamentable de la región, preocupante, porque uno diría: ‘¿Cómo es posible que no logremos revertirlo a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho?'», reflexionó.
Los más altos índices en Colombia
En las zonas de conflictos el problema se agrava aún más, ya que los grupos armados sobreexplotan a los civiles y los traficantes aprovechan esta situación captando forzosamente a personas desplazadas huidas de dichas zonas.
Por ello, las NU señalan que la trata de personas es una práctica cada vez más frecuente entre los grupos armados; la utilizan para financiarse mediante el sometimiento a trabajos forzados o su venta como lacayos, y para atraer reclutas con la promesa de poner mujeres a su disposición como esclavas sexuales.
Tal situación se está dando en Colombia. Acosta Vargas hizo hincapié en que a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz, «no se han resuelto los problemas», y que en la CEDAW han detectado que existe una violencia sexual sistemática contra las mujeres», antes y después de los pactos. «El cuerpo de las mujeres sigue siendo un campo de batalla», indicó.
A su vez, la experta señaló que hay que diferenciar entre las «circunstancias de violencia sexual que se producen en situaciones de vulnerabilidad», como el caso del conflicto armado, «de lo que es un tráfico de personas de forma sistemática».
No obstante, apuntó que «la criminalidad se conecta» en zonas donde hay ausencia del Estado. «Es el Estado el que tiene que proveer de seguridad a las poblaciones, y por supuesto de sanciones a quienes las violentan», dijo Acosta Vargas.
Legislación e ineficacia
La vicepresidenta de la CEDAW hizo énfasis en que Latinoamérica cuenta con legislación y planes de tratamiento a víctimas de trata, pero que «del dicho al hecho hay un gran trecho«.
«Cuando los funcionarios estatales están vinculados a una red de corrupción, hay muchísima más desprotección para las mujeres», afirmó Acosta Vargas.
Tal es el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. En 2017 se incendió el albergue de niñas y dejó 41 menores muertas y 15 sobrevivientes. Según las investigaciones, las menores murieron durante una protesta para denunciar malos tratos, abusos sexuales y trata de niñas, por negligencia de la administración, el personal y las guardias.
La experta considera que «definitivamente» los Gobiernos latinoamericanos deben «robustecer sus instituciones para que cumplan su rol de una forma eficaz frente a las personas que tienen un menor poder».
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