Usurpación de aguas: El diablo no quiere morir en Petorca

La defensa de Edmundo Pérez Yoma solicitó que Rodrigo Mundaca, secretario de Modatima, se retractara públicamente de las acusaciones en contra del ex ministro de Bachelet y Frei, que lo inculpaban de usurpación de aguas en la Provincia. No obstante, el dirigente petorquino se negó a echar pie atrás, contra lo que dijo, es una criminalización de los movimientos sociales.

“No es posible que un bien nacional de uso y dominio público hoy esté transformado en un bien de capital especulativo con el cual un puñado de carajos, empresarios y políticos de nuestra provincia, han atentado contra la vida de las mayorías”, expresó enfático el ingeniero agrónomo y dirigente del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente, Modatima, el pasado viernes 30 de noviembre. Con esto se desechó la alternativa del acuerdo conciliatorio, abriendo paso a la preparación de una audiencia de juicio por injurias, para el próximo 8 de enero de 2013.

La demanda que lleva adelante el político y empresario busca sentar un precedente de amedrentamiento contra las organizaciones sociales, han dicho los vecinos de la provincia de Petorca, afectados hace años por una escasez hídrica llevó a declarar la zona de emergencia, y de la cual sindican al ex ministro de ser uno de los responsables. Para Mundaca “la usurpación de aguas atenta contra los derechos humanos de las personas, los que usurpan agua cometen delitos de lesa humanidad”.

Similar impresión tiene la diputada PPD, Cristina Girardi, quien asistió a la audiencia conciliatoria. “Esta es una zona de emergencia, declarada de sequía y así y todo se siguen robando el agua. No se han tomado medidas para que a las personas se les asegure de forma cotidiana que van a tener agua y no que va a quedar en manos de los palteros, como hoy está ocurriendo”, señaló.

En tanto Hugo Díaz, presidente de Modatima, refrendó la posición de Mundaca, señalando la plena seguridad de sus acusaciones, por lo que “no habrá conciliación y no le vamos a pedir nunca disculpas a quien usa el poder político y económico para aplastar a la gente más pobre y a los que no tienen voz”. Agregó que basan sus dichos en un estudio satelital que realizó la Dirección General de Aguas (DGA), en donde se habrían detectado 63 drenes ilegales en la comuna de Cabildo, “sin contar lo que pasa en el río Petorca y en La Ligua hacia abajo”, afirmó Díaz.

PETORCA: AGUAS PRIVATIZADAS

Petorca es un pueblo tradicionalmente minero donde convergen familias acomodadas de empresarios, con catadores de oro, pirquineros, apostadores, prostitutas, comerciantes y trabajadores agrícolas. A eso, hoy se le suman extensas áreas de plantaciones de paltos que, de acuerdo a diversas investigaciones, aumentó de 2.500 a 12.500 ha, plantadas en los cerros de la zona.

Esto fue posible gracias a una creación de piscinas recolectoras y drenes subterráneos que desvían el agua sacándola de sus cursos naturales, de ríos y napas subterráneas, para enviarlas a depósitos privados. Aquí es donde los dirigentes han señalado un problema estructural de la propiedad del agua en el país. Rodrigo Mundaca señaló que este gobierno y los de la Concertación han sido responsables de la visión privatizadora del agua como un buen negocio para el país. “Es evidente que aquí, durante muchos años, las autoridades que han estado al frente de la institucionalidad hídrica, han sido convencidos apóstoles de la causa privada del agua”, expresó el dirigente acusado.

En el caso de Petorca, y según consta en diversos informes oficiales, el 71 por ciento de las denuncias de extracción de aguas no autorizadas resultan ciertas. A esto se suma la concesión de nuevos permisos de aprovechamiento de aguas otorgados por la DGA, a expensas que la zona ya había sido declarada en emergencia, por la sequía, la que, según las autoridades, obedece a causas naturales.

¿QUÉ ES EL ‘ACAPARAMIENTO DE AGUAS’?

El término ‘acaparamiento de aguas’ alude a aquellas situaciones en que actores poderosos asumen el control de valiosos recursos y cuencas de agua para su propio beneficio, privando de ellos a las comunidades locales cuyo sustento depende de estos recursos y ecosistemas. Este es un problema considerado en los planes de estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el marco de la crisis mundial de agua.

Estos procesos de apropiación privada de bienes comunes, cuyo acceso debe negociarse y suele basarse en la capacidad de pago, se manifiesta en formas muy diversas, desde su extracción para grandes monocultivos de producción industrial de alimentos y combustibles, a la construcción de represas fluviales para energía hidroeléctrica, pasando por la apropiación corporativa de recursos de agua públicos.

En Chile existen ambas acepciones. Por un lado, el caso de Petorca, como aprovechamiento para regadíos y, por otro, el de Hidroaysén, donde intereses privados utilizan los beneficios de bienes públicos tan sensibles para generar energía hidroeléctrica para grandes empresas. Todo avalado por la normativa de aguas de la DGA, aprobada en 1981, en plena dictadura militar, a la cual los petorquinos han aludido directamente como causal de las problemáticas que afrontan en la actualidad.

En este sentido, una de las grandes críticas que ha hecho el movimiento Modatima frente a este caso puntual, es que el abogado que defiende a Edmundo Pérez Yoma, Rodrigo Weisner, fue director de la DGA en el gobierno de Michel Bachelet, cuando el mismo Pérez Yoma era también ministro, entre 2006 y 2010. Cabe destacar que el mismo abogado es también representante legal de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, que se opone a la creación de la hidroeléctrica de pasada Alto Maipo.

Por Leonel Retamal

El Ciudadano Nº137, primera quincena diciembre 2012

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