Una serie de audiencias ha tenido la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, respecto al proyecto que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia, respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años.
La norma en primer trámite está siendo analizada en general, por lo que tras escuchar a diversos actores relacionados con la materia, los congresistas procederán a votar la idea de legislar.
Cabe recordar también que por acuerdo de la Sala, la moción de autoría de los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana y que fue ingresada en enero del 2017, fue derivada a la instancia de Derechos Humanos, puesto que originalmente se había destinado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La propuesta nace tras conocerse el caso de la joven madre mapuche Lorenza Cayuhan Llebul, quien en el 2015 fue detenida por robo y condenada a 5 años y 61 días, cuando tenía ya 4 meses de embarazo. En octubre del 2016, mientras cumplía condena en la cárcel de Arauco, comenzó a sufrir complicaciones de salud, por lo que tras numerosos reclamos, fue derivada al Hospital Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, donde se le practicó una cesárea estando engrillada y en presencia de un funcionario de la policía. La menor fue llamada Sayén.
En este contexto, el senador Navarro convocó a un grupo de organizaciones de la sociedad civil tales como Litigación Estructural para América del Sur (LEASUR), la ONG Enmarcha y la Corporación Humanas, a preparar una propuesta legislativa para enfrentar esta realidad y entregar herramientas de apoyo a los menores que viven sus primeros dos años en recintos carcelarios junto a sus madres.
En las últimas dos sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, los legisladores precisamente escucharon a la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana; la directora ejecutiva de la ONG Enmarcha, Francisca Hidalgo; el subdirector técnico de Gendarmería, Alejandro Arévalo; y a la directora de la ONG Leasur, Sthefanía Walser.
Arévalo explicó que a junio de este año, existen 44 mil personas privadas de libertad, de ellas un 8,5% corresponde a mujeres, es decir se trata de 3 mil 751 personas. De éstas, 2 mil 72 han sido condenadas (55%) y mil 679 (49%) están en prisión preventiva en calidad de imputadas.
En cuanto a la distribución geográfica, la mayor parte de estas reclusas está en la región de Tarapacá (67%), en la Metropolitana (50%) y en la de O’Higgins (45%). Un 52% fue ellas cometió delitos asociados a drogas, un 23% en relación a robos y un 5% a homicidios.
El representante de Gendarmería manifestó que la institución cuenta con el programa Creciendo Juntos en el que participan mujeres embarazadas y madres con lactantes hasta los dos años. “478 mujeres participan de este programa que cuenta a lo largo del país con las llamadas sesiones materno-infantil en las 84 cárceles. Allí viven 281 lactantes, cuatro embarazadas con hijos lactantes y 193 embarazadas”, describió.
Arévalo aclaró que cada 6 meses se evalúa el caso de cada una considerando variables como el compromiso delictual (la mayor parte cuenta con un bajo compromiso), la connotación del delito, la reincidencia y si forma parte de una banda o actúa en forma personal.
Según Walser de la ONG Leasur, la presencia de los niños en las cárceles es un problema que se ha invisibilizado hace años, el que se ha acentuado considerando que desde el 2005 se observa un aumento de la población penal femenina.
“Estamos hablando de malas condiciones para llevar a término un embarazo. No se cuenta con la suficiente tranquilidad ni menos con elementos más básicos como son la alimentación y abrigo. Se pasa frío y hambre, lo que también termina por enfermar a los menores que viven hacinados igual que sus progenitoras. Como los lactantes no son reos, aunque vivan en las cárceles, no pueden ser atendidos por la red de salud carcelaria, entonces pasan dos situaciones: si el niño tiene un familiar fuera del recinto, se espera que llegue para que él se haga cargo mientras está enfermo; y de no contarse con ese apoyo externo, personal de Gendarmería debe coordinar el traslado del niño con el Centro de Salud Familiar (Cesfam) u hospital más cercano”, relató.
Según los estudios realizados por esta ONG, las mujeres denuncian principalmente problemas de salud (malas o nulas prestaciones), muerte de bebés en gestación y en el caso de las que dieron a luz, a muchas se les habría practicado ligamiento de trompas sin su consentimiento.
Desde el punto de vista jurídico, Leasur reconoce que la suspensión de la pena es la mejor solución a este escenario, descartando opciones como el arresto domiciliario (que sería complejo implementarlo y también implicaría vivir en un ambiente de encierro para el menor), las residencias familiares (que generan un alto gasto para el Estado) y la continuación de las unidades materno-infantil (donde existen problemas de habitabilidad).
“Creemos que la suspensión de la pena viene a resolver estas limitaciones dando paso a una solución integral porque vela por los intereses del niño, entrega una perspectiva de género a lo penitenciario y evita que -tanto la madre como el menor- sufran las malas condiciones carcelarias”, explicó Walser.
En la sesión del pasado 22 de julio, la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana graficó que el 8% de la población penal son mujeres, y de ellas el 89% corresponde a jefas de hogar. Asimismo agregó que se calcula que 400 mil menores tienen a uno o los dos padres dentro de la cárcel, por lo que se ven gravemente afectados sus derechos.
“De acuerdo a información entregada por Gendarmería de Chile en enero de 2019, 112 niños y niñas de entre 0 a 2 años residían en unidades materno infantiles. De ellos, el 56,5% (69 niños y niñas) lo está porque su madre se encuentra cumpliendo condena, mientras que el 43,4% (53 niños y niñas) reside en dichas unidades porque su madre se encuentra sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva. Del total de niños y niñas residiendo en unidades materno infantiles, el 39,3% (48 niños y niñas) lo está porque su madre cometió una infracción a la ley de drogas”, explicó la jurista.
La profesional resumió el proyecto en dos aspectos:
“Por una parte, se apunta a modificar el artículo 141 del Código Procesal Penal agregando una nueva causal de improcedencia de la medida cautelar de prisión preventiva respecto de mujeres imputadas embarazadas o madres de hijos/as menores de tres años.
Y por otra parte, se propone una nueva regla de ejecución de la pena, la suspensión de la ejecución de la sentencia penal para mujeres embarazadas o madres de hijos/as menores de tres años, a quienes se plantea diferir el cumplimiento de la sentencia hasta que el hijo o hija cumpla tres años, previéndose que la suspensión pueda extenderse por tres años más si el/a niño/a padece alguna enfermedad grave o discapacidad física o mental”.
En tanto, la directora ejecutiva de la ONG Enmarcha, Francisca Hidalgo citó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien en mayo pasado declaró que “los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad sufren lo mismo que sus madres, están al final del día presos y eso nos parece una realidad inaceptable”.
La profesional profundizó en la legislación comparada argumentando que “en Italia, Rusia o Argentina, las legislaciones contemplan la suspensión de la condena privativa de libertad, respecto a mujeres que estén embarazadas o que sean madres de hijos menores. En el caso de Italia es hasta los 6 años, en Rusia, donde llega a los 14 años y en Argentina 4 años”.
Continuó manifestando que “en Costa Rica, se propone proporcionalidad en las penas con un enfoque de género, pudiendo reducir condena o la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento. Para esto la afectada debe encontrarse en condición de pobreza, ser jefa de hogar en condiciones de vulnerabilidad; tener bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores o con cualquier tipo de discapacidad o ser una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad”.
Respecto a la naturaleza de la norma en discusión, la ONG Enmarcha aclaró que “el proyecto de Ley Sayen, señala que las mujeres embarazadas o con hijos e hijas hasta 3 años, no cumplirán su sentencia en un centro penal, ya que las cárceles no son un espacio que garantice que puedan desarrollarse plenamente en sus primeros años de vida. Nunca se habla de ‘perdonazo’, la propuesta es establecer otras formas a la privativa de libertad para que las mujeres puedan cumplir su pena, en beneficio del derecho de niños y niñas a crecer al cuidado de su familia y desarrollarse en un espacio libre”.
Fuente: Senado
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