Soborno, cohecho y lavado de dinero en la educación: La alcantarilla del lucro

 En una medida tardía el Consejo Nacional de Educación canceló la personalidad jurídica a la Universidad del Mar. La solicitud fue presentada por el Mineduc tras el escándalo destapado por el ex rector de la casa de estudios, Raúl Urrutia, quien en mayo renunció a su cargo tras denunciar que pese a que se adeudaban más de 500 millones de pesos en imposiciones a los docentes y empleados, los dueños de la universidad se pagaron a través de inmobiliarias unos 600 millones de pesos. La medida afecta a 18 mil estudiantes de dicha casa de estudios, quienes han pedido la estatización del plantel. Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la CNA: denunció en la revista Punto Final en septiembre, la corrupción en el sistema de acreditación de las universidades.

Era cuestión de tiempo que la corrupción, que se extiende por todas las áreas que permiten el lucro, llegara a la educación. Las coimas y sobornos, elegantemente llamados “contratos y asesorías” del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, a varias universidades privadas para asegurarles una acreditación expedita, eran la dirección natural a que apuntaba el espíritu del libre mercado en la educación. Cuando el fin último es la ganancia, cuando la desregulación permite el ingreso de todo tipo de inversionistas y especuladores ajenos a la educación, cuando las relaciones de cooperación e integración son reemplazadas por la competencia brutal, la supervivencia en esta selva acepta todo tipo de estrategias de mercadeo, mentiras etiquetadas como publicidad y no pocos trucos, trampas y, como lo vemos hoy, delitos evidentes. Los negocios privados entre el ex funcionario de la CNA y las universidades del Mar y Pedro de Valdivia, a la que se sumarían, informó la prensa, las investigaciones a la Uniacc, SEK, Bernardo O’Higgins y el Instituto Moderno de Música, han instalado a la educación privada con fines de lucro en el centro de las actividades prontuariadas basadas en la desregulación de los mercados. El capitalismo entregado a su propia autoregulación deriva, como ley natural, en el engaño, el abuso, el delito.

El ministro de Educación Harald Beyer y otras autoridades de gobierno hablan de “casos aislados”. Pero son también las gotas las que llenan un charco. Luis Eugenio Díaz junto a los ex rectores de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Angel Maulén -este último subsecretario de Economía democratacristiano en dos gobiernos de la Concertación-, están en prisión preventiva por los delitos de soborno, cohecho, violación de secreto, negociación incompatible y lavado de dinero. Según sancionó el tribunal al determinar su encarcelamiento, estas personas son “un peligro para la seguridad de la sociedad” en razón del grave daño que causaron a la confiabilidad del sistema de acreditación de la educación superior.

Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la CNA dio a finales de septiembre una entrevista a PF, en la que hizo la denuncia de este caso y la situación de lucro en la Uniacc y la Universidad Santo Tomás. En su conversación (PF 767), una de las primeras otorgadas a medios de comunicación, Basso explicó los motivos que tuvo para denunciar el caso de la Universidad del Mar a la Contraloría, las evidencias sobre lucro en las dos instituciones privadas citadas y el desinterés del gobierno y del ministro de Educación para asumir el problema e impulsar investigaciones. En la entrevista con Rubén Andino, dice que Eugenio Díaz recibía por acreditar 60 millones de pesos, premio que se repetía al acreditar nuevamente a la casa de estudios favorecida.

Nada debería ya sorprendernos, tal vez indignarnos un poco más. Porque estas investigaciones judiciales han estado precedidas de numerosas investigaciones, informes privados y públicos, reportajes periodísticos y una avalancha de protestas que ha fluido durante los últimos años desde las calles a las oficinas de la Corfo y ante el mismo Servicio Nacional del Consumidor, que es, aunque parezca un mal chiste, el organismo que fiscaliza a las universidades privadas. En el caso de la Universidad del Mar el Sernac presentó una demanda colectiva contra esa institución por cláusulas abusivas en los contratos. Lo mismo que en la relación de un consumidor con un banco, una casa comercial o una empresa telefónica, hubo cláusulas donde la universidad se reservó la facultad de repactar unilateralmente o renegociar la deuda a su solo arbitrio en caso de atraso en el pago, esto es, sin consentimiento del alumno. Si hay diferencias con La Polar, es un asunto de matices.

La corrupción en las universidades privadas con fines de lucro es una extensión más del libre mercado desregulado, el mismo que se ha inscrito junto a la colusión de precios en las farmacias, las oscuras comisiones de los bancos, los desastrosos efectos ambientales y sociales que deja la industria extractiva, los cobros abusivos en las cuentas de servicios o las estrategias comerciales de las instituciones de salud privada para permitir impresionantes ganancias.

EDUCACION CARA, MALA Y ENGAÑOSA

La corrupción entre los organismos de acreditación y las universidades con fines de lucro ha trascendido fronteras y ha hecho reaccionar a la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), sugiriendo medidas que ni el gobierno ni la oposición han esbozado. Para la OCDE, que considera a la educación como una actividad absolutamente necesaria para avanzar hacia el desarrollo económico, el caso chileno es de extrema gravedad: a los pésimos indicadores de aprendizaje se agrega la corrupción y la mentira en aras de la ganancia fácil. El informe de la OCDE recomienda al Estado chileno “reforzar un mejoramiento del sistema de aseguramiento de la calidad es urgente”, ya que “el sistema actual no funciona como debería”. Por tanto, propone, según informó La Tercera, que “la acreditación sea obligatoria para todas las instituciones: institutos, centros de formación técnica y universidades. Si no la obtienen, pueden apelar ante el Consejo Nacional de Educación. Y si la certificación les es negada en éste, pueden quedar en interdicción y se les quita automáticamente el reconocimiento oficial”.

También apareció un estudio realizado por la revista The Economist, en que ratifica lo conocido: la educación chilena está en muy mal pie. Chile, junto a otros cuatro países latinoamericanos que no hace falta mencionar, aparece en los últimos lugares de un ranking que mide los resultados de los sistemas educacionales en el mundo.

Es extremadamente grave lo que ha sucedido con el lucro en la educación, actividad por la que los estudiantes han venido protestando desde hace años, y aun cuando negada por los gobernantes y parlamentarios, hoy es confirmada con los casos que procesan los tribunales. Con seis instituciones bajo investigación, ya no es posible hablar ni de casos aislados ni de defender el lucro como una actividad beneficiosa para la sociedad.

Si el lucro es de por sí repugnante en áreas como la salud, la banca usurera o en la especulación con alimentos de primera necesidad, en educación tiene otros efectos que son aún más perjudiciales. Estos se transmiten a todo el sistema social al aumentar sus niveles de desigualdad, desequilibrios que se transmitirán y reproducirán en las próximas generaciones. Una educación basada en el lucro y en el engaño en cuanto a la calidad de la enseñanza le resta recursos a la generación que hoy paga, la que generalmente se endeuda con el sector financiero durante el resto de su vida, a la vez que no entrega las herramientas prometidas a los estudiantes. Solo estos dos efectos refuerzan las características de concentración de la riqueza.

Es interesante observar los insumos que utilizó la Confech para levantar sus demandas a partir de las primeras protestas en 2010. El estudio que realizó el centro de estudios Cenda sobre la educación superior chilena ofrece información económica sobre este drama que bien vale revisar. Los estudiantes han comprendido que sobre estas bases económicas su futuro estará siempre condicionado a los créditos adquiridos. Cenda señala que la actual política económica educacional ha cargado sobre las familias aproximadamente dos tercios de los costos de la educación superior; el Estado participa sólo con cerca del diez por ciento. Al mismo tiempo, solo una fracción de los estudiantes logra titularse oportunamente. Si le agregamos falsas acreditaciones, el abuso adquiere características perversas.

Considerando las matrículas, “el gasto para cada uno de los 872.849 alumnos de educación superior promedió 2,7 millones de pesos en 2009. Los 576.600 estudiantes universitarios presentaron un gasto individual promedio anual de 3,7 millones de pesos por alumno, cifra que en el caso de los 189.069 que estudian en los Instituto Profesionales se reduce a 1,1 millones de pesos”. Teniendo en cuenta el mercado laboral, su informalidad, inestabilidad y el deprimido nivel de remuneraciones promedio, los futuros profesionales no ganarán lo suficiente para solventar sus dividendos. Es decir, “aquí hay un castigo que se acarreará por gran parte de la vida laboral sobre aquellos que contrataron créditos, quienes en su mayoría provienen de sectores medios y populares”. Si a todo esto le agregamos la falsa acreditación en la calidad del servicio, la recuperación de lo invertido será imposible.

NEGOCIO POR DONDE SE LE MIRE

El Servicio de Información de la Educación Superior del Mineduc (SIES) publicó a finales de 2010 que las 58 casas de estudio que entregaron sus datos obtuvieron ingresos, en 2009, por más de cinco mil millones de dólares. Una cifra impresionante y, como sucede en otros mercados, también muy concentrada: las cuatro primeras universidades del ranking de ventas controlan el 40 por ciento del mercado.

Un buen negocio genera también cambios de propiedad. Durante los últimos años han ingresado al sector no sólo grandes corporaciones internacionales, sino también inversionistas extranjeros con activos en otras áreas del comercio y la economía. Bien conocido es el caso de Laureate Internacional Universities, dueño de la Universidad de Las Américas y Andrés Bello, o del consorcio estadounidense Apollo, que en 2008 compró por 40 millones de dólares la Universidad Uniacc, una institución “sin fines de lucro”. Y también la Universidad Santo Tomás, con ventas por unos cien millones de dólares anuales, que ha tenido entre sus accionistas al fondo de inversión estadounidense con presencia latinoamericana, Linzor.

La inversión total en publicidad superó los 1.300 millones de dólares anuales en los balances de 2011. De este total, según el informe de Achap (Asociación Chilena de Agencias de Publicidad), la participación por rubros está bastante atomizada, pero hay claros líderes. En primer lugar, como es tradicional y bien observable, están las grandes tiendas, con alrededor del nueve por ciento del total invertido. Les sigue la telefonía, con 4,7 por ciento, los automóviles, con 3,4, y los productos de higiene y belleza con poco menos. En el octavo lugar aparece el rubro universidades, con un 2,5 por ciento del total invertido, lo que da una cifra superior a los 30 millones de dólares, la que supera a toda la publicidad de un sector como la banca o las farmacias. Una inversión extremadamente abultada para una actividad “sin fines de lucro”.

TODOS INVOLUCRADOS

Hacia el primer semestre de 2012, en medio de las protestas de la Confech y de informaciones aparecidas en la prensa sobre supuestas irregularidades financieras en la Universidad del Mar, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora sobre el “funcionamiento de la educación superior”. El informe fue publicado hacia finales de junio de este año y las conclusiones han sido demoledoras, reforzando las denuncias de los estudiantes y otros actores de la educación.

En el informe se afirma que la fijación de aranceles anuales de cada carrera y los intereses que cada año se aplican, exceden con creces los establecidos como referencia por el Ministerio de Educación. Ello ocurre porque cada institución tiene libertad para establecer el precio de las carreras. De esta forma, existe una brecha con el valor de referencia del Mineduc que puede llegar hasta el 58%. Por ejemplo, de acuerdo a un estudio del diario La Tercera la carrera de odontología en la Universidad de Los Andes cuesta anualmente $5,3 millones, mientras que el arancel de referencia es de $2,6 millones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la Universidad Diego Portales: literatura cuesta anualmente $2,9 millones, mientras el arancel de referencia es de $1,7 millones.

Otra observación es en relación con la publicidad de las universidades, la que “es impresionante”. De acuerdo a información oficial, éstas son el tercer avisador más importante del mercado. Anualmente gastan cerca de 60 millones de dólares sólo en publicidad, ubicándose después de las grandes tiendas y la telefonía celular. Es decir, el cálculo previo sobre las estadísticas de Achap queda corto frente al cálculo de los diputados.

De acuerdo a los estudios sobre la educación superior chilena se ha detectado que es una de las más caras del mundo, agrega la Comisión. Según el informe del Banco Mundial y la OCDE, institución que agrupa a más de 30 países desarrollados, los aranceles universitarios representan un tercio del ingreso per capita bruto nacional. Las estadísticas son aún peores si se las compara con el PIB per capita: el arancel en una universidad privada equivale al 47% de ese indicador y el de una universidad del Consejo de Rectores representa el 41,7% del producto por habitante. El reporte agrega: “Analizados todos los antecedentes, esta Comisión concluye que no sólo existe lucro en la educación superior, sino que además, todo el marco normativo que regula el sistema no funciona”.

La desregulación de la industria, señalan los diputados, se debe esencialmente a la desaparición del Fisco como ente fiscalizador. La Comisión precisa que durante los treinta años que lleva de existencia el sistema de educación superior privado, ni el Ministerio de Educación ni la División Superior de Educación ni la Comisión Nacional de Acreditación han realizado “alguna fiscalización, auditoría o simple revisión en orden a determinar la existencia de fines de lucro en alguna de las instituciones que han lucrado con ventas millonarias o bien han dado a conocer lo ventajoso del negocio de la educación superior a través de estudios académicos, publicaciones y reportajes de investigación”.

Este informe, sin embargo, no fue aprobado por la Cámara de Diputados, lo que expresa la turbia relación entre estas elites políticas y los negocios privados. Del mismo modo como ha sucedido con la Ley de Pesca, una actividad que ha cooptado a muchos parlamentarios, el negocio de la educación privada con fines de lucro, que como hemos visto mueve varios miles de millones de dólares al año, también impide modificar el sistema. La corrupción evidente que observamos hoy con las falsas acreditaciones está también presente en la relación de estos inversionistas con las elites políticas. El conocido caso de las falsas becas Valech en la Uniacc es solo un ejemplo de esta turbia relación.

Los estudiantes de la Universidad del Mar solicitaron la estatización de la institución. Aun cuando esta puede ser una operación compleja, la demanda es muy significativa. El sector privado desregulado reforzado por la ideología neoliberal, parece tener sus días contados.

 Paul Walder

Punto Final

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