Prefiere que el exmandatario continúe en Curitiba hasta que se pronuncie, ya que «en breve» retomará el análisis del recurso de «habeas corpus»
La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) recurrió este miércoles al Tribunal Supremo Federal para que impida su traslado desde Curitiba (sur), donde está preso actualmente, a una cárcel de Tremembé, una pequeña ciudad en el estado de São Paulo (sureste).
«En la hipótesis –de reconocida incapacidad del Estado de asegurar los derechos previsto en la Constitución de la República y en las leyes-, cabe conceder al paciente el restablecimiento de su libertad plena, jamás colocarlo en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica y personal», afirma la defensa en la petición dirigida al Supremo.
Por ese y otros argumentos los abogados piden que se «suspenda» la decisión de la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que determinó el traslado, hasta que el Supremo juzgue la petición de habeas corpus que pide poner en libertad al expresidente.
Críticas al traslado
«Pedimos la suspensión del análisis de la petición de la Superintendencia de la Policía Federal hasta el juicio final del «habeas corpus» nº 164.493/PR, en trámite ante el Tribunal Supremo Federal», informó el abogado Cristiano Zanin en un comunicado.
En la actualidad, el expresidente Lula está preso en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (estado de Paraná, sur del país).
Los agentes pidieron que se le trasladara a otra cárcel alegando que la presencia de Lula generaba trastornos en la rutina diaria de la comisaría y que no había condiciones adecuadas para su custodia.
La jueza que se encarga de la ejecución penal de Lula, Carolina Lebbos, atendió la petición y esta mañana determinó que sea trasladado a una cárcel del estado de São Paulo, argumentando que allí podría estar más cerca de sus familiares.
La defensa de Lula, no obstante, prefiere que el exmandatario continúe en Curitiba hasta que el Supremo se pronuncie, ya que «en breve» retomará el análisis del recurso de «habeas corpus».
En ese recurso, los abogados alegan que el juez que le condenó en primera instancia, Sérgio Moro, actuó de forma parcial, lo que en su opinión debería llevar a la «nulidad de todo el proceso y al restablecimiento de la libertad plena de Lula».
Los abogados del líder izquierdista también critican que la jueza haya negado a Lula el derecho a cumplir la condena en una Sala del Estado Mayor, un recinto especial para autoridades militares, y que no se les haya consultado antes sobre las condiciones del traslado.
«Lula es víctima de una intensa presión ilegal impuesta por parte del sistema de justicia; la defensa tomará todas las medidas necesarias con el objetivo de restablecer la libertad plena del expresidente Lula y para asegurar los derechos que le asegura la ley y la Constitución Federal», añade la nota oficial.
Poco después de la manifestación de los abogados de Lula, la Justicia estadual de São Paulo determinó que el expresidente sea trasladado a una cárcel de presos comunes en la ciudad de Tremembé, a 150 kilómetros de São Paulo capital.
Por el momento, Lula sigue en Curitiba, donde permanece desde abril de 2018, cumpliendo una pena de ocho años y diez meses de cárcel por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
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