Patricia Solorza era pobre, apenas tenía 40 años de edad y también madre de dos hijos. El mayor de ellos sufrió de meningitis cuando era pequeño, y eso le ocasionó un retraso madurativo y disminución de la capacidad auditiva (hipoacusia).
En 2014, las autoridades policiales se la llevaron detenida luego que un vecino denunciara que Patricia había botado un feto en la basura. Con esa imagen cualquiera se escandaliza, pero la verdad tras aquel acto relata una historia muy distinta, donde la víctima es la señora Solorza y los victimarios todos los que se atrevieron a condenarla.
Aquel día, Patricia estaba en su casa, en la zona de Ezpeleta -provincia de Buenos Aires-. En medio de sus labores diarias y sin saber lo que ocurría sufrió un aborto espontáneo. Solorza tenía cinco meses de gestación y no se había dado cuenta. Tenía 35 años para ese entonces.
Al momento no supo qué hacer, entró en pánico, observó que el feto estaba muerto y al no contar con ningún tipo de recursos pensó que lo que debía hacer era recoger el embrión, limpiar y recoger en una bolsa y luego tirarlo a la basura.
El vecino que la vio le avisó a la policía. Nunca le preguntó qué le había pasado, simplemente la condenó a sus prejuicios. Dos meses después la denuncia de ese vecino ocasionó que la detuvieran, así fue como Patricia, por primera vez en su vida entraba a un recinto carcelario, también fue la primera vez que injustamente fue alejada de sus tres hijos.
El más grande de sus pequeños -Alejandro- tenía para el momento de la detención 14 años, y la más pequeña -Victoria- apenas pasaba los cuatro, una edad que no le permitía vivir con su mamá dentro del penal, donde cumplía una condena injusta, declarada culpable sin pruebas y prácticamente obligada a asumir la responsabilidad de un homicidio que nunca ocurrió.
Un lamentable ejemplo de injusticia
Luego de ser detenida, a Solorza la llevaron a la Unidad Penal 47 de San Martín. En ese lugar, luego de ser condenada culpable injustamente, le negaron también la posibilidad de recibir el beneficio de prisión domiciliaria (casa por cárcel) para permitirle atender a su hijo con discapacidad y sus otros dos pequeños.
Durante los últimos dos meses, Patricia enfermó dentro de la cárcel, presentaba fuertes dolores de vientre y por ese periodo de tiempo le negaron atención médica hospitalaria.
No fue hasta hace apenas dos semanas -15 días- cuando las autoridades penitenciarias del Estado argentino decidieron trasladar a Solorza al Hospital José León Suárez.
El traslado se dio en un momento crítico. Patricia había perdido tanto peso que su familia no la reconocía. Los médicos decidieron internarla inmediatamente en terapia intensiva, su vida corría peligro.
En el momento, los médicos informaron que no podían operarle de emergencia, tenía -además de todo el cuadro clínico agravado- una inflamación de la vesícula.
Durante esos últimos 15 días internada, Patricia no supo ni de ella ni de sus hijos, estaba inconsciente; y a pesar de eso, las autoridades policiales aún la mantenían esposada en la cama donde permaneció inerte hasta su muerte.
La imagen en la terapia intensiva en torno a Patricia era el de una moribunda que era tratada como criminal tras haber sido condenada por “homicidio agravado”, a pesar de haber sufrido un aborto espontáneo.
Estudiaba en la Universidad, jugaba rugby y le gustaba tejer
Cuando la juzgaron los tribunales argentinos, en ningún momento se le permitió defenderse con su verdad. El delito por el que la acusaban le pudo suponer la cadena perpetua. Ante esa amenaza de pasar el resto de la vida detrás de las rejas, a Patricia le ‘aconsejaron’ que aceptara la culpabilidad a cambio de una condena por ocho años.
Solorza no tenía nadie más que la ayudara, en aquel juicio abreviado, tomaron la decisión de condenarla y punto. Sin embargo, esta madre nunca dejó de ver su vida con esperanza.
En medio de aquella catástrofe, decidió ver las oportunidades: se integró al equipo de rugby de la cárcel ‘Las Espartanas’, entró al taller de diseño textil de la agrupación ‘Yo No Fui’ y comenzó a estudiar en la carrera de Trabajo Social del Centro Universitario San Migual (Cusam), de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
Patricia se involucró en cada una de esas actividades. Según cuentan excompañeras del recinto, en el curso de diseño textil era una de las más activas y esperaba seguir siendo parte del grupo cuando recuperara su libertad.
Recientemente, también había comenzado a cursar la Diplomatura en Artes y Gestión Cultural.
“Quiero poder salir de acá y decirle a la sociedad que estoy preparada. Toda mi familia espera ansiosa que llegue ese día”, afirmó Solorza en un video que grabó en la Cusam, justo antes de enfermar, durante el acto de graduación de la diplomatura.
A pesar de todas las injusticias que vivió, Patricia siempre tenía la esperanza de graduarse como Trabajadora Social y -sobre todo- de regresar a su casa con sus hijos. Ella aguardaba a que la justicia argentina le permitiera obtener el beneficio de conseguir salidas transitorias, siempre se la negaron.
Fue víctima de maltrato infantil y de las autoridades
Patricia fue la mayor de seis: cuatro hermanas y dos hermanos. Cuando era niña sufrió el maltrato físico de su padre y ya grande se hizo responsable de su vida y de sus hijos. Resolvía como podía la entrada de dinero. Llegó a ser secretaria en un estudio jurídico y también vendió ropa en ferias ambulantes.
Patricia falleció el pasado 7 de agosto. No aguantó más el desprecio de las autoridades carcelarias, de la justicia, del Estado, las leyes y del gobierno argentino. Su acto velatorio fue justamente un día antes de cumplirse un año de la votación en el Senado de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que buscaba garantizar los derechos de las personas gestantes, y que fue negado por los parlamentarios.
El 8 de agosto, el cuerpo de Patricia, el mismo que murió esposado en una cama terapéutica, fue llevado al Cementerio de Ezpeleta, su sepelio fue tramitado con ayuda social.
Un artículo de Página 12 escrito por Marta Dillon, titulado: “La historia de Patricia Solorza: presa por abortar, murió abandonada por las autoridades penales”. Describe las últimas horas de ella en el hospital.
“Patricia murió de causas relacionadas con la cárcel. La cárcel, esa amenaza con la que se pretende que se deje de abortar ahora que no hay ley, mata. A diario. Por acción y por omisión. A Patricia no la escucharon cuando dijo que le dolía la panza. Una vez, dos veces, tres, cientas. Dos meses tardaron en registrar su pedido y hacer una cita en un hospital con unidad penal en La Plata. Nunca llegó ahí porque la urgencia obligó a llevarla a otro, el más cercano, un día antes. Luján la vio ese día, apenas la reconoció por la cantidad de peso que había bajado en un mes”.
“La misma policía que la cuidaba en el hospital me dijo que la trataban mal, que no le hacían las curaciones, ella tuvo que decirles que era una paciente como cualquier otra”, cuenta su hermana, Luján Solorza.
“Y sin embargo, las esposas las tenía siempre puestas. A dónde se iba a escapar si no dejaba de vomitar, si tenía un drenaje en el cuello además del suero y la herida de una operación en la que su familia todavía no sabe qué le hicieron. Tampoco saben qué es lo que la mató”, describe Dillon.
“El médico me dijo que él no era adivino, que la habían llevado tarde y que hacía lo posible”, agrega su hermana Luján al recordar las últimas semanas de su vida.
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