María Rivera, abogada de la Defensoría Popular: «Los métodos de represión en Chile no han cambiado desde la dictadura»

María Magdalena Rivera Iribarren es una voz autorizada para hablar de violencia policial en el Chile actual. En su calidad de abogada y Coordinadora de la Defensoría Popular ha conocido de la voz de las propias víctimas relatos de golpes, torturas y secuestros, y ha accionado legalmente en contra de los victimarios, principalmente funcionarios de Carabineros. Esto último le ha permitido comprender además el escenario adverso en el que hoy se intenta hacer justicia ante los abusos sistemáticos de quienes detentan en nuestro país la exclusividad del uso de la fuerza.

Profundizamos en esta realidad con la jurista -quien también es dirigenta nacional del Movimiento Internacional de los Trabajadores (MIT)- y conversamos sobre Aula Segura, la responsabilidad de los medios de comunicación en la continuidad de estas prácticas y lo que ocurre con la represión en establecimientos educacionales como el Instituto Nacional, entre otros temas.

En base a la experiencia que tienen ustedes como Defensoría Popular, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia policial en el Chile actual?

Hablamos de violencia policial cuando en medio de procedimientos -ya sea por delito flagrante o por órdenes de un tribunal- los funcionarios policiales, al instante de realizar las detenciones de los posibles imputados, utilizan fuerza innecesaria, métodos que están absolutamente reñidos con los protocolos de las policías y con lo que ordenan los tratados internacionales vigentes y ratificados por el Estado chileno.

Y esa violencia se concreta en hechos como golpes o amenazas con el arma de fuego de los funcionarios; encierros por horas indeterminadas en calabozos cuando no es necesario, o en furgones a mucha o muy baja temperatura, de niños incluso de 14 años -que no son imputables-, no permitiéndoles alimentarse, acudir a los servicios higiénicos, beber agua, siendo tratados con golpes, pisados muchas veces al interior de las micros de Carabineros, agredidos doblándoles los brazos; golpes en la cara tremendamente violentos que han hecho a personas perder dientes. Además de eso hay que sumar la violencia en que se traducen los disparos indiscriminados de balines de goma o bombas lacrimógenas, las que han golpeado y hasta hecho perder ojos, han roto cabezas -hay personas que quedan con Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), ya sea abierto o cerrado-, entre otras cosas.

La respuesta de la institución de Carabineros ante denuncias de violencia policial en contexto de movilizaciones es generalmente que los uniformados aplicaron sus protocolos internos. Frente a eso uno tiene dos opciones: O creer que están mintiendo o constatar que dichos protocolos legitiman los abusos y las agresiones. ¿Cuál es su mirada al respecto?

Si nosotros hablamos objetivamente de los protocolos, estos no autorizan evidentemente aplicar la violencia de la que hablábamos; la autorizan específicamente, según el protocolo, cuando es ultra necesario. Sin embargo, nosotros, los defensores penales y abogados de Derechos Humanos en general, hemos podido constatar que esos protocolos son absolutamente vulnerados por los funcionarios y lamentamos que desde la Dirección de Carabineros -que ya sabemos que ha sido tremendamente cuestionada este último tiempo- hagan caso omiso y los protocolos terminen siendo letra muerta. Es lamentable que la Dirección de Carabineros no defienda la aplicación correcta de los protocolos que ordenan sus actuaciones, cuando son evidentes las contradicciones que hay y salen a la luz pública día a día. Nosotros creemos que los métodos de represión en Chile, lamentablemente, no han cambiado desde la dictadura.

Para muestra un botón: nosotros en las movilizaciones estudiantiles hemos presentado sendas querellas por diversos hechos, en los que hemos logrado al menos en uno condenar a un funcionario de la policía civil, en donde ha habido literalmente tortura y secuestro contra un ex estudiante del Liceo Barros Borgoño. Ahí se pudo acreditar que a este estudiante no solamente le provocaron lesiones físicas -porque tenía golpes, hematomas-, sino que también se convirtió en una querella por delito informático porque lo obligaron -amenazándolo con armas, poniéndole un revólver en la cabeza- a que entregara las claves de sus redes sociales. También en Viña del Mar presentamos una querella contra Carabineros que también cometieron este tipo de delitos -esa causa todavía está abierta- en contra de unos estudiantes que jugaban con una pelota en la calle, festejando su graduación de cuarto medio. Y a nivel nacional hay casos emblemáticos, como muertes de comuneros mapuches, por ejemplo, y eso no se condice con los protocolos de Carabineros.

«HACER DESNUDARSE A UNA PERSONA ES UNA ACCIÓN DE TORTURA»

Los casos de mujeres obligadas a desnudarse en comisarías, como lo ocurrido recientemente con una profesora en Copiapó, ¿podrían tener alguna justificación real por parte de Carabineros? 

Absolutamente ninguna justificación. Hacer desnudarse a una persona es una acción de tortura. Eso está reconocido por los tratados internacionales. De hecho, podemos citar algo que fue la gran investigación que se hizo y de recepción de antecedentes con el Informe Valech en Chile, donde se establece que una de las primeras conductas que cometían los funcionarios de la dictadura era hacer desnudarse a las personas, porque la persona desnuda evidentemente queda en una situación de completa vulnerabilidad. Entonces, no existe ninguna justificación porque para investigar o determinar, por ejemplo, si alguien lleva un arma encima o algo oculto, existen detectores de metales. Y, en el caso que mencionas, los profesores evidentemente no van a ir a una manifestación con armas de ese tipo. Y, además, la tortura está penada en la legislación chilena.

Personalmente, ¿qué caso de violencia por parte de Carabineros en contra de civiles ha conseguido impactarla más que el resto?

Yo creo que lo que más me ha impactado fue el caso del chico del Liceo Barros Borgoño (N.del.R: César Reyes) ocurrido el año 2013, el que te mencioné denante, desde su principio. Yo estaba en esta misma oficina cuando nos cuentan que se lo lleva un auto particular, y fui yo quien presentó el amparo de garantía ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Estuve toda la tarde en contacto con el magistrado (Darwin) Bratti -y no me olvido más porque fue una situación muy, muy compleja-, hasta que el propio magistrado descubrió que el chico estaba en una oficina de la policía civil. Yo fui y la verdad es que lo vi completamente golpeado, en un trauma atroz, corrían las lágrimas por su cara, y no entendía por qué si era un chico de 16 años -que si bien tiene eventualmente responsabilidad penal, sigue siendo un niño para cualquier adulto- estaba en esas condiciones. Para mí fue tremendo. Y eso evidentemente me demostró que lamentablemente no se reformaron o renovaron los métodos de las policías chilenas desde la dictadura, y que por eso seguimos lamentando una serie de cosas.

Hace un mes atrás Carabineros disparó una bomba lacrimógena adentro del ‘Pedagógico’ y le pegó en la cabeza a una estudiante que no tenía nada que ver con la movilización, ni en la protesta que había.      

Y esa constatación de que finalmente no se han renovado esas prácticas que vienen desde la dictadura, ¿a que se podría atribuir? ¿Se requiere, por ejemplo, integrar el tema Derechos Humanos en la formación de los uniformados?  

Lo que pasa es que hay que pensar que, primero, las policías tienen el monopolio de las armas -son los únicos facultados para usarlas-; son los que realizan las investigaciones por orden de los distintos fiscales, nacional o regionales. Y lamentablemente yo creo que la formación de las policías no es que sea casual; las policías hace varios años ya que tienen como objetivo -haciendo cursos, yendo a Colombia, a la selva, todas estas novedades que trajo el gobierno de Sebastián Piñera, pero que vienen de los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría también- abatir o terminar con el enemigo interno, esa es la política. Y nosotros podemos ver que se compran aviones, tanques, armas, municiones, cuando sabemos perfectamente que no existe ningún peligro de guerra. Entonces, ¿dónde utilizan todo eso? Lo usan con el supuesto enemigo interno, que no son nada más y nada menos que las personas que se oponen a los planes que los gobiernos de turno aplican. En los gobiernos latinoamericanos, cuando hay movilizaciones importantes, evidentemente las consecuencias las sufren quienes están en primera línea oponiéndose a eso.

“LA RESPONSABILIDAD ES DEL FUNCIONARIO QUE DISPARA, DEL GOBIERNO Y DE LOS PARLAMENTARIOS”

El pitonero que estuvo a punto de matar a Rodrigo Avilés fue sentenciado a dos años y medio de prisión, pero está cumpliendo su condena en libertad. A su juicio, ¿son las bajas condenas contra carabineros por actos de violencia responsables igualmente de que se perpetúen estas prácticas entre sus funcionarios? 

Acá hay dos cuestiones. Primero, las bajas condenas o las condenas irrisorias, como en el caso de los responsables de las muertes del estudiante Manuel Gutiérrez o de Matías Catrileo. Entonces esa es una de las cuestiones: que las condenas son demasiado bajas, entonces no tienen ningún tipo de ‘lección’, por así decirlo. Pero el 50% o más de responsabilidad de eso es del gobierno de Chile, porque Carabineros depende directamente del Ministerio de Interior. Entonces, ese tipo de acciones, esa represión, esa compra de armamentos, esa política de combatir al ‘enemigo interno’, viene directamente del Gobierno. Entonces acá no sirve de mucho condenar a uno que otro carabinero, si las políticas desde el Gobierno continúan siendo las mismas.    

¿Y cómo observan el accionar de los fiscales en estos casos cuando llega la hora de pedir una determinada condena para un uniformado responsable de alguna agresión?

Lo que pasa es que el problema ni siquiera es mucho de los fiscales al momento de que se dicte una sentencia, porque ellos se enmarcan en la legislación. Entonces podríamos opinar si fueron acuciosos o no en la investigación, pero la ley permite a los jueces recorrer una cantidad de espacio entre la mínima y la máxima pena, entonces eso tiene que ver más bien con las leyes. Por ejemplo, la reforma última que es muy dura -del año 2015 con la Presidenta (Michelle) Bachelet- es la de control de armas. Un chiquillo que cometió la debilidad, el error o, digamos, hasta el supuesto delito lanzando una bomba molotov, arriesga 3 años y 1 día de cumplimiento efectivo. Entonces la conclusión que sacamos nosotros es que un chiquillo que se encapucha y lanza una molotov es condenado con una pena mucho más dura que un policía que le dispara a Manuel Gutiérrez o Matías Catrileo y lo mata. Es decir, no hay comparación. 

Pero insisto en que eso tiene que ver con la legislación, por lo tanto la responsabilidad no es solamente de los funcionarios policiales que disparan o que cometen hechos de tortura, sino que es por partes iguales del gobierno -porque el ministro (Andrés) Chadwick y los ministros de Interior de los gobiernos anteriores han sido los responsables directos del funcionamiento del cuerpo de las policías, de Carabineros sobre todo- y de todos los parlamentarios de todos los partidos, porque son ellos quienes redactan las leyes y no han hecho absolutamente nada ni por escandalizarse por mandar a chiquillos de 18 años a cumplir efectivamente 3 años y un día por una bomba molotov, y tampoco se han escandalizado por las penas que le han dado a quienes son los responsables de asesinar a estudiantes como Manuel Gutiérrez o comuneros mapuches como Matías Catrileo y otros tantos.   

Por una parte tenemos la poca o nula voluntad política de que esto cambie a través de mejorar o legislar nuevas leyes, pero también hay otro ámbito, el cultural. Pareciera que también tenemos un problema ahí, porque seguimos viendo que hay una parte de la ciudadanía que tiende a justificar el abuso del Estado en función de la supuesta necesidad de un “orden público”. ¿Qué mirada tiene al respecto? 

Mi posición es que vivimos en una sociedad de clases, donde hay una clase que oprime y otra que es oprimida, y lamentablemente desde el advenimiento de la democracia, desde el año 1990, la gente ha sufrido decepciones grandìsimas, una desmoralización tremenda, hay un vacío gigantesco para poder organizar como históricamente se ha entendido la defensa de los derechos como una lucha general desde los sindicatos, desde la central de trabajadores, etcétera; entonces, lamentablemente, las reacciones son parceladas, individuales, atomizadas y sin orientación alguna. 

Hay mucha bronca acumulada, demasiada. Yo por lo menos veo que crece muchísimo la rabia, la impotencia. Los alumnos que consiguieron becas en el gobierno anterior las han perdido; los estudiantes que pelearon en la calle por miles y miles no han conseguido nada, al contrario, hay muchos cuyos padres están demandados, con juicios ejecutivos donde tienen el riesgo de perder sus propiedades por los créditos para estudiar; en las movilizaciones por No+AFP hay un millón de personas en las calles y siguen intactas y, al contrario, una reforma de este gobierno empeora las cosas en vez de resolverlas. Entonces, todo eso acumula mucha rabia en general en la ciudadanía. Yo no justifico la violencia individual, pero sí justifico cuando los trabajadores y el pueblo salen a reclamar por sus derechos. Protestar es un derecho, que está garantizado en la Constitución.

“AULA SEGURA NO TIENE NINGÚN PARÁMETRO EN UN ESTADO QUE SE DICE DEMOCRÁTICO”     

¿Qué opinión tiene del tratamiento de los medios de comunicación tradicionales, pensando en la televisión principalmente, frente a los abusos de la policía?

Bueno, nosotros constatamos día a día que así como el monopolio de las armas lo tiene el Ejército, el de las comunicaciones lo tienen los grandes empresarios. Entonces, evidentemente las directrices de los medios de comunicación tradicionales se desarrollan a imagen y semejanza de sus dueños. Por ejemplo: sobre el chico que alcanzó connotación pública por aparecer en el techo del Instituto Nacional manipulando una bomba molotov, han dicho una y mil veces que se quemó, cuando ese chico no está quemado. ¿Y para qué dicen eso? Para que a ningún otro chico se le vaya a ocurrir hacer eso, en vez de sentarse a buscar una salida, a preguntarles cuál es su problema. 

El alcalde de Santiago aparece diciendo que ‘si no llegamos a acuerdo, yo cierro el Instituto Nacional’. Yo he ido a dar charlas allá y veo que las condiciones del Instituto Nacional son deplorables; entonces cuando viene el alcalde y dice que ‘si tú reclamas por esto, yo te expulso’, evidentemente que los adolescentes, con la impotencia, buscan las formas más a mano que tienen y lamentablemente sucede lo que todos vemos.

¿Qué representa para usted la ley Aula Segura, impulsada y promovida  justamente por el alcalde Felipe Alessandri?

Aula Segura es una norma absolutamente represora, está fuera de todo criterio. Primero que todo, la Constitución Política dice que está prohibido que alguien sea juzgado por comisiones especiales, sin embargo, los rectores o directores de los colegios hoy están convertidos en una comisión especial. Si yo cometo un delito es un juez de la república quien debe dictar una sentencia, pero acá las autoridades de los colegios están dictando sanciones terribles. Porque, además, no se trata solamente de que expulsan a los alumnos de un colegio, sino que también los otros colegios de la comuna no reciben a estos chicos. Entonces, estamos mandando a chiquillos y chiquillas, literalmente, a la calle. Es una aberración. Aula Segura no tiene ningún parámetro en un Estado que se dice democrático, ninguno.     

¿Qué lectura hace de lo que ocurre en el Instituto Nacional? ¿A qué atribuye usted la represión sistemática y la intención permanente de criminalizar al estudiantado de ese colegio por parte del alcalde Felipe Alessandri y del Gobierno?  

La verdad es que es escandaloso. Primero, es muy contradictorio que al colegio público de mayor calidad o categoría del Estado chileno, hoy con su discurso ellos lo estén convirtiendo en un antro de delincuentes, porque eso es lo que dicen: ‘No vamos a permitir delincuentes’. Y se están refiriendo a chicos que lo más probable es que después, cuando rindan la PSU, sean puntaje nacional. Lo que están haciendo es una aberración; yo creo que evidentemente tienen como objetivo acabar con la educación pública, no existe otra explicación. Hay que estudiar bien a fondo lo que sucede, hacer por ejemplo un estudio sociológico, porque dice el alcalde, la vocera de Gobierno, la Intendenta de Santiago, que ‘no podemos permitir que veinte violentistas…’ , y perdón pero cualquier persona con dos dedos de frente no puede creer que veinte chicos tengan a ese instituto en la crisis que está. 

Esa crisis tiene muchos más ámbitos que el de los chicos encapuchados o los supuestos delincuentes. Acá no hay una inversión real, hay profesores que están absolutamente sobreexplotados, con una cantidad de trabajo que es impresionante y que, además, se han convertido con la Evaluación Docente en obreros que tienen que cumplir un nivel más de producción. Entonces, no existe -como en la época en que nosotros estudiábamos- profesores bien especializados, dedicados, tranquilos; hoy corren todo el día para poder garantizar su puesto de trabajo. Por ejemplo, en el Liceo 1 tenemos dos demandas por vulneración de derechos en contra del municipio, porque dos profesoras que eran críticas al tratamiento que se le estaba dando a los problemas que había entre las niñas de colegio y el cuerpo directivo, fueron literalmente sacadas de su lugar de trabajo, trasladadas a colegios de distinta categoría, etcétera. Entonces, no es solo con los estudiantes, también con los profesores.       

¿Y de qué tipo de país habla uno en el que se espera a las estudiantes del Liceo 1 con FFEE antes de que ingresen a sus salas, o de policías armados entrando a las aulas mientras profesores y alumnos realizan clases, como ocurrió en el Instituto Nacional?

Nosotros nos jactamos de vivir en democracia, pero en definitiva las democracias siempre terminan siendo dictaduras de una clase por otra, desde la época de los griegos incluso. Es decir, se originó la democracia, pero ahí no votaban todos -no votaban las mujeres, por ejemplo-, solo algunos. Evidentemente se está aplicando acá lo que se llama la dictadura de una clase sobre otra. Y cuando los gobiernos no pueden convencer de que las políticas que están aplicando la ciudadanía en general tiene que recibirlas obsecuentemente, aplican la violencia. 

Cuando vemos fotografías y videos de Fuerzas Especiales ingresando a las salas de clases, pensamos que eso podría pasar en Palestina o en algún país del Medio Oriente, pero no en un Estado que se dice defender la democracia, respetar a todos los ciudadanos. Acá la falta de respeto, la vulneración de derechos parte de las instituciones del Estado. Los chicos y chicas están viviendo una situación que es gravísima. Hasta hace un par de semanas a una chica que se le reconoce como presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo Darío Salas, un funcionario del colegio la golpeó.    

¿Alguna última reflexión para agregar?

Sí, quisiera enfatizar en que las policías están integradas por hijos de trabajadores, por trabajadores, por padres de estudiantes. En ese caso, yo les haría un llamado a pensar en eso; no es poesía, es un hecho concreto: ellos pueden negarse a golpear a su pueblo, a su clase. 

Entrevista publicada en la edición de julio de 2019 de la revista El Ciudadano.