Parlamentarios miembros de la Comisión de Familia se dieron cita en la Contraloría para ingresar un requerimiento solicitando que se realice una fiscalización en el Ministerio de Desarrollo Social por posibles irregularidades en las bases técnicas y administrativas de la licitación y ejecución del conteo a nivel nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de calle.
Las diputadas Natalia Castillo (RD) y Karol Cariola (PS), junto a sus pares Raúl Soto (DC) y Luis Rocafull (PS), piden que se informe si existen denuncias efectuadas por la autoridad a raíz del estudio y también sobre los protocolos de intervención que se hicieron en casos de tomar conocimientos de vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, adicionales al hecho de estar en situación de calle, con el objeto de restituir los derechos vulnerados.
La diputada Castillo, autora del requerimiento, expresó que esperan que «la Contraloría estudie minuciosamente las bases administrativas y técnicas de la licitación que ofertó un Conteo de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, para que pueda definir, en primer lugar, las eventuales responsabilidades administrativas en cuanto a si las bases se ajustan a las exigencias y estándares» requeridos.
Junto con ello, la parlamentaria señaló que piden que se indague en torno a «la obligación del Estado de ser garante de la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes». «No hay excusas para no tomar medidas inmediatas con cada uno de los niños con los que se tomó contacto y son parte este conteo, y a su vez darle seguimiento a cada uno de los casos».
En ese sentido, la congresista relató que se encontró a una niña de 14 años embarazada -«es decir, una niña violada», apuntó-, no existiendo hoy claridad de lo que ha pasado con ella y su bebé, así como tampoco si se hizo la denuncia respectiva al Ministerio Público.
Por su parte, la diputada Karol Cariola expresó que «nos parece valorable y necesario que el Gobierno haya realizado un conteo, pero ¿qué sacamos con saber cuántos niños, niñas y adolescentes viven en situación de calle, si esto no estará vinculado a que el Estado de Chile se haga cargo de tomar medidas y de darle seguimiento a esos mismos niños y niñas que está contando?». «Haber gastado 100 millones de pesos en un conteo que no lleva aparejadas las medidas necesarias y que no es capaz de reubicar a los niños y niñas que ya ha contando, es un escándalo», espetó.
Además, agregó que le solicitaron al Contralor que analice cada uno de los procedimientos que se llevaron adelante. «Necesitamos saber qué pasó con los niños, niñas y adolescentes, donde había incluso una embarazada. Exigimos saber qué pasó con aquellos niños que estaban en una vulneración flagrante de sus derechos», sentenció la parlamentaria del PC.