En lo que van corrido de este año, ya son 594 las agresiones que han sufrido funcionarios de los servicios de salud por parte de pacientes o familiares de ellos: un promedio de 3 agresiones por día. De ahí la relevancia del respaldo unánime que le dio la Sala del Senado al proyecto que aumenta las sanciones a quienes agredan al personal que trabaje en los servicios de salud y de educación.
En lo fundamental, el proyecto señala que el que hiera, golpee o maltrate de obra a un profesional de la educación que preste servicio en establecimientos educacionales pre-básicos, básico, y medio, en instituciones reconocidas por el Estado, o a un funcionario de un servicio de salud, en el ejercicio propio de su cargo, o con ocasión de ella, será castigado con las siguientes sanciones:
1º. Con la pena de presidio mayor en su grado medio (de 10 años y un día a 15 años) si de resultas de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.
2º. Con presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años), si las lesiones producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
3º. Con presidio menor en grado mínimo a medio (de 61 días a 3 años), si le causa lesiones menos graves
4º. Con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, o con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, sólo esta última, si le ocasiona lesiones leves o no se produce daño alguno.
Ahora, tras el apoyo en general, ahora el proyecto vuelve a la Comisión de Constitución para su estudio en particular.
Fuente: Senado
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