Clarín: triunfo de la libertad de expresión

Usted se sorprenderá mucho con este titular, porque tanto el Gobierno como el duopolio presentaron el reciente fallo sobre la petición de nulidad del fallo del Ciadi sobre El Clarín como una derrota de la posibilidad de que resurja dicho diario confiscado por la dictadura.

Sin embargo, aquello ha sido un nuevo engaño a la opinión pública chilena, compartido además por el elocuente silencio del liderazgo de la Concertación. Así, faltando gravemente a la verdad, el Gobierno, El Mercurio y La Tercera han dicho que el tribunal del Banco Mundial (Ciadi) sepultó las aspiraciones de los dueños del Clarín de recibir indemnizaciones por su confiscación. Esto definitivamente no es cierto. Dicho fallo confirmó la sentencia de 2008 en cuanto a establecer los derechos previos de propiedad sobre él de Víctor Pey y a que el Estado chileno debe indemnizarlo por su injusta confiscación. En este sentido, el fallo reafirma la resolución que el Consejo de Defensa del Estado había adoptado en 1975 de que el único confiscado había sido el propio Pey, desechando alegaciones de otras personas de haber sido ellos los reales propietarios. Y reafirma también el carácter completamente arbitrario (e inconstitucional para el derecho chileno, dado que con ello el Poder Ejecutivo estaba resolviendo dos causas judiciales: la planteada internacionalmente ante el Ciadi y otra por unas rotativas ante tribunales chilenos) de la “donación” efectuada por el Gobierno de Lagos –a través de su ministro de Bienes Nacionales, Claudio Orrego– del equivalente de nueve millones de dólares a quienes el propio Consejo había desechado previamente (Ver, en este sentido, el ilustrativo –y nunca desmentido- artículo que Patricia Verdugo publicó en Rocinante de septiembre de 2002: Clarín y el sagrado derecho de propiedad).

Lo que anuló el reciente fallo fue el monto específico de la indemnización que había establecido la sentencia de 2008 a favor de Pey. Y estipuló que hay que fijar un nuevo monto –que podrá ser mayor o menor- en base a un procedimiento arbitral del mismo Ciadi. Esto, por cierto, dilata en el tiempo la consecución de la indemnización; pero obviamente la confirma, e incluso posibilita que ella sea mayor que los cerca de 16 millones de dólares determinados en 2008. ¿Dónde está, pues, la “victoria” del duopolio –dado que la eventual derrota de Pey significaba en la práctica su preservación- que con tanto ahínco buscaron los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle, Lagos, Bachelet (que pidió la nulidad del fallo de 2008) y Piñera?

Es decir, el Estado chileno tendrá que cancelar -bastante tarde, pero de todos modos- la indemnización por los bienes del confiscado Clarín. Además, en algún momento la sociedad chilena tendrá que solicitar explicaciones políticas, morales y judiciales al Gobierno de Lagos, dado que el Estado va a tener que pagar dos veces por el mismo bien; debido a que según el Colegio de Abogados hubo también conductas impropias del abogado que hizo el estudio en derecho que sustentó la decisión de ese gobierno (¡y que significó millones de dólares para un familiar de aquel, como también lo había establecido el artículo de Patricia Verdugo!); y debido a que el tesón empleado por aquel gobierno –y los de Frei Ruiz-Tagle y Bachelet- en el caso, además de significar una grave injusticia adicional para alguien (que, de paso, llegó en el Winnipeg y ha hecho significativos aportes al desarrollo nacional) que fue confiscado por la dictadura; ha significado la consolidación de un duopolio que restringe gravemente la vigencia de los derechos a la libre expresión e información de la sociedad chilena, como lo confirma la propia ignorancia en que ha quedado permanentemente nuestra población respecto de este caso.

Por Felipe Portales

Enero 7 de 2013

Publicado en El Clarín de Chile