Por Catalina Hernández
Es mediodía en Santiago y en pleno centro se ven cinco estudiantes arriba de un techo gris, vestidos como si estuvieran en una planta de energía nuclear. Frente a ellos, una veintena de efectivos de Fuerzas Especiales (FFEE) se agrupan y desagrupan esperando achuntarles con el carro lanzaaguas. Un poco más alejados, un grupo de apoderados se dividen en la discusión sobre si es necesaria tanta violencia o no.
Durante varios minutos el caos capitalino se interrumpe y también el caminar de varios y varias que nos quedamos pegadas en el conflicto. Es mirar la expresión más radical de un descontento y una denuncia para la mejoría de la educación pública o, en este caso, la mejoría del emblemático Instituto Nacional.
A un costado de la masa de Carabineros, mientras comerciantes ambulantes o trabajadores del sector avanzan sin sorpresa, un par de estudiantes con uniforme levantan la voz y explican que el Instituto siempre está en crisis, que al final están constantemente en las reivindicaciones sociales, que casi que se deben al sistema público y que para la primera marcha en contra del TPP11 los estudiantes empezaron a movilizarse dentro del liceo. «Ahí partió la batalla de las molotov, Fuerzas Especiales y todo eso», apuntan.
Son el recambio de aquellos que fueron protagonistas de los movimientos estudiantiles de 2006 y 2011, ambos fuertemente mediáticos, siendo también pioneros en demandar dentro de la educación secundaria y sus petitorios una educación de calidad, gratuita y en establecimientos con infraestructuras ideales para el número de alumnos y alumnas. Son los cuestionamientos generados dentro de la llamada Revolución Pingüina, que tuvo importantes consecuencias e impactos en la sociedad chilena.
Apoderados divididos desordenando el problema
Este mismo grupo de estudiantes se mantiene atento a resolver dudas de apoderados y espectadores que acompañan la jornada. Uno de ellos es un rostro conocido, el presidente del Centro de Alumnos, siempre codiciado por la prensa y detestado por los disidentes del movimiento, quienes constantemente ofrecen mensajes dictatoriales a propósito de los disturbios y la violencia que existe entremedio de la lucha alumnado-Fuerzas Especiales. Enfrentamientos que partieron el 23 de abril con una estrategia distinta al 2011 o al 2006: sin faltar a clases. Los estudiantes llegan a primera hora y cerca del almuerzo comienzan a salir encapuchados para pelear con piedras las bombas policiales.
Martín, uno de los estudiantes, graba videos y los sube a Twitter acusando represión y violencia excesiva en el liceo. Cuando guarda el teléfono enrola con calma un tabaco y comenta: «Me pregunto si los que dicen que los alumnos están destruyendo el Instituto Nacional, trabajarían en las condiciones en que nosotros estudiamos: un water por cada treinta alumnos, ventanas rotas, sin calefacción en invierno ni aire acondicionado en verano, pisos rotos y suma y sigue. Obvio que hay rabia».
Durante el altercado y la constante intervención de Carabineros, algunas personas pasan y hacen comentarios incendiarios. Una de ellas, de traje de oficina, alta y cabello oscuro, despierta una polémica en el mismo lugar de los hechos al preguntar por qué le ponen tanta atención a «un montón de cabros flojos y aburridos». La mujer despotrica en contra del estudiantado asegurando que «solo les interesa perder clases» y que son «unos terroristas», generando una serie de reacciones a su alrededor.
¿Esta no cacha que hay niños de trece años ahí adentro?…
La pregunta viene de una de las apoderadas que observaba de un poco más lejos la escena. Al mismo tiempo, un señor de unos cuarenta años pasa cerca de ella y comenta: «No le digan nada, ella no entiende. Porque puede decir lo que quiera de los encapuchados, pero no ve que los pacos están tirando lacrimógenas y gas pimienta a un liceo, conchatumadre».
Varios testigos intentan explicarle la urgencia de escuchar a los alumnos y la evidencia del uso excesivo de bombas lacrimógenas por parte de FFEE, quienes hacen caso omiso al uso restringido que dictamina la normativa de Carabineros en cualquiera de sus estados, frente a la presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con capacidades diferentes o incluso con problemas de salud.
Pero ella se niega a escuchar, levantando la voz, y al cabo de cinco minutos sigue profundizando en las mismas razones: que al liceo se va a estudiar y no a lanzar bombas, que dejen de prestarles atención, que los hagan repetir a ver si les gusta perder el tiempo, y un largo etcétera.
«Ya. Siga peleando sola», dice uno de los apoderados presentes a una mujer que abandona aburrida la discusión. «No voy a perder mi tiempo», responde él y la mujer ríe junto a su hijo: «Es verdad, no vale la pena». El hombre les devuelve una cálida sonrisa y se despide con el mensaje de que hay que apoyar a los cabros, que no queden solos.
A un costado del enfrentamiento entre encapuchados y Carabineros -que no se detiene-, Joaquín, estudiante de tercero medio, expone la realidad de los alumnos movilizados y las preocupaciones profundas frente al incumplimiento de las horas de clases por la falta de profesores, habiendo 182 docentes para 4.370 alumnos.
«Estamos siempre siendo despachados o quedando sin actividades dentro del liceo en horario de clases, porque no hay profes suficientes. Se pierden muchas más horas porque faltan profesores, más que por la movilización», aclara.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, tras visitar el recinto, entregó un informe que expone que el debilitamiento de las academias y de las actividades de extensión por falta de recursos ha impactado en las expectativas de las comunidad, sobre todo en el desarrollo de los estudiantes. Se pone énfasis también en la existencia de tres centros de padres funcionando paralelamente, repercutiendo, por ejemplo, en batallas campales en torno al mismo conflicto, con apoderados dando soluciones contradictorias a la crisis.
Joaquín interviene en la conversación y manifiesta que entre ellos mismos «se pisan la cola y que lo peor es que no han logrado llegar ni a sus propios hijos, que son los que provocan los desórdenes».
Además de estas peticiones, mediante un oficio de la Comisión de Educación se solicitó antecedentes sobre el estado de salud mental en el Instituto Nacional. Se informó que en lo que va de 2019, se han detectado 92 casos de estudiantes con problemas de ese tipo, entre los que se cuentan depresión, ansiedad y crisis de pánico.
«Los funcionarios también están con problemas de salud mental, en junio se encontraban cinco docentes y dos asistentes de la educación con licencia psiquiátrica y en el liceo hay con cueva dos psicólogos y seis orientadores para más de cuatro mil estudiantes, una insuficiencia evidente», explica Gloria, apoderada y parte del Centro de Padres ‘de izquierda’, el que -según ella- es más influyente que los otros dos a la hora de tomar decisiones.
Abrir el petitorio a la comunidad estudiantil chilena
Cuando comenzaron las protestas y los enfrentamientos, el estudiantado quiso dirigir esta movilización hacia requisitos más concretos, pidiendo cosas que no sólo importaban al Instituto, sino que eran parte de los problemas estructurales de la educación.
Fue ahí cuando se empezó a incorporar la demanda de educación no sexista en general, «porque son hombres enseñando a hombres», como dice Martín. «Había que tratar de lograr un petitorio parecido a otros movimientos sociales importantes o cosas así», explica.
En el círculo de alumnos, el más alto y silencioso, comentó que jamás existió un apoyo grande como para movilizarse en pos de una demanda única, que nunca se masificó el petitorio para tener un movimiento social como el de años anteriores, que no tuvieron el apoyo de todos los colegios de Santiago ni del municipio.
La autoridad está respondiendo
La Comisión de Educación ha solicitado a la presidenta del Centro de Padres y Apoderados CEPA A-0, informar sobre las actividades que se han dejado de realizar en el Instituto Nacional por la insuficiencia de recursos. Entre las respuestas destacan datos como que «la matrícula aumentó un 8% entre 2015 y 2018 y el aporte del municipio ha caído un 17% desde 2015». Se señala igualmente que «la inversión total en el establecimiento representa menos del 5% del total de lo invertido en este ítem por la Municipalidad de Santiago, a pesar que su matrícula supera el 13% del total de la comuna».
La Municipalidad de Santiago ha entregado varias respuestas al Instituto. Martín dice que al principio les contestaron a propósito de la nueva caldera para los camarines y la mejora en las salas. «Con respecto al petitorio, dijeron que crearían mesas de trabajo y que actualizarían los petitorios internos, pero siempre se limitó a contestar cosas con respecto al colegio y no tocó, por ejemplo, el cambio en el financiamiento de la educación», acusa.
En adelante, el cambio estructural en la educación a partir del Instituto Nacional seguirá siendo una tarea difícil, pero no una utopía, aclara Gloria, junto a los alumnos que no están solos. Son miles -dice- los que están alerta y que alegarán las veces que sea necesario por una educación de calidad y en óptimas condiciones.