¿Desde cuándo una diferencia constituyente te hace ciudadano de segunda clase?

El día miércoles 9 de enero  en la mañana me desayuné con la repudiable sorpresa de que las FF.EE. de la policía uniformada de nuestro país había agredido a un joven con Diferencia Constituyente (Lo que usted comúnmente llama discapacidad) que es miembro del Grupo Colectivo Ciudadano «Palos de Ciego» llamado Patricio Camus Espinoza; Patricio es un padre de familia que se moviliza en su silla de ruedas o en sus muletas en una ciudad poco amigable con personas como él y muchos de los que conforman el grupo, sean personas con diferencias constituyentes físicas, mentales o sensoriales.

La agresión fue un precio a pagar por exigir cambiar las leyes y las políticas públicas con respecto a todos quienes tenemos una diferencia constituyente.

Lo peor de este asunto para mí, ya que también simpatizo con la causa del colectivo, difundo sus reuniones e información a nivel general a través de las redes sociales fue leer este testimonio:

«Lesiones provocadas por detención de carabineros, me botaron de mi silla de ruedas, me esposaron, me arrastraron, me torturaron psicológicamente: me decían Lázaro camina y otras formas más de agresiones verbales por mi condición;  hay una denuncia puesta en brisexme por abuso, vejamen constatado en el Servicio Médico Legal; exijo castigo a los culpables a los funcionarios de la 21 Comisaría de Carabineros y de Fuerzas Especiales, quienes me robaron 100 pesos de mi pensión; están todos identificados; esto debe llegar a la justicia; compas ayúdenme a poner estos antecentes en Senadis y a la opinión publica».

Como si ya desayunarme con esta situación durante la semana ya era cosa seria, más para una mujer joven con trastorno afectivo bipolar (TAB), el asunto se puso peor cuando en las redes los integrantes del colectivo el día domingo me alertaron de la muerte de Robinsón Nicolás, un joven con retardo mental y epilepsia por negligencia de un Estado ausente y los argumentos increiblemente falaces de un juez y Gendarmería de Chile, ya que no se le suministraron sus medicamentos que acostumbraba a usar para controlar sus impulsos y evitar las crisis de epilepsia.

Cuando escuché a esa madre angustiada a través de un canal de televisión abierta decir: «Yo pedí que a mi hijo lo dejaran en un recinto médico especializado, pues se ha vuelto muy agresivo… ¡PERO NO EN LA CÁRCEL!» entre el desconcierto, la tristeza, la rabia y la vergüenza de un país el cual ha tratado durante toda su vida republicana a quienes somos LA MINORÍA MÁS GRANDE DEL PAÍS con la punta del pie, mirándonos como un objeto de lástima y no como un sujeto de derecho.

Siempre a mis amigos y amigas con diferencias constituyentes les digo «Derechos humanos, deberes constituyentes», para instarnos entre nosotros a asistir a los controles médicos y recibir las terapias correspondientes para poder integrarnos plenamente como ciudadanos a esta sociedad que dice «NO ES TÚ Y YO… ES TÚ O YO» , a esta sociedad que cree que con entregar dinero a las colectas de caridad basta para calmar la conciencia mientras que las estadísticas de integración de los nuestros son tan negras como humo del carbón para producir energía eléctrica en muchas termoeléctricas del país.

Para muestra, unas cuantas estadísticas del panorama social sacadas de la Tesis de Integración Social de la UCSH en conjunto con el INE, realizada durante el año 2008:

Salud: 56% personas discapacitadas es INDIGENTE

EDUCACIÓN: 94% NUNCA ha recibido rehabilitación de salud integral.

Seguridad Social: 81% vive con pensión básica de invalidez de $75.000

19% no recibe pensión de invalidez ni trabaja

Educación: 42% NO TERMINA enseñanza básica

Trabajo: 1.625.000 en edad laboral que SÍ PUEDEN HACERLO

90% de cesantía en este segmento

9 % trabaja en forma informal (Ley ferias libres, ley 20.388)

1% TRABAJA CON CONTRATO LABORAL

¿Usted ciudadano consciente no cree que ya es tiempo de politizar y discutir este tema?

¿Usted cree que habemos personas dispuestas a seguir callando mucho tiempo más este trato a sabiendas que la República de Chile firmó el tratado de «DISCAPACIDAD Y DD.HH» ante la ONU el año 2008, siendo ratificado ante el Congreso Nacional con una serie increíble de ambigüedades y falencias y finalmente promulgado por Michelle Bachelet antes de que dejara el gobierno?

¿Con qué cara usted me pide a mí y a casi tres millones de chilenos y chilenas más que sigamos mendigando un buen trato, tener derecho a entrar donde se nos venga en gana, a trabajar, a tener nuestras familias, a manifestarnos como ciudadanos plenos de derechos sin que otros interfieran en nuestras vidas ni decisiones?

¿Con qué cara usted perpetúa este trato para con nuestros familiares y para con nosotros?

Se los dejo a conciencia