Cuarta declaración de historiadores respecto de la cuestión Nacional Mapuche

Al  igual que  en  enero de 2008,  agosto de 2009  y  septiembre de 2010,  cuando  emitimos  sendas  declaraciones  a  propósito  de  los  asesinatos  por  la  espalda  de  los comuneros  mapuches  Matías  Catrileo  y  Jaime  Mendoza  Collío  perpetrados  por  las  fuerzas policiales del Estado y de la prolongada huelga de hambre realizada por presos políticos mapuches, respectivamente, los historiadores que suscribimos esta declaración queremos  expresar  nuestra  preocupación  y  punto  de  vista  por  los  últimos  hechos  de  violencia  ocurridos  en  la  Araucanía  que  concluyeron  con  la  muerte  del  matrimonio  Luchsinger-Mackay  y  desataron  una  serie  de  allanamientos  a  diversas  comunidades mapuches. Al mismo tiempo, declaramos lo siguiente:

1.  Los  hechos  de  violencia  en  esa  región,  que  corresponde  a  una  parte  del Wallmapu, territorio ancestral del pueblo mapuche, tienen su punto de partida en la mal  llamada  “Pacificación  de  la Araucanía”  realizada  por  el Estado  chileno  entre  las décadas de 1860 y 1880, en violación de  los acuerdos concluidos con los  mapuches  después  de  lograda  la  Independencia  (1825).  Mediante  una prolongada  campaña  militar,  el  Estado  de  Chile  ocupó  a  sangre  y  fuego  la Araucanía  y,  utilizando  los métodos más  violentos  y  crueles,  usurpó  grandes extensiones  de  tierra  indígena  que  subastó  a  bajo  precio  o  regaló  a  colonos  chilenos  y  extranjeros,  confinando  a  los mapuches en  pequeñas  y  míseras reducciones.  La  violencia  actual,  es  el  fruto  de  la  expropiación  e  intento  de sometimiento de los mapuches por parte del Estado chileno y de los latifundistas  nacionales  y  extranjeros  que  se  beneficiaron  del  despojo  de  ese  pueblo  originario. También es el resultado de  la ceguera política de  las autoridades del Estado  que  han  hecho  oídos  sordos  a  las  reivindicaciones  mapuches  o  han implementado  políticas meramente  asistenciales  que  no  apuntan  a  corregir  las injusticias  estructurales  de  la  que  son  víctimas  los  mapuches.  La violencia actual es el resultado de más de 130 años de injusticias, despojos y negación de derechos.

2.  No obstante  esta  comprensión de  las  causas  estructurales de  la violencia  en  la Araucanía,  lamentamos  la muerte  de  esta  pareja  de  empresarios  agrícolas,  del  mismo  modo  como  lamentamos  toda  pérdida  humana,  pero  advertimos  a  la  opinión  pública  que  no  es  justo  criminalizar  a  todo  un  pueblo  por  un  hecho cuyos autores aún no se conocen y que, además ha sido condenado por todas las organizaciones  representativas  de  dicho  pueblo.  En  este  sentido,  coincidimos  plenamente  con  una  reciente Declaración  emitida  por  un  grupo  de  destacados investigadores  mapuches  especialistas  en  Ciencias  Sociales  y  Humanidades  cuando  señalan:  “Creemos  que  las  muertes  en  un  conflicto  son  siempre  lamentables. Refuerzan la intensidad de la  violencia o la naturalizan como medio de abordaje de  los problemas, contribuyen a  la radicalización y polarización de  las  posiciones  políticas  e  ideológicas  o  conllevan  al  desarrollo  de  actos  irracionales. Observamos con preocupación las señales emitidas por el Gobierno, políticos  y  gremios  empresariales  y  ciudadanos  comunes,  en  cuyos  juicios  y opiniones  aflora  un  racismo  desde  el  cual  se  justifica  la  aplicación  de legislaciones  que  vulneran  los  derechos  humanos  y  legitiman  e  incentivan  la violencia policial o paramilitar en contra de los mapuches. La convergencia que manifiestan  sectores  empresariales,  latifundistas  y  el  Gobierno  en  asumir  la represión  como  vía  de  tratamiento  del  conflicto  no  es  otra  cosa  que  la
actualización de la violencia histórica cuyo origen se encuentra en la imposición del Estado colonial chileno en nuestro territorio mapuche”.

3.  Consideramos  que  solo  un  cambio  radical  de  la  posición  del  Estado  y  del conjunto  de  la  sociedad  chilena  frente  a  la  “cuestión  mapuche”  podrá  dar solución efectiva a este conflicto más que centenario. Es necesario erradicar de  raíz  la  discriminación  y  el  racismo  del  que  es  víctima  este  pueblo  originario apuntando  a  las  causas  de  fondo  de  su malestar.  Es  preciso,  en  primer  lugar, avanzar hacia un rápido reconocimiento constitucional del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios que pueblan desde hace muchos siglos el territorio de  la  actual  República  de  Chile.  También  es  preciso  construir  junto  a  esos pueblos una  fórmula  consensuada  con  el pueblo  chileno de  autonomía política en el marco de un Estado que debe declararse como plurinacional y pluricultural.

Igualmente  se  impone  la  urgente  adopción  de  medidas  que  apunten  a  la devolución  de  las  tierras  usurpadas,  la  liberación  de  los  presos  políticos mapuches,  el  cese  de  la  represión  contra  las  comunidades,  el  término  de  la militarización  de  la  Araucanía  y  la  no  aplicación  de  la  Ley  Antiterrorista  en hechos  producidos  en  el  contexto  de  luchas  sociales,  reivindicativas  o nacionales,  la  protección  de  la  infancia  mapuche  amenazada  por  la  ofensiva represiva del Estado,  la aplicación  irrestricta de  las cláusulas del Convenio 169  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT)  suscrito  por  Chile  que concierne a  los pueblos originarios,  la preservación de  la  lengua y de  la cultura mapuches,  entre otras medidas  exigidas por  las  organizaciones mapuches  y de  defensa de los Derechos Humanos.

4.  Manifestamos, una vez más, nuestro apoyo a las demandas del pueblo mapuche porque se sostienen en el legítimo derecho de reclamar del Estado la devolución de las tierras que le fueron expropiadas, el reconocimiento que merece como un pueblo  con  sentido  de  identidad  propia  y  el  derecho  a  lograr  una  mayor participación  en  la  gestación  de  las  políticas  que  consideren  apropiadas  para impulsar su desarrollo.

5.  Estamos firmemente convencidos que la instauración de un diálogo democrático e  igualitario  entre  todas  las  partes  involucradas  en  el  conflicto  que  opone  al Estado  de  Chile  y  los  empresarios  de  la Araucanía,  por  un  lado,  y  el  pueblo mapuche,  por  el  otro,  solo  puede  ser  abordado  desde  el  reconocimiento  de hechos históricos  indesmentibles como son  los del violento despojo y violación de  derechos  del  que  ha  sido  víctima  el  pueblo  mapuche  desde  hace  mucho tiempo.  Negar,  soslayar  o  minimizar  estas  verdades  históricas  solo  hará  más difícil y doloroso el proceso para la solución de este drama histórico.

La Araucanía – Santiago, 15  de enero de 2013.

Sergio Grez Toso, académico de la Universidad de Chile.
Igor  Goicovic  Donoso,  director  del  Departamento  de  Historia  de  la  Universidad  de  Santiago de Chile.

Jorge Pinto Rodríguez, académico de la Universidad de La Frontera (Ufro), Temuco, Premio Nacional de Historia 2012.
Pedro Canales Tapia, académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Julio Pinto Vallejos, académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Augusto Samaniego Mesías, Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile.
Luis Galdames Rosas, Director del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas  de la Universidad de Tarapacá, Arica.
Fabián  Almonacid,  Director  del  Instituto  de  Historia  y  Ciencias  Sociales  de  la Universidad Austral de Chile, Valdivia.
Alejandra Brito Peña, Directora del Departamento de Sociología y Antropología de  la Universidad de Concepción.
Beatriz Areyuna  Ibarra,  Jefa de  la Carrera de Pedagogía en Historia de  la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Pedro  Rosas  Aravena,  Director  de  la  Escuela  de  Historia  y  Ciencias  Sociales  de  la Universidad Arcis.
Mario Garcés Durán,  académico  de  la Universidad  de Santiago  de Chile, Director  de ECO, Educación y Comunicaciones.
Nelson Castro Flores, Jefe Carrera Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Escuela de Educación, Universidad Viña del Mar.
Juan Ñanculef Huaiquinao,  Jefe Unidad  de Cultura  y Educación CONADI Dirección Nacional – Temuco.
Carlos Gutiérrez P., Director del Centro de Estudios Estratégicos (CEE-Chile).
Verónica Valdivia, académica de la Universidad Diego Portales.
Carlos Contreras Painemal, académico de la Freie Universität, Berlin, Alemania.
José del Pozo, académico de  la Université de Québec à Montréal  (UQAM), Montreal, Canadá.
José Alejandro Marimán Quemenado, historiador y Dr. en Ciencias Políticas.
Marcela Cubillos Poblete, académica de la Universidad de La Serena.
Cristina Moyano, académica de la Universidad de Santiago de Chile.
Rolando Álvarez Vallejo, académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Jaime Massardo, académico de la Universidad de Valparaíso.
Alberto Díaz Araya, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.
Ángela Vergara Marshall, académica California State University. Los Angeles, Estados Unidos.
Consuelo Figueroa Garavagno, académica de la Universidad Diego Portales.
Manuel Loyola, Director de Ariadna Ediciones.
Carlos Molina Bustos, académico de la Universidad Viña del Mar.
Rodrigo Ruz Sagal, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.
Margarita  Iglesias Saldaña, Directora  de Relaciones  Internacionales  de  la Facultad  de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
Ivette Lozoya López, académica de la Universidad de Santiago de Chile.
Claudia  F. Rojas Mira, Dra ©  en  Estudios Americanos  especialidad Historia,  IDEA, Universidad de Santiago de Chile.
Juan Rodrigo Ortiz Retamal, historiador Evangélico.
Francis Goicovich, académico de la Universidad de Chile.
Luis Castro Castro, académico de la Universidad de Valparaíso.
Horacio Gutiérrez, académico de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.
María Eugenia  Albornoz Vásquez, Dra. © de  la École des Hautes Études  en Sciences Sociales de Paris.

Enrique Fernández Darraz, académico de la Universidad de Tarapacá, Santiago.
Robinson Silva Paredes, académico de la Universidad Austral de Chile.
Fernando Venegas Espinoza, académico de la Universidad de Concepción.
Carlos Mondaca Rojas, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.
César Cerda Albarracín, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Daniel Palma Alvarado, académico de la Universidad Alberto Hurtado.
Pedro  Bravo  Elizondo,  académico  de  Wichita  State  University,  Wichita,  Kansas, tados Unidos.
Maro Valdés Vera, académico de la Universidad de Concepción.
Francisca Giner Mellado, académica de la Universidad de las Américas.
Jorge Iturriaga, Dr. en Historia Pontificia Universidad Católica.
Alfredo  Lastra  Norambuena,  Instituto  de  Historia  de  la  Academia  de  ciencias  de Polonia.
Luis Corvalán Márquez, académico de la Universidad de Valparaíso.
Luis Cruz Salas, investigador independiente.
Viviana  Gallardo  Porras,  académica  de  la  Universidad  Academia  de  Humanismo  Cristiano.
Mathias Ordenes Delgado, académico de la Universidad Catolica de Temuco.
Carlos Gabriel Alfaro Hidalgo, académico de la Universidad Católica del Norte.
Jorge Rivas Medina, académico de las Universidades Arcis y UCINF.