Fiscalía investiga a ejecutivos y abogados de minera por falsificar información para eludir al Tribunal Ambiental

El Ministerio Público indaga desde el año 2016 a ejecutivos de la minera Amalia, de propiedad del empresario Juan Rassmuss Raier -accionista de referencia de la acerera CAP y controlador del holding minero Cemin- por su presunta participación en la falsificación de información, y entrega de documentos y testimonios falsos, al Segundo Tribunal Ambiental, en el marco de una demanda por daño ambiental interpuesta en su contra en 2014.

La causa está en manos del fiscal centro norte José Morales, y se inició luego de la querella presentada por Huertos de Catemu, que acusa a Patricia García Merino, Isabel Franco Pastén y a Héctor Vilches Órdenes –además de sus abogados Eugenio Ramírez y Andrés Rabat- como responsables de la presentación de medios de prueba falsos ante un tribunal y, por consiguiente, como autores del delito de perjurio o falso testimonio.

Luego de una serie de diligencias, la fiscalía estableció que existen pruebas suficientes para tener la convicción respecto a la participación en los hechos de García Merino y Franco Pastén, lo que derivó en la formalización de cargos el pasado 17 de junio, fijándose –entonces- un plazo de 90 días de indagatorias.

Según detalló en esa oportunidad el fiscal Morales, ambas imputadas se habrían concertado en 2014 para entregar antecedentes falsos en su declaración, los que fueron acompañados con documentos alterados que avalarían sus testimonios.

De esta manera, el Tribunal Ambiental no pudo dar por acreditada la existencia de cualquier tipo de daño ambiental atribuible a las operaciones de la minera, desestimando la demanda en su contra que aseguraba que se habría dañado parte importante de las hectáreas de Huertos de Catemu, mermando su producción.

Querellantes quieren llegar a juicio oral

Por su parte, el abogado Ignacio Pinto –querellante y representante de Ana María Osorio, una de las vecinas víctimas de la contaminación- dijo que “los hechos imputados corresponden a la participación que les cabría a ambas mujeres -una en su calidad de gerente de la empresa y otra a cargo de la administración de la misma- en haber falsificado información y documentación, y haber dado testimonios falsos en un proceso seguido ante el Tribunal Medioambiental de Santiago”.

Asimismo, agregó que “nuestra intención es poder llegar a juicio y así acreditar los hechos”, enfatizando que “esperamos que también puedan ser formalizados los abogados y el dueño de la compañía, quienes deben haber estado en conocimiento de esta presentación de antecedentes falsos en un juicio”.

En la misma línea, destacó que “un juicio oral nos permitiría poder reabrir –ojalá- el caso siguiente ante el caso penal”, aclarando que “la causa del Tribunal Ambiental está cerrada”.

Por último, se refirió a las penas que arriesgan las personas imputadas -en caso de una sentencia condenatoria-, explicando que “cuando el daño es en una zona no protegida, la pena parte en 61 días y llega a los tres años”, mientras que “si es una zona protegida, se aumentan las penas hasta los 5 años”.

Ahora, en tanto, se espera que la Fiscalía presente nuevas solicitudes de formalización, lo que aumentaría el número de imputados que podrían ser llevados a juicio.