España a cinco años de crisis

La actualidad política, económica y social del Reino de España se ha ido acelerando con el paso de los últimos años. La crisis económica ha provocado o, quizás más correctamente, acelerado otras crisis latentes en el país en los últimos 30 años: crisis institucional, política, territorial y social.

El estallido de la crisis financiera en otoño de 2008 en EEUU se vivió en España con tensión y, sobre todo, con un profundo desconocimiento. A pesar de las declaraciones del entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y del Banco de España, los efectos del terremoto financiero estadounidense pronto se dejaron notar en la piel de toro. Mientras Zapatero afirmaba que la banca española era la más sólida de Occidente, el crédito, elemento fundamental en las economías capitalistas modernas, dejaba de fluir a la economía real y el paro empezaba a aumentar. El sector inmobiliario (junto con el turismo, uno de los pilares de la economía española) se ralentizó enormemente, con la suspensión de pagos de uno de sus grandes incluida. El paro siguió aumentando, la demanda interna comenzó a bajar y en concreto, la venta de viviendas disminuyó enormemente. La burbuja inmobiliaria, impulsada por la ley de suelo del Partido Popular de 1998 y permitida por el Partido Socialista estalló relativamente, pues la mayoría de activos inmobiliarios mantuvieron sus precios sobrevalorados. Es evidente que esto ocurrió gracias al maquillaje de balances llevado a cabo por bancos y cajas en todo el país y consentido por el banco de España durante los primeros años de crisis (2008-2011). La prueba más contundente de ello es el caso de Bankia. En 2012 la situación de la banca española se hizo insostenible y el Gobierno se vio obligado a pedir un rescate a la Eurozona, entregando así la soberanía popular a Bruselas con tal de salvar a la banca privada.

Alternativas había, como, por ejemplo, asegurar los depósitos, dejar que bancos y cajas quiebren y establecer una fuerte banca pública que reactive la economía. Pero en política, como la crisis nos ha vuelto a enseñar, donde menos alternativas se dice que hay, es donde más intereses andan escondidos.

Con el aumento del desempleo y la ralentización de la economía, los ingresos del Estado (basados sobre todo en el gravamen a las rentas del trabajo) disminuyeron enormemente a la vez que aumentaron los gastos, entre otros, para prestaciones de paro, y el déficit público se disparó, acelerando el endeudamiento. Éste fue el pistoletazo de salida de una “nueva” política de austeridad que corrigiese los supuestos excesos del pasado. En realidad, los datos muestran que se puede observar una disminución del gasto público social (en sanidad, educación, pensiones, servicios sociales, etc.) ya desde 1993, consecuencia de la tendencia neoliberal que se impone por entonces definitivamente en Europa. La crisis, en realidad, no ha hecho más que acelerar (enormemente, eso sí) el desmantelamiento del ya de por sí precario Estado social en España. El resultado ha sido, sin duda, uno de los mayores retrocesos sociales en menos tiempo: reforma de pensiones y aumento de edad de jubilación hasta los 67 años, dos reformas laborales, recortes de miles de millones en sanidad y educación y un largo etcétera.

El aumento del desempleo convirtió la crisis económica en drama social. Los datos a día de hoy son abrumadores, sólo comparables en Europa a los de Grecia: 26,6% tasa general, 27% de desempleo femenino y 55% de desempleo juvenil. Con el paro aumentó el número de familias que no podían hacer frente a sus hipotecas y, con ello, el número de desahucios. En el pasado año 2012 se han vuelto a batir récords: más de 500 desahucios al día. La legislación española trae consigo, además, que la familia que pierde su hogar por no poder pagar la hipoteca mantiene como deuda la diferencia entre el monto total del crédito y el valor actual de la vivienda, que por lo general es menor que al comprarla. Las familias no sólo pierden su hogar, sino que continúan endeudadas con el banco a pesar de todo.

A la crisis económica se le unió una crisis institucional y política. La corrupción es un cáncer que está presente en todo el Estado y en cada uno de sus ámbitos: desde ayuntamientos y provincias, pasando por gobiernos autonómicos y gobierno central, hasta llegar a la Corona, todas las instituciones del Estado están salpicadas de escándalos. Ni siquiera la judicatura está libre de corrupción, como muestra el caso del ex presidente del CGPJ, Carlos Divar. La mayoría de partidos mayoritarios están salpicados por casos de corrupción (PP, PSOE, CiU, PNV y, si bien en mucha menor medida, IU). Casos como el de Iñaki Urdangarín han resultado especialmente indignantes a la opinión pública: yerno del Rey y presidente de una fundación, el Instituto Noos, que está acusada de recibir fraudulentamente más de cinco mil millones de euros de las comunidades de Valencia y Baleares.

Todo ello está conjugándose en una verdadera crisis política del régimen surgido tras la Transición. Para entender esto, hay que tener en cuenta que el problema de la corrupción es un problema a analizar en términos de clase. Es la misma clase alta la que sitúa a sus miembros en los puestos de dirección de los partidos, en la judicatura y en las altas instituciones del Estado, para defender sus intereses. Es la misma clase empresarial la que defrauda 70 mil millones de euros al Fisco todos los años, la que compra a políticos para dictarles las leyes a aprobar, para recibir las subvenciones y los macroproyectos encargados por el Estado, la que se beneficia de la recalificación de terrenos de los ayuntamientos o del deterioro y privatización de la sanidad pública. Es la misma clase empresarial, cuyo discurso repite “no a la sobredimensión del Estado, no al despilfarro de fondos públicos”, y sin embargo succiona del herario público el mayor monto de riqueza posible y realiza en definitiva, por la vía de los impuestos y del Estado, una suerte de re-explotación de la riqueza creada por la clase trabajadora. El uso de poderes públicos para el interés privado de unos pocos es una característica general de las modernas economías capitalistas actuales, donde España se convierte en un caso paradigmático en Europa. La corrupción, el cohecho o el tráfico de influencias pueden tomar formas más veladas con privatizaciones de servicios, falsos concursos de adjudicación de proyectos o rescates a la banca, o formas más descaradas, con regalos o sobres de dinero. Está, sin embargo, siempre presente en un sistema en el que una clase domina el Estado y el poder en su beneficio.

Por ello, más allá de la crítica moral a tal o cual individuo, el sentimiento de que, en general, “gobiernan para ellos, no para nosotros” está cada vez más extendido dentro de la ciudadanía, una convicción que hace posible fenómenos como el 15-M, sin duda una de las experiencias democráticas más creativas e interesantes de la historia reciente del país. La idea de que la soberanía popular está en realidad secuestrada por las élites económicas y sus correspondientes élites políticas, de que decide más la presión de la banca que el voto ciudadano, combinada con la evidencia más que patente de que la justicia es severa para la mayoría social e impasible ante la élite, muestra a las personas que en España no hay democracia, sino R€gimen. Nicolás Maquiavelo decía que el poder es como un centauro, esto es, que tenía una parte inteligible, persuasiva, y una parte animal, de fuerza. En el momento en que la parte inteligible se resquebraja y el poder establecido va perdiendo poco a poco máscara ideológica, aumenta la vertiente animal de ese poder: aumenta la represión policial, el seguimiento, la criminalización y el castigo. En esta lógica se enmarca, sin duda, la extraordinaria dureza policial contra el movimiento 15-M, elemento enormemente desestabilizador del Estado, precisamente porque plantea una democracia paralela que compite y deslegitima poco a poco a la de las Cortes. Igualmente se entiende en este sentido el endurecimiento del código penal, destinado a castigar la protesta, y que olvida, oportunamente, otros delitos mucho más graves, como la corrupción o el fraude.

Por último, aunque no menos importante, nos encontramos en España con una crisis territorial que hunde sus raíces en la Historia. Sus dos casos más importantes son el País Vasco y Cataluña. El fin de la violencia por parte de ETA abre sin duda un nuevo escenario en el País Vasco, donde se acaban las excusas para no hacer frente a la raíz del problema: el conflicto político generado por el hecho de que una mayoría de vascas y vascos que reclaman el derecho a decidir su futuro y redefinir su relación con el resto del Estado. La mayoría nacionalista tanto en el parlamento vasco como en las elecciones generales hace patente este hecho. Este conflicto político adquiere una significación mayor en estos tiempos de crisis: a las y los vascos, que en su mayoría no votaron al PP en las elecciones generales, se les imponen igualmente todas las políticas “anti-crisis” profundamente impopulares, como la reforma laboral, lo que da más razón al nacionalismo al exigir el autogobierno. En Cataluña, el pasado 11 de septiembre de 2012, día de la Diada, un millón y medio de personas salieron a la calle en Barcelona para reclamar la independencia. Ése fue el pistoletazo de salida para el comienzo de una campaña por la independencia promovida por la coalición gobernante conservadora en esa comunidad (CiU: Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya), que de una manera claramente oportunista, se apropió de la reivindicación soberanista para desplazar la culpa de sus políticas de austeridad (altamente antisociales) a Madrid. Su argumento principal es que la diferencia entre lo que el Estado recauda en impuestos en Cataluña y lo que esta comunidad percibe en partidas se ha vuelto intolerable y está empobreciendo a Cataluña a costa de “mantener” a otras comunidades. Independientemente del carácter marcadamente xenófobo del discurso (los honrados catalanes se matan a trabajar para mantener a los vagos andaluces), lo cierto es que, si bien este déficit fiscal existe y debería ser corregido, el solo no explica el enorme déficit social de Cataluña con el resto de la UE y más aún con los países nórdicos. Ese déficit social se explica igualmente por una política de clase llevada a cabo por CiU durante más de 23 años primero y, tras una pausa de siete años en la oposición, nuevamente desde 2010. El prof. Vincenc Navarro ha documentado perfectamente esta cuestión.

El problema territorial, sea como fuere, está ahí, independientemente de que se quiera instrumentalizar o no, y requiere una solución democrática. Este problema pone además de manifiesto las grandes carencias del Estado surgido de la Transición, un Estado que, sin poder ser completamente centralista, debido al poder fáctico de las burguesías vasca y catalana y sus partidos políticos (PNV y CiU), pero sin querer reconocer del todo la especificidad de ciertas regiones dentro de España, se articuló en 17 comunidades autónomas, una solución intermedia que claramente no ha conseguido resolver la cuestión, cuando no ha creado problemas adicionales. Y aquí llegamos a una de las claves políticas que, desde mi punto de vista, deben articular el discurso y la acción de la izquierda española en el futuro más inmediato. Desde un punto de vista puramente democrático es evidente que, cuando se rompe el pacto social entre gobernantes y gobernados, cuando el status quo político y económico está en entredicho, es necesario devolver el poder a la gente. De todo lo aquí expuesto se deriva que ni el sistema económico ni el sistema político españoles son capaces de satisfacer las necesidades de la ciudadanía o de resolver sus problemas. A la España actual parece sobrarle mucha gente: los pensionistas, los parados, las mujeres, los jóvenes, las personas dependientes, los nacionalistas, los desahuciados, etc. Y ésta es la prueba más contundente de la necesidad imperiosa que tiene la mayoría social de salir de la pinza bipartidista (parecida a la elección entre Coca-Cola y Pepsi) y redefinir, en un nuevo proceso constituyente, sus relaciones económicas, su forma política y sus vínculos internacionales. Ejemplos, en la Historia y en el presente, no faltan.

Rafael Aragüés Aliaga

Doctorando en Filosofía de la U. Heidelberg