El investigador hace un análisis de cómo se ha venido desenvolviendo la política exterior del país azteca en torno a la migración desde que asumió AMLO y cuáles son las contradicciones existentes entre el discurso en procura de mantener la seguridad de las personas y las acciones tomadas
El Gobierno de México está atrapado en la promesa de respetar los derechos de los extranjeros indocumentados y su compromiso con el acuerdo de control migratorio con el presidente de EE. UU., que, paradójicamente, ha resultado popular entre los mexicanos, así manifestó el experto en migraciones Carlos Heredia.
«México sigue usando un lenguaje de naturaleza humanitaria, cuando en el terreno ocurre lo contrario, no se decidió a decir abiertamente que abandonaba la política humanista para hacer propia la política de Trump, que es coercitiva y punitiva», dijo Heredia, profesor de la división de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
El punto de quiebre ocurrió en el periodo de transición, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente electo, entre su triunfo electoral del 1 de julio y su asunción el 1 de diciembre de 2018.
Su lenguaje anunciaba una nueva política de migración «humanitaria y abierta, basada en el respeto a los derechos humanos, con la entrega de tarjetas de visas por razones humanitarias», recuerda el académico, integrante del consejo consultivo del Instituto de México en el Centro Woodrow Wilson de Washington.
Pero ese lenguaje de apertura y aceptación «entró en crisis por la reacción de Trump», ante el incremento de migrantes que se registró entre marzo y abril de este año, lo que «hizo sonar las alarmas en Washington«.
En ese marco se produjo un crucial encuentro en Miami, Estados Unidos, a finales de marzo, entre la entonces secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. , Kirstjen Nielsen, y la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero.
Fue la primera vez que México aceptó los llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), para regresar a decenas de miles de migrantes «bajo protección humanitaria», mientras esperaban la evaluación de su caso migratorio en EE. UU.
El 7 de junio, bajo la amenaza de aranceles a las importaciones de todos los productos mexicanos hecha por Trump, México aceptó oficialmente ese mecanismo que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afecta ya a 35.000 personas en la frontera norte.
«De las 14.000 tarjetas humanitarias entregadas, pasamos al envío de la Guardia Nacional a las fronteras, pero el Gobierno sigue usando el discurso de migración ordenada, segura y regular, inspirada en el Pacto Mundial de Marruecos (de diciembre de 2018), que choca frontalmente con lo que ocurre en el terreno», apuntó Heredia, coautor del ensayo «Los migrantes, los gobiernos y la sociedad civil en el sistema migratorio norte-mesoamericano».
A partir de entonces el lenguaje oficial mexicano comenzó a encubrir la realidad. A los detenidos se los llama «rescatados«, los deportados desde Estados Unidos son «devueltos», los arrestados son «presentados ante la autoridad migratoria»; los solicitantes de asilo expulsados a este país mientras tramitan sus solicitudes son «protegidos», y los centros de detención, «estaciones migratorias», reseñó el experto.
La propia administración de López Obrador tejió esa paradoja al debutar como nuevo Gobierno de izquierda nacionalista, con retórica liberal y de apertura migratoria, y pasar a ejecutar una masiva contención apoyada por las fuerzas de seguridad.
«Es una trampa en la que caímos nosotros mismos, con un discurso de respeto a los derechos humanos que choca con la realidad, que dificulta la aplicación de la política migratoria, que debería servir para regular entradas, salidas, tránsito, retorno voluntario, acogida y refugio», explicó Heredia.
La popularidad del rechazo a migrantes
Heredia no considera que la nueva política de contención sea 100% resultado de las presiones de Trump. «El Gobierno mexicano también tomó el pulso en la opinión pública nacional, que paulatinamente fue haciendo un viraje desde un apoyo a las caravanas de migrantes, hacia la crítica a la recepción de extranjeros y el aplauso al envío de la Guardia Nacional a combatir a los indocumentados», describió el investigador.
En la implementación del acuerdo migratorio de 90 días con EE. UU. «no leí información de lo que pasa con la vida de las personas que expulsamos a Centroamérica, que huyen de un peligro claro e inminente contra su vida», comentó. El impacto real de la contención de decenas de miles de personas se desconoce. «No leí en balance oficial por qué contenemos, detenemos y deportamos a personas a un contexto hostil y peligroso en Centroamérica», enfatizó.
El académico dio crédito además a las versiones de que muchos extranjeros que deberían solicitar y esperar sus trámites de asilo en ciudades fronterizas con EE. UU., están siendo trasladados a la frontera sur con Guatemala. «Esa acción anula cualquier opción y esperanza que esas personas hubiesen tenido para solicitar refugio en EE. UU.», deploró.
López Obrador quedó entrampado en su retórica de apertura a la migración y la ejecución de una drástica contención impuesta con amenazas por Trump. «Estamos ante la inverosímil situación de evaluar nuestro éxito por el número de detenidos y deportados», resumió Heredia sobre las presentaciones del canciller Marcelo Ebrad en Washington y en el Palacio Nacional de México esta semana.
Las condiciones de pobreza y violencia en América Central, Haití, Cuba y otros países expulsores de migrantes, que incluye a africanos y asiáticos, siguen intactas. «Lo único que cambió es la estrategia migratoria de contención operada en el terreno», subrayó Heredia. El estudioso dijo entender las decisiones tomadas ante la insoportable presión de Trump, «pero no puedo entender que estemos orgullosos de ejecutarlas», soltó.
Trump tampoco cuenta con un consenso total en la nación norteamericana y esa variable incierta no entró en los análisis gubernamentales mexicanos, indicó Heredia. Pero ni López Obrador ni Trump parecen tener incentivos para cambiar la política acordada. «Ni Trump paga un precio por insultar y expulsar mexicanos, ni México paga un precio por detener y deportar centroamericanos, que obedece más a presiones externas que a un genuino interés nacional», puntualizó el reconocido intelectual.
Ebrard afirmó esta semana que México logró en 90 días reducir el flujo de personas migrantes en 70%, y que es la hora de exigir a EE. UU. el control del tráfico ilegal de armas que, según él, es un asunto equiparable.
Cortesía de Sputnik
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